El manejo arbitrario de costos y precios desde un escritorio público cargado de ideología, que ve en un empresario a un ser insaciable de ganancias, que con su actitud conspira contra la estabilidad del mercado y, por ende, contra la paz social, es un cliché demasiado trillado, cuya machacante utilización ha sido eficaz para destruir la economía. Que hay empresarios de conductas objetables es una verdad de Perogrullo. Lo mismo puede decirse de sindicalistas, dirigentes sociales, políticos, jueces, profesionales… y sigue la lista. Pero la incontrastable evidencia de que existen personas insaciables y proclives a las conductas ilícitas, dista de tener el volumen y la consistencia de una ley general. A conductas torcidas debería corresponder una Justicia recta, capaz de enderezar comportamientos reprochables. Pero para que las cosas funcionen de esa manera, como lo prevén las instituciones, la ley debería respetarse. Y este es el gran problema, porque el primero en transgredirla, forzarla, manipularla, es el gobierno que juró honrarla.