El Frente Progresista y la seguridad

Mario Cáffaro mcaffaro@ellitoral.com Maximiliano Pullaro se puso como objetivo central de la gestión en el Ministerio de Seguridad lograr el control político de la Policía. Más de una vez ha señalado que la política de seguridad la define el gobierno y no la Policía. La decisión y la obsesión por hacerla cumplir le trae choques y problemas con una fuerza demasiado acostumbrada a autocontrolarse e imponer sus condiciones al poder político. Con fuerte respaldo del gobernador, Miguel Lifschitz, sigue adelante con su tarea enfrentando a la vez altos índices de delito. No obstante, algunos indicadores de Rosario empezaron a tener un giro con respecto a años anteriores. Tal vez no amerite la difusión especialmente cuando en la semana se sucedieron homicidios de alto impacto mediático, pero le permiten a la gestión tener razones suficientes para seguir la senda trazada. En pocas semanas vendrá la aplicación en Santa Fe del sistema de patrullaje por cuadrículas en reemplazo del esquema actual de comisarías como ya se hace en Rosario. El objetivo es llevarlo a otras diez grandes ciudades para mejorar el control de la calle. El Frente Progresista llegó al gobierno en 2007, huérfano de políticas de seguridad. Daniel Cuenca intentó esbozar un proyecto y al poco tiempo renunció por problemas de salud que lo alejaron tempranamente de los primeros lugares de la política santafesina. Entonces, Hermes Binner intentó una doble cabeza política - policial pero voló por los aires cuando desde el propio Ministerio de Seguridad cuestionaron a un jefe policial retirado elegido para la tarea. Alvaro Gaviola y Enrique Font intentaron conducir la fuerza policial mientras Hugo Tognolli descollaba con imponentes incautaciones de cargamentos de drogas en diversas zonas de la provincia. La gestión de Antonio Bonfatti volvió a la receta de un ministro de alto perfil político. Así llegó Leandro Corti quien también se fue a los pocos meses tras ser desautorizado por el gobernador sobre los alcances de la autorización de un partido de fútbol. El gobernador entonces recurrió a Raúl Lamberto quien hasta entonces había sido la principal espada legislativa del socialismo para temas varios, pero nunca la seguridad. Enseguida le estalló el escándalo Tognolli, ya jefe de Policía, y la fuerte embestida del gobierno kirchnerista. La Legislatura impuso la emergencia en seguridad que Bonfatti vetó en gran parte y dejó el título. La cintura de Lamberto permitió sortear el vendaval político pero la seguridad hizo agua por todos lados. La emergencia permitió gastar mucho dinero en elementos para el trabajo policial. La gestión llegó boqueando. Lifschitz confió en Pullaro quien siempre ha dicho que no permanecerá cuatro años porque sería inhumano. El censo y el manejo de “cajas” por parte del Ministerio y no de la Policía generó varias fricciones. Primero se fue Rafael Grau en quien nunca confió Pullaro. Luis Bruschi fue la siguiente deserción. El ministro respeta la tarea policial del licenciado jefe quien en varias oportunidades pidió ser relevado de la función aduciendo no tener la suficiente autoridad ante la fuerza. Uno de los primeros chispazos surgió al dispararse los pagos de Ospe (horas extras del personal). “Las designaciones que hizo Bruschi en las departamentales fueron muy buenas y permitió llevar tranquilidad a muchas zonas de la provincia”, dicen en el Ministerio al lado del ministro. Llega José Luis Amaya quien será confirmado en días más como jefe de Policía pero el interrogante sigue abierto.