Vicentin planteó un recurso federal para reflotar el acuerdo con los acreedores

Guido Javier Ferullo, apoderado de la concursada Vicentin SAIC, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia por la que el máximo tribunal de la provincia -el 18 de febrero pasado- anuló la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.

Tras dictaminar inconstitucional el fallo de la Cámara de Reconquista que homologaba el acuerdo, la Corte ordenó una nueva revisión del caso (lo debería hacer la Cámara de Rafaela). Lo hizo por considerar que la homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de US$ 1573 millones- violó el principio de igualdad, según el reclamo de Commodities SA.

La incertidumbre que esta situación jurídica plantea, prorroga el enorme interrogante que se abre sobre el futuro de la empresa que emplea a 1200 trabajadores en forma directa y que posee parte de la planta de Renova en Timbúes, planta y puerto en San Lorenzo, planta en Ricardone, 100% del paquete accionario de Renopack S.A. y el 34% del paquete accionario de Patagonia Bioenergía S.A., además de una planta en Avellaneda.

La trascendencia del caso es de especial importancia en la provincia. Hasta su presentación en Concurso preventivo el 10 de febrero de 2020, con estos activos, Vicentin tenía el 24 % de la molienda de girasol y 21 % de soja que se producía en el país; actualmente su participación cayó a un 10 % y 15 %, respectivamente, pero según sus directivos su actividad estuvo por encima del promedio nacional gracias a los contratos de fazon.

Los caminos que se abren

La Corte santafesina no tiene plazos para definir si acepta el REF, aunque los antecedentes otorgan baja probabilidad a esa chance. De ser rechazado el recurso, Vicentin tendría una opción para ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son caminos que sin embargo no despejan incógnitas de supervivencia inmediata de la empresa.

Durante una audiencia citada el viernes por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini (ya no tiene parte en el caso), quedó en claro que Viterra, Bunge y ACA -denominados inversores estratégicos- se comprometieron a sostener su potencial inversión en la propuesta concursal por 6 meses, supeditada a la homologación del acuerdo.

Allí, Daniel Succi, secretario de los Aceiteros de San Lorenzo, pidió la intervención de la empresa. Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, siguió con atención las deliberaciones de tres horas, que por su extemporaneidad carecieron de efectos conducentes o consecuencias jurídicas.

Salarios pendientes

Vicentin aún no logra ratificar nuevos contratos de fazon, mediante los cuales procesa en sus plantas los granos de terceros. Sin ellos, la empresa argumenta que no podrá cumplir con una nómina salarial que por mes insume unos $4 mil millones.

Una nueva deuda posconcursal precipitaría la quiebra de la empresa (así lo ordena la ley), escenario que no parece conveniente para ninguna de las partes. Este fin de semana es decisivo para que -tal vez los inversores estratégicos- hagan un aporte para pagar salarios y sostener la actividad, que espera la llegada de la nueva cosecha de soja para revitalizarse con nuevos fazones.

Cabe recordar que Cima Investments, bajo la firma de Esteban Nofal (un inversor financiero) compró las acreencias defaulteadas por Vicentin a bancos internacionales; su inversión podría esfumarse si Vicentin deja de existir.

Mariano Grassi (Commodities) insistió durante la audiencia en la alternativa del cramdown -por la cual terceros ajenos al expediente concursal podrían proponer una salida- pero esa instancia no está abierta en el presente judicial del caso.

¿Abrirá la Cámara de Rafaela esa posibilidad? El tribunal espera que la Corte santafesina le remita el expediente, si es que rechaza el REF.

En Vicentin entienden que el eventual planteo en queja ante la CSJN tendría efectos suspensivos (la Cámara de Rafaela no podría proceder), interpretación que promete abrir un nuevo incidente ante quienes buscan una alternativa de cramdown al acuerdo concursal rechazado.

Eso, o un acuerdo entre enemigos íntimos, en una pulseada de trascendencia para la economía santafesina.