Un comisariato de la AFIP para decidir quién produce

“Los que no pueden equilibrar las cuentas públicas, te dicen cual es tu capacidad económica”, se quejó un operador de comercio exterior santafesino. El fracaso de la política cambiaria ha renovado los mecanismos de comisariato autocrático a los que suele apelar el gobierno cuando no puede administrar eficacia. Ahora fiscaliza la “Capacidad Económica Financiera” de un importador para habilitarle -o no- el acceso a los dólares.

La Afip otorgará a discreción lo que antes era automático: el permiso de importación. Dispone de una barrera más antes de liberar divisas. Puede que haya buenas razones para perseguir a insolventes y aprovechadores, pero lo cierto es que la medida es una señal más -ya no hacía falta- de la desconfianza que genera la administración económica.

Debería haber más divisas en el sistema. La balanza comercial en el año 2021 fue positiva en U$ S 14.750 millones, la agroindustria y los DEGS del Fondo Monetario aportaron unos U$ S 12 mil millones más de lo esperado, por encima de los vencimientos pagados. Pero el Banco Central tiene reservas reales (netas) que en la mejor de las suposiciones no superan los U$ S 2 mil millones. Hay quien sugiere incluso que son negativas, que se están usando los billetes de privados depositados en el sistema.

La desconfianza en la política económica del gobierno, la demora inexplicable del acuerdo con el FMI que -hecho antes- hubiera evitado drenaje de divisas en pagos y en fugas, explica por qué entraron más dólares genuinos al país pero la economía está peor.

El año pasado -en el que la actividad económica se recuperó 10%- las importaciones crecieron 49,2% interanual, es decir 5 veces esa magnitud. ¿Por qué? Hubo precios internacionales encarecidos, pero el fenómeno se explica fundamentalmente porque los actores económicos y sociales en la Argentina se refugiaron en la divisa: el goteo de los U$ S 200 mensuales en el caso de los ciudadanos de a pie, y fundamentalmente las compras para anticiparse a la devaluación en el caso de los actores económicos.

Durante 2021 la inflación marcó 50,9%, pero la devaluación estuvo 30 puntos por debajo. La brecha de más del 100% es insostenible, la sociedad civil o productiva sabe cuáles son los efectos de una devaluación y, a falta de una moneda de ahorro (el peso no sirve como reserva de valor) se refugia en el dólar o en lo que la divisa puede comprar a precio oficial. Por la mala política, los importadores “se zambullen” en esa alternativa.

¿Hubo especulación? Acaso haya facturas truchas según la mejor tradición aduanera argentina; en ese caso es la AFIP la que falla, el Estado ausente (si no el gobierno cómplice). Pero hay una legítima preservación del capital de trabajo de los importadores; prácticamente no existe actividad o cadena productiva en el país que no depende directa o indirectamente de insumos importados.

Sólo el caso de la industria automotriz, por poner un ejemplo, tuvo mejoras el año pasado pero el sector marcó un rojo de U$ S 3.628 millones a pesar de que la producción creció 69% y exportó un 88% por encima de 2020. ¿Sirve demorar importaciones para evitar la sangría? Habría que preguntarle al ministro de Seguridad de la provincia si logró hacer ingresar las 9 autobombas que la aduana le demoraba mientras los territorios se incendiaban.

El Banco Central subió la tasa de referencia de política monetaria del 38 al 40% pero aún es negativa respecto de la inflación. También aceleró (crawling peg) de a poco la cotización de la divisa norteamericana, hasta el equivalente del 40% anualizado; no hay -por ahora- salto devaluatorio brusco. Pero sí hay devaluación.

¿Puede ese gradualismo evitar más inflación? Es una vez más una cuestión de expectativas. A fines de enero de 2022, el relevamiento que el BCRA realiza sobre actores económicos reconocidos, señaló que los mercados proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 55,0% interanual, 20 puntos más de los que calculaba Martín Guzmán en el presupuesto que Máximo Kirchner precipitó al fracaso.

Los pasivos remunerados del BCRA (Las leliqs que Alberto prometió no pagar más) escalaron a $ 5 billones -$ 5 millones de millones de pesos- y el subsidio a las tarifas cuesta U$ S 11 mil millones al año. El presidente que no cree en los planes tiene un ministro de Economía cuyo gurú ve milagros en la Argentina y una vicepresidenta que se niega al acuerdo con el FMI.

La medida de la Afip sólo es un mecanismo más de empobrecimiento, mientras no se demuestre lo contrario.