Aprietes policiales y desidia del Estado

DyN

El caso de Luciano Arruga dejó al descubierto la vulnerabilidad de los llamados ‘pibes chorros‘, apretados por la policía para salir a robar, y la desidia de un Estado que no supo o no quiso buscarlo cuando todo el tiempo las pruebas de su muerte estaban frente a sus ojos.

Ni siquiera la policía, acusada de haberlo secuestrado y asesinado, se encargó de buscarlo para desprenderse de las imputaciones en su contra y poder limpiar su nombre.

Cinco años y ocho meses de búsqueda a través de una Justicia que recién en julio pasado, y por una orden superior de la Cámara Federal, decidió por primera vez abrir un habeas corpus para buscarlo, un recurso que está lejos de ser, como dice la Constitución, un resorte indiscutido para cualquier ciudadano cuya libertad pueda verse vulnerada arbitrariamente.

Luciano Arruga tenía 16 años y desapareció el 31 de enero de 2009, cuando -según sus familiares- fue interceptado por policías bonaerenses del destacamento de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a los familiares de Luciano, el adolescente fue perseguido porque se había negado a robar para la fuerza. En ese sentido, los familiares -con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el CELS- sostuvieron que el chico fue llevado a la comisaría 8va., donde testigos aseguraron que fue golpeado y asesinado, pero su cuerpo nunca fue encontrado.

Antes de su desaparición, había sido detenido dos veces por la Policía Bonaerense: en agosto de 2008, por averiguación de antecedentes, cuando cartoneaba en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, conocido como ‘Villa Los Paraguayos‘, donde vivía, y en septiembre de 2008 acusado de robar a tres jóvenes.

Según dijo Mónica Alegre, madre del chico, su hijo fue liberado y presentaba severos signos de haber sido torturado; por eso fue hasta la comisaría para exigir los nombres de los policías que lo habían golpeado. Y desde entonces, Luciano había sido amenazado. Cinco días después de su desaparición la familia planteó un recurso de habeas corpus que fue rechazado. No obstante, se abrió una causa por averiguación de paradero que estuvo en manos del juez Gustavo Banco y de una fiscal que fue apartada del expediente.

Durante dos años la causa estuvo bajo esa carátula hasta que -con denuncias públicas- el caso fue enviado a la Justicia federal donde comenzó a investigarse como desaparición forzada de persona. En enero de 2013 un policía fue detenido y puesto en disponibilidad luego de ser acusado de maltratar y golpear a Arruga cuatro meses antes de que el joven desapareciera. Pero se cumplieron cinco años y Luciano no aparecía. En abril pasado, la familia de Luciano volvió a pedir un habeas corpus para encontrarlo. Nuevamente fue rechazado en primera y segunda instancia, pero en julio la Cámara Federal de Casación Penal ordenó abrir el recurso con la intención de agotar todas las investigaciones para encontrar al joven.

Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky cuestionaron con severidad en aquella resolución a los jueces de primera y segunda instancia de Morón que habían rechazado el planteo y sostuvieron que ‘la acción constitucional de habeas corpus‘ debía ser atendido ‘como el instrumento jurídico a partir del cual‘ la familia ejercía ‘su legítimo derecho a obtener información y respuesta por parte de las autoridades públicas sobre el hecho‘.

A través de ese recurso, el juez federal Pablo Salas pidió informes al Ministerio de Seguridad, y de ahí la Policía Científica comenzó a revisar los archivos de todos los cuerpos enterrados como NN desde el momento de la desaparición de Luciano. Apenas horas después de salir de su casa, el joven moría en un accidente de auto. Sus huellas siempre estuvieron ahí, pero nadie las quiso ver.