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Córdoba, ¿quiénes son los responsables?

Por Rogelio Alaniz

Córdoba, ¿quiénes son los responsables?Córdoba, ¿quiénes son los responsables?

Sábado 7.12.2013
 20:14hs
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Saqueos en Córdoba. En un súper de la Ricchieri, no dejaron nada. Foto: Gentileza Dia a Dia.com.ar

por Rogelio Alaniz ralaniz@ellitoral.com

“Vagabundos, presidiarios, timadores, carteristas, rateros, alcahuetes, dueños de burdeles, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la canalla”. Carlos Marx Durante largas horas, la ciudad de Córdoba fue tierra de nadie. Tierra de soledad, angustia y miedo. El gobernador ausente, la policía autoacuartelada y el gobierno nacional mirando para otro lado, tuvo como consecuencia un resultado que pudo preverse. Sobre lo sucedido se pueden dar las explicaciones más diversas, que van desde la cercanía de las fiestas de fin del año hasta la morfología del capitalismo argentino, pasando por la naturaleza inédita de las actuales “fisuras sociales”, todas interesantes, aunque corran el riesgo de transformarse en distracciones verbales si no se intenta establecer una escala de responsabilidades políticas y sociales para tratar de entender lo que sucedió. Si esto es así, corresponde decir que la responsabilidad principal de lo sucedido la tiene el señor José Manuel de la Sota, quien debería haber imaginado otra respuesta, aunque más no sea por el hecho de contar con experiencia en lidiar con asonadas policiales, experiencia que inició siendo muy joven al lado del coronel Navarro, el jefe de policía que en febrero de 1974 derrocó a las autoridades legales de la provincia. En la vida como en la política, todo puede relativizarse, pero ningún matiz acerca del carácter complejo de los acontecimientos puede hacer perder de vista las responsabilidades. En el caso de De la Sota, ser opositor al gobierno nacional no lo libera de culpas. Un gobernador tiene la obligación de saber que si la policía está autoacuartelada algo grave puede pasar. Si lo supo y no hizo nada para impedirlo es grave; y lo es mucho más si no lo supo, porque como máxima autoridad provincial tiene la obligación de saberlo, salvo que él también recurra a la astucia teórica de repetir lo que dijera un célebre estadista santafesino: “A mí nadie me avisó”. El gobernador se queja de la falta de respuesta del poder nacional, queja justificada y atendible, pero no dice una palabra acerca de por qué Córdoba vivió esa pesadilla. Cuando tuvo que negociar con la policía se puso duro y dijo que no iba a escuchar sus demandas. Después se fue. ¡Maravilla de gobernador! No negocia cuando tiene que negociar y no se queda cuando debe quedarse. El paso siguiente no deja de ser patético: regreso apresurado de Panamá y la plata que no tenía para los aumentos aparece de golpe. ¿Era necesario que las turbas incendiaran la ciudad para que accediera al pedido que podría haber concedido antes de la tragedia? El gobierno nacional también es responsable. Los Kirchner tienen motivos para no quererlo a De la Sota, pero el inventario de odios no lo autoriza a desentenderse de sus obligaciones que, bueno es recordarlo, no son con De la Sota sino con los cordobeses, con la pobre gente víctima del vandalismo. Tenemos por lo tanto dos responsables cuyas culpas ningún gambito teórico puede eludir. Uno es el gobernador de Córdoba; el otro, el gobierno nacional. Los dos, de una manera perversa, se dieron la mano para dejar a los vecinos a la intemperie. Uno por acción, el otro por omisión. Ahora, se dedican a echarse la culpa entre ellos, mientras las víctimas, en absoluta soledad, lamen sus heridas. ¿Hay algún otro responsable? Por supuesto que lo hay: la chusma miserable que se lanzó al saqueo. No desconozco que esta afirmación pueda resultarle desagradable a los corazones sensibles o a quienes recurren a la conocida letanía de que los asesinos, ladrones e incendiarios no son culpables de nada, que sus fechorías se justifican por su condición social y que más indigno que un saqueador es el dueño de un supermercado “explotador, opresor y vendepatria”. Se dirá que los saqueadores no poseen entidad sociológica o política, que de alguna manera son inimputables. Macanas, excusas o pereza intelectual. Que