Repercusiones: genera duras críticas la liberación de Fujimori, en Perú y la región

Este mes de diciembre de 2023 encontró a Perú con dos ex presidentes de la nación en la mira. Uno de ellos, Pedro Castillo, cumpliendo un año de cárcel, en prisión preventiva desde su fallido "autogolpe". Y al otro, Alberto Fujimori (jefe de gobierno peruano entre los años 1990 y 2000), liberado en las últimas horas, en virtud de un indulto que se hizo efectivo casi seis años después de haber sido dictado, en las postrimerías del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La decisión en cuestión fue tomada por el Tribunal Constitucional de Perú (TCP), contraviniendo una disposición de la CIDH, que en 2018 instó a Perú a garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado en 2009 a veinticinco años de prisión.

Las turbulencias peruanas

Aunque la avanzada edad de Fujimori y su estado de salud podrían avalar la argumentación que aduce razones humanitarias, el contexto de la crisis que atraviesa Perú arroja luces diferentes sobre el asunto. "La liberación de Alberto Fujimori forma parte de un proceso de descomposición, de debilitamiento de múltiples instituciones en el país, que tienen que ver con Estado de derecho, con administración de justicia", dice Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alude con ello a hechos como la reciente suspensión de la fiscal nacional, Patricia Benavides, por la Junta Nacional de Justicia, debido a una investigación de tráfico de influencias.

Duro es también el diagnóstico que hace Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. "Es un momento de gran dificultad para la democracia, dado que hay una suerte de estafa electoral", dice el académico. Y explica: "Estamos en una especie de dilema democrático electoral, donde se puede gobernar sin ganar las elecciones, y el fujimorismo hoy en día está gobernando en el país, con alianzas en el Poder Legislativo, un Legislativo altamente fragmentado e inestable, con una suerte de coacción permanente a la actual presidenta, Dina Boluarte, y con una cooptación del Poder Judicial".

El analista, de origen español, considera, en consecuencia, que el indulto "es el resultado de un acuerdo político que en gran medida viola la esencia de las reglas electorales y democráticas", y subraya que "se lleva a cabo, incumpliendo incluso el marco de la legalidad internacional", recordando el pronunciamiento de la CIDH.

Desconocimiento de la CIDH

Este mismo punto es destacado igualmente por Elizabeth Salmón. "Lo que hace el TCP, o varios de sus miembros, es desconocer el valor jurídico de nuestros compromisos internacionales, en el sentido de que la CIDH ya ha establecido claramente que, para ser válido este indulto, tenía que cumplirse con algunos estándares". Enumera, por ejemplo, el arrepentimiento del perpetrador, o consideraciones como la de si se pagó o no indemnización a las víctimas.

"Creo que significa un desafío completo al sistema interamericano de derechos humanos, con el cual el Perú se encuentra comprometido desde 1978, cuando aceptó la convención americana, y desde el momento en que es miembro de la Organización de Estados Americanos", puntualiza la profesora de Derecho Internacional. Pero hace notar que la actitud de enfrentamiento con la CIDH no es nueva en el país. "Hay ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo, en que se pide que Perú se retire de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana", señala. Y estima que lo ocurrido ahora "debe ser visto también como un pretexto más para tratar de alejarse del sistema, para renunciar a la Corte interamericana y crear un espacio de impunidad".