Inconstitucional falta de respeto a nuestras comunidades

Por Marcos Corach (*)

Venida con media sanción de la Cámara de Senadores (con la abstención del bloque justicialista) en la Cámara de Diputados nos preparamos para debatir la ley que declara en emergencia al Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento en la Provincia.

Esta declaración de emergencia incluye varios puntos de seria gravedad. Pero quiero detenerme en dos en particular. Y tienen que ver con la regulación que estamos reformando respecto de los municipios y comunas, y las cooperativas que prestan el servicio de agua potable en todo el interior de la bota santafesina.

Nos encontramos con un caso de manual, con una de esas decisiones que se resuelven en un escritorio con anteojeras puestas. Sin poner la mirada en cada realidad, en cada territorio, en cada comunidad. Lo vengo advirtiendo sesión tras sesión: vamos a tomar medidas que luego de años de peregrinar por la Justicia, terminarán siendo declaradas inconstitucionales.

Las cooperativas

Con esta declaración de emergencia estamos obligando a las cooperativas, que prestan el servicio de agua potable desde hace años en los pueblos, a que se conecten a los acueductos nuevos. Pongamos lo que el gobierno provincial pretende hacer en otras palabras: el Estado provincial, que durante años se recostó sobre la capacidad organizativa de los vecinos para satisfacerse el derecho humano al acceso al agua, ahora los obliga a conectarse al caño que, no está mal tampoco recordarlo, construimos durante nuestra gestión.

Nuestra provincia tiene en su eje rector al modelo económico solidario, sirva como muestra recordar que una de cada 10 cooperativas emplazadas en territorio nacional es santafesina, siendo Sunchales la capital nacional de cooperativismo. En tanto, dos de cada 10 mutuales son santafesinas, siendo Rosario la capital nacional del mutualismo.

Hace 50 años atrás, el mismo Estado que hoy los obliga a comprarle su agua potable, embarcó a esas poblaciones (sin agua) a organizarse en cooperativas, a tomar un crédito del BID a 20 años en dólares, a construir sus propios sistemas subterráneos de perforación (como hacen en la zona de influencia de Rosario con el acuífero Puelche) y a instalar plantas de ósmosis inversa en localidades de la provincia más alejadas del Río Paraná (ya que tienen mayor presencia de arsénico).

¿Se imaginan qué ocurrió con esos préstamos a 20 años en dólares con los vaivenes de la economía nacional durante los 70 y los 90?… La nota del diario El Litoral del 29 de diciembre de 1971 (cuya imagen acompaña este artículo) da cuenta que los primeros cimbronazos devaluatorios cayeron sobre las espaldas de dichas comunidades apenas transcurridos algunos meses de los empréstitos.

Hoy, cincuenta años después, viene el Estado y les dice a esas poblaciones: desarmen sus plantas potabilizadoras, sus plantas de ósmosis inversas, sus perforaciones y compren el agua que les vende la, hasta ahora, empresa provincial de agua.

¿No les parece más razonable sentarse a conversar con esas comunidades organizadas para preguntarles qué opinan? La respuesta es clara. No. Deciden que el pez grande se come al pequeño. Porque pueden.

Hay más de cien comunidades en nuestra provincia que se organizaron en un modelo cooperativo ante la ausencia del Estado Provincial, para hacer viable la vida misma en nuestro territorio. Ese derecho humano se lo auto prestaron hasta hoy las comunidades organizadas en un sistema cooperativo, sirviendo agua a familias asociadas en una tercera parte de los usuarios de Assa.

Se lo prestaron solos y solas incluso teniendo que pagar Ingresos Brutos hasta 2013 y continuar pagando hasta hoy el 21% de IVA, lo cual es otra gran injusticia, sobre todo si se lo compara con el 10,5% que pagan las empresas internacionales que venden agua embotellada en nuestro país.

Se auto prestaron este derecho humano en asociaciones en las que no existe el ánimo de lucro y con los excedentes que se generan, son los mismos socios-usuarios quienes deciden por asamblea el destino de los mismos.

Las Cooperativas de Agua de nuestra provincia hace años que vienen reclamando una ley que las regule, con esta Emergencia también le estamos dando un claro mensaje desde la política: no las tenemos en cuenta. Las seguimos dejando tiradas, que se arreglen solas como puedan.

Comunas y Municipios

El segundo punto al cual debemos referirnos es la injusta e inconstitucional pretensión de hacer responsablemente solidarios a los municipios de las deudas de dichas cooperativas con la empresa estatal Assa. Y por si fuera poco, el gobierno provincial también se arroga a partir de esta norma el poder de retener compulsivamente hasta un 5% de la coparticipación de los municipios y comunas para saldar deudas futuras y pasadas.

Es todo lo que está mal junto. Injusto, prepotente, inequitativo e inconstitucional.

No sólo el Estado Provincial se sacó de encima la responsabilidad de prestar el servicio delegándoselo a la propia comunidad para que se lo auto preste, sino que ahora también pretende retener, ilegalmente, los fondos de coparticipación a los municipios y comunas para que se hagan cargo de la deuda que ha generado con Assa la cooperativa de dicha localidad.

¿Por qué no le cobramos a la Municipalidad de Santa Fe o de Rosario las facturas impagas de los usuarios a Assa? ¿Las pérdidas de agua, las roturas, las conexiones clandestinas, los barrios enteros sin medidores en las grandes ciudades por qué no se las cobran a los intendentes de esas localidades? ¿Las pérdidas de Assa como distribuidora de red a los hogares quiénes las terminan solventando?

¿Conocemos el estado patrimonial de las cooperativas más endeudadas? ¿Analizamos el impacto que le provocará a municipios y comunas este manoteo de coparticipación?

Después de los tarifazos que aplicaron a la venta de agua a granel para las cooperativas… ¿Analizaron cuánto terminará siendo el impacto final a las boletas que llegan a los hogares? ¿Analizaron en cuánto se incrementará el nivel de caída en la recaudación que tendrán por dicho tarifazo en plena recesión económica?

Una vez más, decisiones que se toman desde un escritorio, pensando que la historia comienza cuando un funcionario asume un cargo. Decisiones que van a salir con una mayoría automática que no representa la realidad de los vecinos que viven allí, a donde el Estado no ha asistido durante décadas. Sin consultas, sin escuchas, y lamentablemente hay que decirlo una vez más, sancionando una ley a las apuradas, que luego tendremos que enmendar ante el tirón de orejas de la Justicia y las injusticias particulares que vivirá cada localidad afectada por esta afrenta.

(*) Diputado provincial (PJ)