Durante su participación en La noche de Mirtha, el periodista Nicolás Wiñazki expuso la existencia de una base de datos ilegal que reunía información personal de figuras públicas, entre ellas la propia conductora del programa.
Una investigación periodística reveló la existencia de una base de datos clandestina que recolectaba información personal de figuras públicas y mediáticas, con fines de control, seguimiento y disciplinamiento político.

Durante su participación en La noche de Mirtha, el periodista Nicolás Wiñazki expuso la existencia de una base de datos ilegal que reunía información personal de figuras públicas, entre ellas la propia conductora del programa.
En vivo, el periodista mostró documentos y registros donde aparece el nombre de Mirtha Legrand dentro de un reporte de la agencia conocida como “Sudamérica Data”, una estructura clandestina que, según explicó, operaba durante el gobierno kirchnerista y recopilaba información sin autorización legal.
La reacción de la conductora fue inmediata y genuina. Visiblemente sorprendida, expresó su incomodidad frente a la situación: “¿Qué van a escuchar de mí? Yo no soy política. Soy una conductora”, dijo al aire, reflejando el desconcierto de verse involucrada en un sistema de vigilancia.
Wiñazki contextualizó el caso dentro de una práctica más amplia de control y seguimiento. Afirmó que el espionaje no se limitaba a dirigentes políticos, sino que alcanzaba a comunicadores, empresarios y personalidades con capacidad de influencia pública.
“El kirchnerismo siempre tuvo fascinación por el espionaje”, sostuvo el periodista durante el programa, al describir una estructura sistemática de recopilación de datos. Según su investigación, el objetivo era anticipar posicionamientos críticos, monitorear discursos disidentes y construir mecanismos de presión simbólica.
La base denominada “Sudamérica Data” funcionaba como una plataforma de almacenamiento de información personal sin consentimiento, lo que configura un delito en términos legales. Wiñazki remarcó que se trataba de un sistema organizado, no de acciones aisladas.
En ese esquema, figuras mediáticas como Mirtha Legrand no eran espiadas por su rol político, sino por su peso simbólico, su capacidad de agenda y su influencia social. El control de la opinión pública aparecía como uno de los ejes centrales de la estrategia.
El periodista explicó que la lógica no era solo preventiva, sino también disciplinadora: reunir información sensible permitía condicionar conductas, instalar deslegitimaciones y construir relatos de desgaste público contra voces incómodas.
La denuncia reabrió un debate profundo sobre los límites del poder estatal, el uso de información personal y la fragilidad de los derechos individuales frente a estructuras clandestinas de inteligencia. La exposición pública del caso generó impacto inmediato en redes sociales y medios.
Según Wiñazki, el espionaje ilegal no apuntaba únicamente a anticipar críticas, sino a generar herramientas de control social. La información se transformaba en un instrumento político, capaz de disciplinar, condicionar y modelar comportamientos públicos.
El caso de Mirtha Legrand se volvió emblemático por su carga simbólica: una figura histórica de la televisión argentina, ajena a la política partidaria, incluida en un sistema de vigilancia estatal clandestino.
Más allá del nombre propio, la revelación volvió a poner en discusión el uso de estructuras paralelas de inteligencia en democracia. La pregunta ya no es solo quiénes fueron espiados, sino cómo y con qué fines se construyeron esos dispositivos.




