Biocombustibles: se espera el anuncio oficial sobre la nueva ley

El secretario de Energía de Argentina, Darío Martínez, tiene previsto exponer este martes en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la Ley de Biocombustibles, en el marco de una reunión de la Comisión de Energía.

La disertación del funcionario llega en medio de distintos rumores sobre como avanzará la regulación para este sector, cuya normativa vencerá en mayo de este año.

Según estiman los especialistas, el clima es de fuerte incertidumbre y una de las posibilidades sería la presentación de un proyecto de ley, como alternativa a la prórroga que reclama la cadena de biocombustibles.

"Hasta el momento, lo único concreto es la media sanción en el Senado para la prórroga", reconoció un directivo vinculado a la industria del biodiesel. Esa apreciación refiere al proyecto de ley presentado por la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun, para extender por cuatro años la ley 26.093, que regula -entre otros puntos- el precio de los biocombustibles y el porcentaje de cortes con nafta y gasoil.

"El tema está complicado y existen demasiadas versiones cruzadas", según resumió una fuente que sigue de cerca las negociaciones.

Al respecto, explicó que hay un trabajo del sector de los biocombustibles para sumar adhesiones entre los diputados nacionales y advirtió que en seno del Gobierno nacional hay posiciones encontradas al momento de abordar este tema.

Los fabricantes de biocombustibles lograron encontrar una solución en relación a los precios recibidos por su producción, pero siguen sin certezas en cuanto a los plazos de la Ley 26.093.

A partir de un aumento gradual que empezó a implementarse en enero y finalizará en mayo, el biodiesel pasó de un valor de 48.533 pesos la tonelada en diciembre 2020 la tonelada a 89.975 pesos a marzo, y llegará a mayo en 92.558 pesos. En bioetanol, de los 32,79 pesos por litro de diciembre, este mes cotiza a 48,70 pesos y cerrará el esquema de aumentos escalonados en 51.13 pesos.

Alternativas

Si se cae la ley, las empresas productoras de biocombustibles perderían la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el Impuesto a las Ganancias para las nuevas plantas que se construyan. Además, dejarían de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta.

Desde el Gobierno calculan que esos beneficios fiscales implicaron en los últimos 15 años al Estado un costo superior a 7.400 millones de dólares.

El presidente de la Comisión de Energía de Diputados, Omar Félix, expresó a través de las redes sociales su postura sobre cómo deberá avanzar esta cuestión. "Es razonable detenerse en el análisis de su alcance, y determinar si se hacen necesarias correcciones para una realidad distinta al de su origen", expresó el legislador a través de su cuenta de Twitter.

El régimen que rige en la actualidad caduca en mayo próximo y su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024 fue considerada clave por todas las bancadas políticas para orientar las inversiones que podrá hacer el sector, denominado como la "industria verde", en medio de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus.

Planteo de Juntos por el Cambio

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exhortó al oficialismo a que convoque rápidamente a una sesión para el tratamiento de la prórroga de la ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado y vence el próximo 12 de mayo.

Según pudo averiguar NA, en estas horas hubo "alta temperatura" en el chat de Presidentes de Bloques de la Cámara de Diputados, dado que el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

En ese marco, Negri apuntó a Massa por no convocar a "ninguna de las dos sesiones especiales" pedidas por el presidente del Interbloque Federal Bucca y por el diputado radical.

Fuentes parlamentarias precisaron a Noticias Argentinas que Massa indicó que todavía tiene "72 horas" para convocar a sesiones especiales, plazo que vencería el próximo martes.

El pasado 15 de marzo, un grupo de diputados del interbloque Federal elevó un pedido a Sergio Massa para que cumpla con el compromiso de tratar lo antes posible la prórroga del régimen de promoción de biocombustibles, iniciativa que en el Senado fue aprobada por unanimidad, pero luego fue frenada por el oficialismo ante la presión de las provincias petroleras.

Concretamente, los legisladores opositores reclamaron que se convoque a una sesión especial para el próximo jueves 25 de marzo, misma fecha en que se prevé el tratamiento en el recinto de la nueva ley del impuesto a las Ganancias.

La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y no se trató en el verano porque el Poder Ejecutivo no la incluyó en el decreto de ampliación del temario de sesiones extraordinarias, a raíz de las tensiones que el proyecto suscitaba en las provincias con economías de perfil hidrocarburífero.

El tratamiento en el período de sesiones extraordinarias había sido una promesa del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en diciembre, cuando logró frenar una moción para tratar el proyecto sobre tablas.

De esta manera, la oposición busca sesionar para aprobar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 del "Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles".

El sector de Biocombustibles viene muy golpeado por la crisis: de las 54 plantas que se crearon a partir de 2006 cuando se sancionó la ley 26.093, actualmente hay 35 (28 de biodiesel y 7 de bioetanol) que están paralizadas con su personal suspendido.

Economía del conocimiento

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) formalizó el procedimiento para que las empresas accedan a beneficios fiscales previstos en la Ley de Economía del Conocimiento, a través de la resolución general 4949/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma dispuso el procedimiento a través del cual las empresas deben inscribirse desde el sitio web del organismo para adherir al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La normativa estableció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) verificará mediante controles sistémicos, y previo a la emisión del bono fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales de las firmas solicitantes.

También determinó las pautas para el intercambio de información entre AFIP y la autoridad competente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Asimismo, fijó la forma en que los beneficiarios provenientes del Régimen de Promoción de la Industria del Software, podrán mantener vigentes hasta su agotamiento los saldos de los bonos de crédito fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019.

La ley de Economía del Conocimiento, sancionada en octubre de 2020, apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.

Los beneficios de la ley premian la creación de empleo de calidad, promueven la exportación y apuntalan a un sector estratégico para el país.

El régimen de promoción establece, entre los beneficios fiscales, la posibilidad de que las empresas del sector conviertan en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales pagadas, beneficio que asciende a 80% cuando se trate de nuevas incorporaciones de mujeres; personas travestis, transexuales y transgénero; o, profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería; entre otros.

La normativa contempla que dichos bonos podrán ser destinados a cancelar otros impuestos nacionales como el IVA.