Constitución y narcomenudeo

Mario Cáffaro

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En términos políticos, el mensaje del gobernador Miguel Lifschitz ante las cámaras legislativas tocó un tema esperable, cual es el intento de obtener el aval para abrir el proceso de reforma constitucional. Y otro inesperado, como es sumar a Santa Fe a la ley de narcomenudeo; o sea, pasar a la órbita penal santafesina las causas menores de venta de drogas, sin que esto signifique perseguir al consumidor. Y en ambos temas, la respuesta legislativa parece no acompañar el deseo del titular del Poder Ejecutivo.

Mayo es el plazo que se autoimpuso la Casa Gris para obtener la ley que declare la necesidad de reformar la Constitución de 1962. Es que el proyecto establece que una vez declarada la necesidad, en 120 días deben realizarse los comicios de convencionales y da un plazo de 40 días más 20 para el funcionamiento del cuerpo reformador. El objetivo es tener el nuevo texto constitucional antes de fin de año. Es que en febrero ya deberían estar inscriptos los candidatos que participarán en las Paso para renovar autoridades provinciales, municipales y comunales del año venidero. Y si no hay reforma, Lifschitz tiene vedada la posibilidad de reelección.

Lograr los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados hoy parece estar demasiado lejos. Sin entrar en detalles internos del propio Frente Progresista, ni Cambiemos ni los diferentes bloques en que están divididos los justicialistas están dispuestos a avalar este proceso. Tampoco en estas circunstancias los cuatro integrantes de la izquierda unificados en Igualdad. Un radical con experiencia legislativa pedía que no le apuren su voto, cuando ni el propio socialismo lo ha definido.

El miércoles, los jefes de bloques harán una reunión parlamentaria con el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, para mostrarse las cartas que internamente todos conocen. Hoy, en Diputados parece tener más respaldo el texto ingresado por el justicialista Luis Rubeo que pretende pegar la elección de convencionales a las provinciales del año próximo para que la Convención sesione en 2020. Demasiado lejos para las apetencias de la Casa Gris.

En Legislatura, el 2019 está mucho más cerca que para el resto de la sociedad y más que en armar listas de convencionales, se piensa en las futuras estructuras o alianzas que pelearán el gobierno provincial.

En cuanto a la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, el planteo sorprendió a propios y extraños. “No podemos tirar la pelota para otro lado porque la tenemos en nuestro campo. Por eso creo que ha llegado el momento de habilitar a la Justicia provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia, para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón que habitualmente llamamos narcomenudeo. O sea, quienes distribuyen a los consumidores finales”, indicó Lifschitz en el discurso.

El propio gobernador y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tenían una opinión diferente cuando fueron legisladores. Incluso el gobernador votó en contra cuando el Senado avanzó con ese tema.

“El argumento de que el gobierno nacional no es efectivo en el combate del narcotráfico, que el poder federal, las fuerzas federales y la Justicia Federal han venido fracasando a lo largo de dos décadas, no es suficiente para trasladar esa competencia y esa responsabilidad a la provincia. Si no, de la misma manera, tendríamos que pensar en muchísimos otros temas en los que hay falencias y que son de competencia del gobierno nacional”, dijo en junio de 2014.

El tema tiene menos adhesiones que la reforma constitucional en Diputados, pero además divide aguas en el propio Ministerio Público de la Acusación, donde el fiscal general, Jorge Baclini, sólo es apoyado por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez. Los otros cuatro regionales están en contra. Baclini tiene cita en Diputados en diez días por el informe anual. Y, estadísticas en mano, los diputados intentarán convencerlo de que no es el camino adecuado.