Solicitan sea relocalizado un grupo de 28 familias de un asentamiento

Sobre Berutti y sus transversales Patricio Cullen, Antonia Godoy, Piedras y Tacuarí habitan 28 familias en viviendas precarias de chapa, la mayoría, y de material, algunas. Según dicen, llegaron a esa zona hace 25 años, cuando vieron que ese sector de Guadalupe, conocido como el bajo de barrio Judicial, estaba libre de construcciones. Pero los terrenos que escogieron para asentarse son privados y saben que en algún momento deberán desalojarlos porque así lo determinó un juez en el año 2007.

“Cuando vinimos las primeras familias nos ubicamos en un bajo lleno de yuyos, inundable por aquellos años porque no estaba el terraplén defensivo. Después fueron llegando más familias y el asentamiento creció”, contó Sandra, una de las mujeres. Y agregó: “Durante años, nunca vino nadie a reclamar nada porque estas tierras no tenían ningún valor. Ahora, que abrieron Berutti al oeste, que la mejoraron e iluminaron y sobre todo que la zona no se inunda más los dueños empezaron a reclamar”.

La gente que vive en el asentamiento no se opone a ser trasladada porque reconoce su condición de usurpadora. Lo que reclama, puesto que las familias temen que pronto llegue el desalojo, es una respuesta por parte del Estado tendiente a una nueva ubicación en otro lugar de la ciudad.

Historia

Alberto Acuña es uno de los propietarios afectados por la usurpación y, al mismo tiempo, abogado en su causa judicial. Consultado por El Litoral, explicó detalles de la causa penal y civil que en el año 2003 iniciaron de manera conjunta los dueños de las tierras y aclaró que si bien no hay una fecha establecida para el desalojo, es real que en algún momento va a producirse y que es la Municipalidad quien debe darle una solución a las 28 familias que habitan la zona.

“No es la primera vez que esos terrenos de Guadalupe son usurpados. Somos propietarios desde 1968 aproximadamente y por 1977 tuvimos que desalojar a un agricultor que se había metido para hacer una quinta. O sea que la ocupación de tierras, aun estando al día con los impuestos, es un problema constante para nosotros”, manifestó el abogado. Y agregó sobre la situación actual: “Cuando esa gente se asentó, que no fue hace 25 años como dicen sino mucho menos, hicimos una presentación penal y civil en la Justicia por usurpación. El expediente se inició en 2003, y a fines de 2007 el juez correccional dictó la sentencia: resolvió, en nuestro caso, el inmediato reintegro de un terreno de una extensión de 45.000 m2, es decir casi 5 hectáreas, habitado por varias familias. En el mismo fallo hace hincapié en que viven en un hacinamiento total y el Estado no debería permitirlo, por lo que ordenó que, a los fines de cumplimentar la medida de desalojo, la Municipalidad, en el término de 72 horas, presentara una planificación para arreglar la reubicación de las personas que habitan en los inmuebles”.

Debido a que la gestión de Mario Barletta recién estaba asumiendo, el fiscal municipal solicitó un plazo mayor para dar respuesta a lo dispuesto por la Justicia. Pero desde entonces a esta parte, no hubo ninguna propuesta concreta de reubicación y los propietarios decidieron hacer una nueva presentación para que se cumpliera la sentencia dictada y se intimara a la Municipalidad nuevamente a que buscara un lugar. “El juez correccional no hizo lugar a nuestro pedido porque entendió que la Municipalidad debía sin tiempo dedicarse al tema.

Apelamos su decisión y hoy esa causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones Penal. De cualquier manera, el fallo definitivo de desalojo está. Sólo falta que la Municipalidad resuelva qué va a hacer”, señaló el abogado Acuña.

Sobre la causa civil, que aún no tiene sentencia, se sabe que finalizó el período probatorio durante el cual las familias debían acreditar mediante escritura su condición de propietarias o contrato de locación si eran locatarias. Concluido dicho período, Alberto Acuña refirió que el próximo paso de la Justicia será dictar la sentencia. “Ese fallo no agrega ni quita nada al fallo del juez correccional. El primero dirá, puesto que las familias no pudieron acreditar nada, que las familias se tienen que ir porque las tierras no son suyas mientras que el segundo determinó que se tienen que ir porque cometieron un delito al usurparlas”, aclaró. Y agregó: “No somos ajenos al problema social que esto podría crear, así que no estamos empujando un desalojo compulsivo. Entendemos que necesitan una vivienda pero al mismo tiempo que no somos los propietarios afectados quienes se las tenemos que dar sino, en todo caso, el Estado”.

Proyecto

En el marco del Plan Urbano, la Municipalidad tendría interés en concretar la reubicación de las familias que habitan en el asentamiento y ello tranquiliza a los propietarios. De hecho, hace tiempo que se vienen reuniendo ambas partes.

“La Municipalidad quiere extender el límite norte de la ciudad prácticamente hasta Monte Vera porque es la única alternativa de crecimiento que queda. Pretende prolongar la Costanera, hacer caletas... pero para llevar a cabo ese proyecto deberá antes relocalizar a las familias”, comentó Acuña.

Consultado sobre qué respuestas reciben desde la Municipalidad con respecto al traslado, el abogado indicó que “manifiesta estar abocada en la búsqueda de una solución”.