Escuela Militar: la justicia en Río Negro falló en contra del Ejército pero Stornelli pide un freno

La justicia ordenó meses atrás que el Ejército le entregue tierras de la Escuela Militar de Montaña a la comunidad Millalonco – Ranquehue. Tras ello, salió a la luz que la Fuerza había apelado fuera de término y que no había existido resistencia formal a ese reclamo mapuche. Ante la presión pública, se recusó de manera extraordinaria para intentar salvar la propiedad.

La Cámara Federal de Apelaciones de Federal Roca (la instancia superior que tomó competencia en el caso) denegó los planteos y ordenó que se cumpla lo dictado originalmente. Hasta ahí, un ajustado resumen de los hitos que llegan hasta hoy en la causa que debe fallar por un litigio territorial entre Defensa y un particular. En paralelo, se investiga la posible comisión de delitos por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y es allí donde aparece la figura del fiscal Carlos Stornelli.

Por instrucción del juez Daniel Rafecas, Stornelli es el mismo que llevó adelante un allanamiento en la mismísima sede del Estado Mayor del Ejército y que sirve de edificio a la cartera que conduce Jorge Taiana. En el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de diputados nacionales opositores, los letrados buscaban pruebas que den cuenta de animosidad para incumplir los plazos judiciales estipulados para apelar le cesión de tierras. No es menor que, inicialmente, Rafecas los sobreseyó a todos los investigados pero Stornelli apeló y la Cámara Federal porteña ordenó reabrir y continuar la causa.

A partir del análisis de la información obtenida en el allanamiento y de la toma de declaraciones de militares y funcionarios civiles, Stornelli citó a indagatoria a todos los imputados y los acusa de “afectación de bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional”.

Si el delito investigado es confirmado, la relación sería directa con el fallo judicial del 2 de febrero que ordenó entregar las tierras a la familia mapuche. Por esto, Stornelli aclara que la causa en la que él investiga “adquiere vida autónoma y diferenciada” respecto a la inicial y que tiene curso en los juzgadores Federales de Río Negro, aunque tengan relación directa. Por eso solicitó, luego del último fallo que ordena ceder las tierras federales a comunidades indígenas, una medida cautelar hasta tanto concluya su propia investigación.

A partir de esto, Rafecas tiene 5 días según el Artículo 125 del Código Procesal Penal para dar lugar o no a lo solicitado. Sin embargo, Stornelli tildó el pedido de “muy urgente” por lo que en las próximas 24 horas debería haber una respuesta, según explican a este medio especialistas penales. La fundamentación de la urgencia en la medida cautelar requerida está en que se trata de un “establecimiento que desarrolla la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña, lo cual hace a parte de la defensa nacional, dado que es el único lugar de la jurisdicción donde puede realizarse, por sus particulares condiciones geográficas”, según consta en el propio expediente firmado por el fiscal.