El oficialismo debe aún cerrar su debate interno sobre el Poder Judicial

La Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales tiene ese nombre porque, entre otros muchos debates, debe saldar hasta como se llamará el consejo de la magistratura a consagrar en la nueva constitución de Santa Fe, y porque debe sumar al edificio institucional a los órganos de la Acusación y la Defensa en el fuero penal. Del mismo modo, también debe otorgar, al abordar una serie de artículos habilitados para su reforman, las características generales que tendrá ese poder, siempre bajo el concepto ideológico compartido de respetar al sistema republicano.

En la sesión de este miércoles 13 quedó claro un problema extra: el oficialismo en estos temas extensos y profundos debe terminar de saldar sus posiciones internas. Otra vez, llegó al debate sin esa tarea y -con esa dificultad extra- lograr acuerdos resulta aún más complejo con las demás fuerzas políticas.

Al cuerpo deliberativo que tiene como presidente al radical Lisandro Enrico le queda por delante -como mínimo- exponer posiciones sobre la resignación de las facultades que se ha arrogado el Poder Legislativo con el control directo sobre la conducta de fiscales y defensores (una chance es consagrar los Jurys con más presencia legislativa), resolver sobre la autonomía o condición de órgano extrapoder del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Son temas que todavía no se han tocado. El también ministro de Obras Públicas avisó que habrá intensas reuniones de esa comisión la semana próxima, y pidió a los convencionales estar atentos a los avisos que se darán con solo 48 horas de anticipación.

Calendario acotado

El martes 12 por la tarde hubo una reunión de los bloques que forman la coalición que gobierna Santa Fe y no llegó a agotarse el temario de los asuntos judiciales. El encuentro iba a completarse 24 horas después para lograr que haya menos posiciones personales a la vista de las demás fuerzas, de los partidos de Unidos y, en su lugar, un borrador de dictamen, que hoy puede llegar a tener dictámenes diferenciados sobre aspectos en los que no hay acuerdo entre dirigentes de la UCR, del PS y del Pro.

Con esfuerzos elogiables pero escasos resultados, la socialista Lionella Cattalini procuró desde la vicepresidencia de la comisión mostrar en qué puntos hay amplios acuerdos e incluso unanimidad, pero rara vez pudo darle a esos conceptos generales una redacción. No porque no haya para ello una técnica legislativa que lo resuelva, sencillamente porque no hay a mitad de la Convención, acuerdo político entre las fuerzas del propio oficialismo. Por separado se exponen los escasos puntos en los que en la fecha se concluyó que hay acuerdo de todos los convencionales de la comisión.

En su sesión de este martes, convocada ex profeso sin agenda y con un discusión menos formal en la Sala de Acuerdos Miguel Lifschitz de la Cámara de Diputados para poder avanzar con una metodología de trabajo se abordaron asuntos vinculados a la Corte Suprema de Justicia, donde no hay más que diferencias sobre la chance de poner o no límites a los mandatos según los cumpleaños de los ministros (hubo convencionales que usaron la palabra "cortesanos") o por un plazo de por ejemplo 20 años para cada juez de la Corte, sin importar a qué edad se ha ingresado. El debate fue por temas y siguiendo el orden de los artículos de la Constitución vigente, con posiciones que falta mucho discutir para llegar a acuerdos. La prensa pudo comprobar, otra vez, que a Unidos le resta una discusión política interna para superar diferencias.

En la reunión de este miércoles 13, en cambio, los temas abordados fueron los procesos de selección, de remoción de jueces, fiscales y defensores. Y qué tan autónomo será el consejo de la magistratura, que todavía carece de unanimidad hasta para su nombre. Hay en general esa denominación pero Somos Vida y Libertad entiende que Santa Fe puede seguir el modelo europeo para independizar su justicia de la política, y como ejemplo regional expone el caso del Perú que posee un consejo de la magistratura integrado por jueces, abogados colegiados y académicos, sin legisladores ni representantes del Poder Ejecutivo. Lo llama Consejo General del Poder judicial.

Lo que nadie reivindica

Hay al menos una fuerte coincidencia en la comisión que deliberó en el recinto de Diputados: nadie quiere repetir la experiencia que vive la Argentina con su Consejo de la Magistratura, atada vergonzosamente a los avatares políticos pese a las buenas intenciones de los convencionales nacionales que en 1994 lo crearon. Es un detalle interesante que La Libertad Avanza quiere "bien lejos" al Poder Ejecutivo Provincial de cualquier influencia sobre el futuro órgano constitucional… ¿Sucede lo mismo a nivel nacional?

Por otra parte, mientras la oposición piensa en un consejo de la magistratura que se encargue tanto de la selección de los candidatos como de la remoción de los jueces, fiscales y defensores, en el oficialismo el radicalismo plantea que haya -como hoy- la formación de jurys de enjuiciamiento con jueces y legisladores que se encarguen de las expulsiones (hoy lo hace la Legislatura).

Sin dudas, la ausencia de dicho consejo en la reforma de 1962 ha sido siempre una de las razones invocadas para que Santa Fe vote (como hizo finalmente ahora con la 14.384) una ley que declare la necesidad de la reforma. La oportunidad que se presenta para hacerlo correctamente es una en medio siglo y es clave el debate complejo y por momentos desordenado que enfrentan los 20 convencionales que forman la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales, que es la más numerosa y siempre recibe a convencionales que no la integran.

Pocas coincidencias

Todos los partidos con representación política en la Convención quieren alguna forma de consejo de la magistratura, con representación por estamentos (académicos, profesionales y autoridades políticas) pero muy distinta composición en cuanto a números.

Del mismo modo, hay unanimidad en que deben existir concursos técnicos con independencia garantizada para que de una terna entregada por el consejo de la magistratura al titular del Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador proponga a la Legislatura los candidatos. Unos quieren que siga la aprobación por simple mayoría; otros que haya dos tercios para obligar a un mayor consenso y dar poder a las minorías.

Hay la certeza de que a Santa Fe no debe sucederle lo mismo que a la Nación con su Consejo de la Magistratura, que entre otros detalles, en la Reforma de 1994 no logró acordar su integración con un número, lo que -en parte- dejó a ese órgano clave para controlar a la justicia demasiado sujeto a los avatares políticos.