Ceres debe desactivar "su bomba de tiempo"

Xiomara Crespín tenía 2 años. Faltaban pocas horas para que finalizara 2020 cuando aparecieron problemas en su salud que obligaron a sus padres a trasladarla hasta el hospital de Ceres. De allí al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de esta capital. El diagnóstico fue el menos esperado: intoxicación en sangre con plomo. Tres días después murió. Los análisis revelaron que tenía 1.98 mg/litro de plomo en sangre.

Lamentando este desenlace, y en su memoria, ojalá que lo que hoy se conoce como el "Caso Xiomara" se convierta, con el correr de los meses, en un caso bisagra para la realidad que vive esa ciudad del departamento San Cristóbal, 270 kilómetros al noroeste, la última de la provincia, a la vera de la Ruta Nacional 34, antes de ingresar a Santiago del Estero.

Sin embargo, todo esto que hoy parece señalado como la peor novedad de la historia de aquella región comenzó hace, por lo menos 3 décadas, cuando empezaron a instalarse en Ceres pequeñas fábricas de placas de plomo para baterías de automóviles. El negocio tuvo un crecimiento exponencial y ese crecimiento derivó en situaciones no contempladas. Quizá muchos de los que comenzaron a ganar dinero con esos emprendimientos nunca evaluaron lo que paralelamente estaban generando. El material básico para esa producción fue y es el plomo. El tema era dónde se arrojaban los residuos que ese tratamiento obligaba. Aunque las exigencias eran otras, el plomo se esparcía por las instalaciones contaminando el aire, penetraba en el suelo y finalmente terminaba añadiéndose a las napas freáticas. Por aquel entonces, Ceres no tenía agua potable y para el consumo debía recurrirse a la extracción (vía motobombeadores o las tradicionales bombas extractoras). Desde fines de 2004 hay un servicio de distribución de agua por redes pero no llega a todos los sectores.

El barrio Las Américas, donde está la exfábrica Nesaglo (antes Cer-Plac), a la vera de la Ruta Nacional 34, unas pocas cuadras al norte del acceso principal a Ceres, que cesó actividades en 2017 (41 años de presencia en esa ciudad, 41 despedidos) tiene que enfrentar hoy el mayor problema ambiental que sus habitantes hayan imaginado. Pero, peor para todo Ceres, hay otra fábrica de similares características, Baterías Morbi, ahora radicada también a la vera de la Ruta 34 (antes funcionó en el macrocentro de esa ciudad), a pocas cuadras de la anterior y una sucursal de ventas en Santa Fe capital.

La realidad debería golpear duro los rostros de los que nunca hicieron nada por cambiar esa historia y los que sabiendo lo que había sucedido hicieron muy poco por prevenir lo que hoy ocurre. Porque no solo interesa el presente. El daño preexistente es tanto o peor. Durante muchos años falleció gente con cáncer y/o problemas pulmonares generados por el plomo o el arsénico característico en agua de pozo, al menos en aquella región. Profesionales que vienen tratando estos casos explicaron que no se descarta que la contaminación esté latente en los pisos de la fábrica y en terrenos próximos a ese lugar, donde hay unas 30 viviendas muy cercanas al predio en cuestión y un barrio privado. ¿Quién se hace responsable de esto?. ¿Por qué hasta la mitad de la semana que pasó aún había personas residiendo en los restos de la exfábrica?.¿Quién autorizó la conexión eléctrica a los usurpadores?. ¿Cómo seguirá la vida de los contaminados y de cientos que están y no lo saben?. Todos son interrogantes vacíos de respuestas. Ahora, la justicia federal buscará establecer la probable comisión de ilícitos relacionados con una supuesta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por parte de quienes eran los responsables de esa fábrica. También aparecerá el informe de Medio Ambiente provincial, que realizó un estudio de campo a fines de enero. ¿Alcanza?. Para nada si no hay un giro de 180 grados en la forma de encarar la resolución del peor problema de contaminación ambiental que registre esa zona del interior santafesino.