Familiares de detenidos en el estallido social en Chile exigen que el Senado discuta ley de indultos

Un grupo de 50 personas familiares de los llamados “presos de la revuelta” protestaron este jueves en el puente Pío Nono, ubicado en el centro de Santiago de Chile, para exigir al Senado que discuta y apruebe el proyecto que otorga un “indulto general por razones humanitarias” a los detenidos en el marco del estallido social de 2019.

Dos de estos familiares se amarraron al borde de la baranda del puente, amenazando en lanzarse, como medida de presión para que se retome la discusión de esta iniciativa que causó intensos debates al interior del Poder Legislativo.

Jaime Fuentes, abogado especialista en derechos humanos y uno de los voceros de la manifestación, criticó y emplazó a Ximena Rincón, presidenta del Senado, y su partido, la tradicional Democracia Cristiana (DC), a darle celeridad a la discusión del proyecto, según reseña Radio Bio Bio.

Otro de los manifestantes, Rubén Rivas, explicó que las familias "exigen que el proyecto de indulto general se ponga en tabla (discusión) a la brevedad, ya que fue aprobado en la comisión de Derechos humanos, constitución y también en la de Seguridad Pública”.

La iniciativa busca excarcelar a personas que fueron condenadas durante el estallido social que se inició en Chile el 18 de octubre de 2019, donde miles de personas salieron a protestar en las calles de Santiago y las principales ciudades para exigir reivindicaciones políticas, sociales y económicas.

Estas manifestaciones y revueltas pusieron en jaque el segundo mandato del presidente conservador Sebastián Piñera, y desencadenó que parlamentarios de diversos sectores firmaran un acuerdo para cambiar la Constitución a través de un plebiscito en donde el apruebo ganó por el 80% de los votos.

Posteriormente se realizaron las elecciones de los convencionales constituyentes, donde la derecha no alcanzó ni siquiera un tercio de los cupos. En julio pasado comenzó el trabajo de los convencionales constituyentes, que tienen hasta un año para redactar la nueva Constitución, que de aprobarse en el plebiscito de salida, pondría fin a la redactada por Augusto Pinochet durante la dictadura cívico militar (1973-1990).