Se vota el plebiscito constitucional de Chile

En una elección histórica este domingo, en la que los chilenos dirán “sí” o “no” a la nueva Constitución, el plebiscito plantea una profunda paradoja. Más allá del resultado, está claro que el texto, así como se imprimió y se presentó al gobierno de Gabriel Boric en julio, probablemente no llegue a implementarse nunca.

Es que incluso los partidarios del Apruebo, entre ellos el propio presidente, que apostó fuerte por esta alternativa, admiten que el contenido presenta fallas, puntos oscuros y una lista de temas controvertidos que dividen a la sociedad y profundizaron una grieta que quedó en evidencia después de la masiva revuelta social de 2019.

Mientras los sondeos vaticinan un probable triunfo de la opción “Rechazo” -aunque en los últimos días la diferencia se achicó y hoy se respira aquí un aire de incertidumbre- Boric ya admitió que se se aprueba la Constitución está dispuesto a incluir reformas.

Días atrás, en plena campaña, los partidos de la alianza de gobierno firmaron un acuerdo para comprometerse a introducir los cambios necesarios para aplicar el nuevo texto. Se habla de un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas para este mismo lunes. Defensores y detractores de la propuesta están convencidos de que habrá que trabajar en un nuevo texto.

Porque pese a la brecha que quiebra al país en dos, aún parece haber acuerdo en la necesidad de enterrar la Constitución de 1980 y reemplazarla por una nueva. Pero no esta sobre la que se vota ahora, que busca avanzar hacia un Estado social con mayor presencia de lo público.

La propuesta

Con un fuerte énfasis en la igualdad de género, declara también el "Estado ecológico", con una apuesta en defensa del medio ambiente. Busca terminar con la privatización de recursos esenciales como el agua y facilitar el acceso a la vivienda y a otras conquistas de igualdad de derechos y justicia social.

Cambios claros en relación a la Carta Magna de la dictadura de Augusto Pinochet, que -pese a las reformas parciales implementadas en democracia- deja en manos del mercado la gestión de la educación, la salud, el sistema de jubilaciones, con un espacio mínimo para la injerencia del Estado.

Pero pese a la voluntad de apertura democrática de esta propuesta, muchos ven allí una amenaza al orden establecido.

La redacción de un texto nuevo fue resultado de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas en noviembre de 2019, cuando una multitud inédita -en su inmensa mayoría jóvenes- salió a las calles, en una expresión de furia que dejó decenas de heridos en enfrentamientos con la policía, destrozos que se ven hasta hoy en el centro de Santiago y una certeza: Chile necesita una reforma profunda de su modelo político y social.

“Luego del estallido de 2019, los chilenos sentían que la sociedad había llegado a un punto de desarrollo en el que necesitaban un modelo más justo, con mejores oportunidades”, explicó a Clarín el analista político Kenneth Bunker, de la consultora Tresquintos.

Pero el texto redactado durante un año por una Asamblea Constituyente elegida en las urnas y que se conformó en gran parte por independientes y representantes de movimientos sociales, con poca participación de partidos tradicionales, causó desilusión.

“Los que rechazan este texto sienten que es un experimento, que es una ruptura que no necesariamente es buena. No querían cambios tan radicales”, señala Bunker.

Resistencias

¿Por qué no convence este texto? Diversos analistas consultados por Clarín coinciden en mencionar varios factores. En principio, un descrédito del propio proceso constituyente, que mostró una serie de tropiezos.

“Los constituyentes cometieron una cantidad de errores. Hubo peleas, escándalos. Además, no empezaron la discusión por los derechos sociales, los derechos a la salud, a la educación, que era lo que se reclamaba, sino por temas que no eran los centrales, como los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente. Temas importantes, pero que no eran el eje del reclamo”, señaló a esta enviada la analista Marta Lagos, fundadora de las consultoras Mori y Latinobarómetro.

Pero lo que hace más ruido son algunos artículos, como el que habla de plurinacionalidad y reconoce 11 pueblos originarios -que en conjunto suman un 12,8% de la población chilena- la eliminación del Senado y un fuerte cambio en el Poder Judicial. También el artículo referente a la salud sexual y reproductiva y que abre la puerta al aborto generó gran controversia.

Para la politóloga Claudia Heiss, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en realidad hay también “mucha desinformación” sobre este proceso.“Se amplificaron los escándalos, se creó una idea de que se va avanzar sobre los derechos de propiedad, que se creará un Estado plurinacional que amenaza la unidad del país”, señaló.