Una crisis política que se convirtió en financiera

El gobierno nacional enfrenta una profunda crisis financiera y cambiaria, consecuencia en primer término de una disputa política dentro del oficialismo. Aunque se trate de justificar, en algunos casos con razón, con el contexto mundial que les ha tocado vivir y que ha puesto en al borde del abismo a los líderes de la mayoría de los países, algunos de los cuales han tenido que renunciar (como pasó la semana última con Mario Draghi en Italia).

Por un lado, todos los índices de la economía productiva muestran números positivos y, a excepción de la inflación, son los mejores de los últimos siete años: pese a los pronósticos la economía sigue creciendo, las exportaciones este año van a superar los 90 mil millones de dólares, el desempleo es algunas décimas superior al 7%, todos los rubros de la industria crecen, los servicios y el comercio también, hay inversiones en casi todos los sectores.

Pero por el otro y al mismo tiempo, no solo no ha podido bajar la inflación que arrastra desde el gobierno anterior - en diciembre de 2019 anualizada fue del 53,8 % -, sino que agravó la situación -en junio anualizada fue del 64% y empeorará en julio -, sino que tampoco supo ni pudo recuperar el poder adquisitivo de los salarios que empezaron a caer en el gobierno de Cambiemos y hoy siguen en el subsuelo.

Tratar de llegar a fin de mes se ha convertido en una misión imposible para la gran mayoría de los argentinos. Los ingresos ya no solo prohíben tener algún tipo de aspiración de acceder a una mejor calidad de vida, sino que ni siquiera puede llegar a fin de mes con decoro.

Un informe del Centro de Estudios Productivos publicado días atrás indica que el salario promedio bruto registrado (quedan afuera los informales) de los trabajadores del departamento La Capital a marzo de este año es de 119.255 pesos mensuales. Los más altos se pagan en el departamento San Lorenzo con 169.092. ¿Qué idea de progreso puede imaginarse alguien con estos ingresos? Está claro que muchos ganan por encima del promedio, pero no se puede pensar un país solo a partir de los que más tienen.

Tampoco el siempre señalado tema fiscal está fuera de control, todo lo contrario. Un informe del IERAL revela que las 24 provincia terminaron el año pasado con superávit, a diferencia del gobierno nacional que concluyó con un déficit del 3% del PBI, un porcentaje que está dentro de las estrictas reglas de la UE, por ejemplo. Esta semana se informó que el déficit fiscal nacional del primer semestre del año fue del 1%.

¿Por qué esta crisis que estamos viviendo? En primer término, hay que decir que se trata de una crisis con un nivel de locura colectiva en el AMBA que no existe en el interior del país. Cualquier santafesino tiene en su cabeza las imágenes de cómo se vivieron las anteriores. Comparar la situación actual con la de la salida de la convertibilidad, para tomar la última, no es intelectualmente honesto, ni en las condiciones de la economía ni en el humor social.

Y tiene que ver con cuestiones políticas antes que vinculadas con el comportamiento de la economía, alimentadas por una crisis de representación muy peligrosa. Quienes la impulsan buscar una vez más ganar mucha plata a costa de la sociedad y poner contra las cuerdas a un presidente que se muestra débil, sin poder conducir la coalición que lo hizo llegar a la Casa Rosada, y con poca capacidad de reacción.

La semana que pasó los gobernadores del oficialismo estuvieron reunidos con la ministra de Economía y el jefe de Gabinete. Es difícil creer que solo hablaron de las dificultades de acceso a insumos importados por parte de las pymes -en nuestra región hay dificultades, pero ninguna planta ha dejado de producir- o de posibles recortes a las obras públicas nacionales -que en los hechos ya se está dando- aunque estos temas se hayan tocado. Apelando a la memoria histórica, es más probable que les hayan anticipado las restrictivas y severas medidas de recortes del gasto que se van a aplicar hasta fin de año y la salida que se tomará para ordenar el mercado de cambios, cuando la ministra regrese al país tras reunirse con la titular del FMI.