Flybondi demanda a la Provincia de Buenos Aires por multa de $300 millones

La aerolínea low cost Flybondi ha decidido emprender acciones legales contra la Provincia de Buenos Aires tras recibir una multa de $300 millones. La sanción fue impuesta por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Flybondi indicó que buscará la nulidad de la multa impuesta, argumentando que la resolución presenta "vicios" y que todo el procedimiento fue "conducido de forma arbitraria".

Para poder iniciar la demanda, la empresa se vio obligada a pagar previamente la multa, lo que "resulta incompatible con el principio de inocencia, en tanto obliga al supuesto infractor a cumplir la sanción antes de que esta hubiera sido confirmada por sentencia firme".

Además, califican la multa como "inusitada y desproporcionada", afirmando que afecta garantías constitucionales que aseguran la defensa en juicio.

Las quejas de los usuarios

De acuerdo con el gobierno provincial bonaerense, la multa fue debido a cancelaciones de vuelos y a la falta de respuesta adecuada a los consumidores.

La sanción se basó en 2.400 reclamos y denuncias de usuarios de la provincia, quienes reportaron suspensiones y reprogramaciones de vuelos, dificultades para comunicarse con la aerolínea y problemas para obtener reembolsos o reprogramaciones.

La ANAC le labró tres actas en octubre, otras tres en noviembre y en diciembre cuatro actas de infracción por cancelaciones de vuelos comerciales sin notificación previa y cambios de itinerarios sin aviso anticipado.

"Presuntas infracciones"

La aerolínea solicitó la absolución y detalló las "presuntas infracciones" por las que se la acusa "injustamente":

• "La Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica y desconoce la aplicación de la propia legislación vigente".

• "La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad aeronáutica de aplicación y, por ende, de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta interviene en la instancia administrativa, y en la judicial lo hacen los Tribunales Federales".

• "La Dirección Provincial no realiza una imputación precisa y concreta, cuando debió haber descrito específicamente cual era la infracción cometida. Por el contrario, realiza una imputación genérica y abstracta".

• "No se llevó a cabo ningún análisis de las denuncias supuestamente involucradas. No se probó en ningún momento la veracidad y/o procedencia de dichas denuncias y/o si las supuestas cancelaciones contaban con justificación y respaldo legal previsto en las propias regulaciones aeronáuticas".

Como menciona uno de los puntos, la empresa también cuestiona la competencia de la Dirección Provincial en asuntos aeronáuticos, señalando que la industria se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, donde la autoridad de aplicación y fiscalización es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Tanto en instancias administrativas como judiciales, las cuestiones relacionadas con aerolíneas deben ser tratadas por la ANAC y los tribunales federales, respectivamente.