los que así piensan le pregunten al comerciante al que le incendiaron el negocio, al vecino que le quemaron la casa, al contribuyente que le destrozaron el auto, si tenían o no entidad social los autores de tales tropelías. La canalla existe, la hez vegetando en las cloacas del sistema existe. Carlos Marx, León Trotsky, se refieren a ellos en diferentes ocasiones y lo hacen con las palabras más duras. También lo hacen los viejos liberales y libertarios que diferenciaban muy bien la rebeldía de un explotado del resentimiento mafioso de un lumpen; al impugnación histórica a la propiedad del saqueo de la chusma. Se podrán discutir las causas de la existencia de la canalla, pero no su sórdida presencia. Puede que en los tiempos que corren esta presencia se haga más visible, pero no es nueva. El saqueo, las tropelías, la infamia, se pierden en la noche de los tiempos, y han sido una amenaza cercana desde que existen las grandes concentraciones urbanas. Se dice que en los “cordobazos” esto no ocurría. Mentiras. No ocurría en la misma dimensión, pero ocurría. En todo caso, lo que hoy está ausente es la dimensión política y militante, pero hasta en las jornadas más revolucionarias, siempre hubo saqueadores. En la revolución francesa de 1789 y en los movimientos sociales de 1848 las crónicas hablan de esto. En la revolución rusa, los historiadores se refieren a los episodios de ebriedad a los que le ponían punto final los propios revolucionarios. Lo siento mucho por los nostálgicos de grandes épicas, pero las masas en París, Berlín, San Petersburgo, no marchaban con el “Contrato social” o “El Capital” bajo el brazo. En lo personal, conozco la experiencia revolucionaria de Nicaragua, cuando el sandinismo en el poder ordenó reprimir a la canalla que después de la huida de Somoza seguía robando e incendiando sin ton ni son. Sé muy bien que a la hora de justificar lo sucedido todo puede explicarse. Pero una cosa es buscar explicaciones; y otra, muy diferente, es eximir de culpas, porque por ese camino hasta Hitler, Pinochet y Stalin quedarían liberados de culpa. Una infancia triste, un padre castrador o el desamor provocado por el abandono de una novia bastaría para justificarlos. Más interesante que estas remanidas coartadas, es responder, por ejemplo, a lo siguiente: ¿Por qué el pobre que pudo robar no lo hizo? ¿Por qué el que pudo incendiar no incendió? Interrogantes difíciles de contestar, porque su respuesta incluye el hecho de otorgarle a la libertad un rol que contradice los determinismos de todo tipo. ¿No hay nada más que decir? Siempre hay algo más que decir. En principio, no se debe perder de vista que las víctimas reales fueron los vecinos, la gente que trabaja, que paga impuestos y trata de cumplir con las leyes. Aclarado esto, habría que agregar que no hace falta disponer de una mente conspirativa para saber que detrás de lo sucedido hay factores de poder interesados en promover el caos. Hace un mes, la plana mayor de la policía de Córdoba fue descabezada junto a funcionarios comprometidos con el narcotráfico. Lo sucedido esta semana, ¿no tiene nada que ver con aquello? ¿No resulta sospechoso que los desmanes se hayan iniciado al otro día del autoacuartelamiento? ¿Por qué se fue De la Sota? ¿Porque es un irresponsable o por otro motivo? ¿Por qué el gobierno nacional se hace el “sota”? Preguntas interesantes para hacerse ante la falta de respuestas interesantes por parte de la clase dirigente. Mientras tanto, el orden retorna a Córdoba, pero no sé si los vecinos que vivieron la pesadilla del miércoles a la noche podrán olvidarse con tanta rapidez de lo sucedido. El orden retornó a Córdoba, pero un desorden parecido amenaza en muchas provincias. Razones no les faltan a los policías. Si la seguridad es hoy la prioridad de la gente, a los policías hay que pagarles bien, porque el principio de que “si pagás mejor tenés mejores servicios” también vale para ellos. Además, no perdamos de vista que si a un cuerpo armado en Córdoba se le permite autoacuartelarse y reclamar como si fuera un sindicato de empleados públicos, ¿por qué a sus compañeros de otras provincias no se les permitirá lo mismo?

Se podrán discutir las causas de la existencia de la canalla, pero no su sórdida presencia.

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