Uruguay pidió apoyo de la DEA ante el crecimiento del contrabando de cocaína

El principal puerto de Uruguay recibió dos escáneres de carga hace 16 años para detectar drogas y otras cargas sospechosas. Sin embargo, durante la entrega, uno de ellos cayó al mar.

Desde entonces, los envíos de cocaína a Europa han aumentado a través del puerto de Montevideo, que manejó un récord de 1,1 millones de contenedores el año pasado. Esto ha impulsado un aumento de la violencia de las pandillas y ha socavado la reputación de Uruguay como un faro de estabilidad en la turbulenta América del Sur.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) cerró su oficina en Montevideo en 2019 después de años de tensión con las autoridades locales.

El actual gobierno de centroderecha de Uruguay ha pedido repetidamente a la administración estadounidense que regrese, pero funcionarios estadounidenses dicen que no hay planes inminentes para hacerlo.

La DEA se ha centrado en el fentanilo que ingresa a los Estados Unidos desde México, lo que ha dejado poco interés en reabrir una oficina en Montevideo.

Uruguay se encuentra en una posición precaria, librando una batalla solitaria contra el contrabando de cocaína. Con 382 personas asesinadas el año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou busca defender su historial de seguridad antes de las elecciones nacionales en octubre.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ha pedido a la DEA que regrese, pero aún no ha obtenido una respuesta positiva. Aunque Uruguay sigue siendo un valioso socio de la DEA, el país está excluido de las donaciones antinarcóticos de Estados Unidos debido a su estatus como nación de altos ingresos.

El gobierno anterior de Uruguay tenía una visión negativa de la intromisión estadounidense en América Latina, lo que obstaculizó la colaboración antinarcóticos. Uruguay incautó más de 2 toneladas métricas de cocaína en 2021, un aumento significativo desde 2017.

Aunque Uruguay ha mejorado sus capacidades de detección de drogas, sigue enfrentando desafíos en sus sistemas legales y penitenciarios que las pandillas han explotado.