Santa Rita II: Notificaron a las familias que en 48 horas deben abandonar el plan

Mónica Ritacca/ Ignacio Andreychuk - area@ellitoral.com

Esta mañana, la Secretaría de Hábitat, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia comenzaron el relevamiento para conocer la situación habitacional de las familias que el pasado 3 de abril usurparon las 180 viviendas del plan abandonado y a medio terminar en Santa Rita II. Además, les notificaron que deben desocupar el predio en 48 horas. Ello, en concordancia con lo dispuesto por la jueza Sandra Valenti en su resolución y como un acto previo a que la provincia lleve adelante el desalojo del plan, ya sea de manera pacífica o por la fuerza.

Cabe recordar que a la semana de originado el conflicto, la provincia judicializó el tema y fue la magistrada quien autorizó el desalojo bajo una serie de requisitos.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, explicó que el relevamiento que esta mañana comenzó a hacerse en el predio delimitado por las calles Chaco, Larguía, Servando Bayo y calle Pública N° 199 consta de 12 puntos tendientes a conocer el lugar de residencia de las familias antes de que tomaran el plan y bajo qué condiciones de hábitat estaban. También el acceso a la educación y a la salud de sus integrantes. “Los 12 puntos que tiene el cuestionario nos van a permitir identificar a las familias que verdaderamente están en situación de calle. Antes del desalojo, lo primero que determinó la jueza fue la realización de este relevamiento ya que a las familias que fehacientemente no tienen techo hay que brindarles una solución transitoria”, dijo Leone. Y aclaró: La magistrada no habla de otorgarles una vivienda, sino una solución provisoria”.

Consultado sobre el tiempo que llevará el relevamiento y el posterior análisis de la información recabada, el secretario de Hábitat estimó 2 días.

El desalojo, en 48 horas

Previo al desalojo, la provincia debe agotar todas las medidas necesarias para realizarlo en forma pacífica. Ello incluye la entrega de una notificación a cada familia para que dentro de las 48 horas de recibido el documento proceda a abandonar el predio. Caso contrario, utilizará la fuerza pública.

Esta mañana, al mismo tiempo que eran relevadas, las familias recibieron dicha notificación. En una recorrida realizada, El Litoral pudo observar ese momento y, también, que ninguna familia la firmaba. “Todavía no se puede hablar de un desalojo pacífico o por la fuerza. Va a depender de lo que resuelvan hacer en estas 48 horas, que es el tiempo que tienen para abandonar las viviendas”, manifestó Leone.

Convenio con la CGT

Horas antes de que comenzara el relevamiento en Santa Rita II, en Casa de Gobierno se firmó un convenio. Fue entre la provincia y la Confederación General del Trabajo (CGT), luego del mensaje inaugural en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura que encabezó ayer el gobernador Antonio Bonfatti.

Dicho convenio, explicó esta mañana el secretario de Hábitat a El Litoral, establece que “una vez consolidado el desalojo, la CGT se va a hacer cargo de terminar el plan habitacional. Asumirá la mano de obra y la provincia el monto económico que se requiera para ello”. Previamente, pero luego del desalojo, se hará un relevamiento del estado general del plan y de cada vivienda en particular.

Según consta en el convenio, la provincia autoriza a la CGT -representada por Alberto Cejas- para que disponga lo necesario para la total terminación de las 180 viviendas del Plan 6068 y de la infraestructura indispensable para su habitabilidad, cuya construcción se interrumpió con motivo de la rescisión del contrato con la firma Construcciones Industriales y Civiles S.R.L.

Sobre la asignación de las viviendas, las partes acordaron que se respetarán los cupos de viviendas previstos por leyes nacionales y/o provinciales vigentes y el siguiente criterio: un 20% para la Uocra, un 5% para discapacitados, un 10% para policías, un 50% para demanda general -éstas serán sorteadas entre trabajadores sindicalizados de gremios que pertenecen a la CGT-, y un 15% para ex combatientes y bomberos.