La Iglesia, dirigentes sociales y exfuncionarios públicos reclaman avanzar con la integración sociourbana

Avanzar en la política de integración sociourbana es clave para cuidar a los barrios populares ante el avance del narcotráfico. Ese fue el mensaje que reforzaron obispos, dirigentes del tercer sector y exfuncionarios públicos durante la conferencia "Estado o narcotráfico: valor de la integración socio-urbana en los barrios populares", llevada a cabo por Cáritas Argentina en el Barrio IAPI (partido de Quilmes, Buenos Aires). Esto implica inversión del Estado en el desarrollo de los barrios populares y el trabajo en conjunto y permanente diálogo con las comunidades locales.

Según datos del relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) del 2023, en la Argentina hay al menos 6.467 villas y asentamientos. Según Cáritas, en esos barrios populares viven aproximadamente 7 millones de personas.

Se trata de lugares que en muchos casos no cuentan con acceso a servicios básicos, como cloacas o energía eléctrica.

Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló: "Hoy que no está esa política (de integración sociourbana) no podemos frenar el avance del narcotráfico. Las personas que quedan sin trabajo quedan a merced de estas organizaciones. Hoy, los barrios están en la desesperación de qué van a tener para comer. Pedimos que vuelva esta política".

Por su parte, Sebastián Welisiejko, quien ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, desatacó que “la desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad. No vamos a avanzar con una sociedad dividida. No se puede comerciar, no se puede transportar, no se puede circular. Antes se hablaba de erradicación. Hoy se habla de integración”.

Otro de los presentes en la conferencia fue Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, quien destacó que hay que “generar otra vez ese consenso que se generó con las políticas de integración sociourbana. Hay que tender puentes y generar el encuentro hasta que duela. Eso es lo que pasó cuando esto nació, y lo tenemos que volver a hacer ahora. El camino tiene que ver con el encuentro”.

También estuvieron Mario Quintana, ex Secretario de Coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la gestión macrista y los obispos Oscar Ojea (de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina), Carlos Tissera (Quilmes y presidente de Cáritas Argentina) y Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas Argentina).

Maquieyra declaró: "Hay que tender puentes y generar el encuentro hasta que duela. Eso es lo que pasó cuando esto nació, y lo tenemos que volver a hacer ahora. El camino tiene que ver con el encuentro, con lo aprendido al animarnos a sentarnos con el que piensa distinto; creo que es posible animarse a esta patriada".

Qué es la integración sociourbana

El proceso de integración sociourbana es una política pública que comenzó hace ocho años. Desde el 2016, cuando se creó el ReNaBaP —con el impulso de organizaciones sociales, lideradas por TECHO— el Estado comenzó entonces a reconocer la cantidad de personas que viven en asentamientos informales. Comenzó a mejorarse poco a poco la infraestructura de los barrios populares.

Otro hito se dio en el 2018, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 27.453, gracias a la cual se creó, tres años más tarde, el Fideicomiso de Integración Sociourbana (FISU), que proveyó fondos para obras necesarias en los barrios.

Como contamos en una nota previa, según TECHO, la política de integración sociourbana de los últimos años benefició a 1,3 millones de personas a partir de un trabajo articulado con referentes barriales. Por ejemplo, se construyeron cloacas, redes de agua, calles, veredas, plazas y viviendas.

Monseñor Carrara señaló: "Los vecinos de los barrios populares no sólo padecen las injusticias, sino que generan soluciones para resolverlas. Ellos tienen que estar sentados en la mesa de las decisiones”.

Esta política de integración sociourbana quedó en jaque hace cuatro meses, cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 93, que, entre otros aspectos, reduce fondos del impuesto PAIS al FISU, disminuyendo del 30 al 0.3 %.