El caso argentino es muy claro. Antes de que existiera el Banco Central de la República Argentina la tasa de inflación anual era del 1,03% anual. A su vez, en los diez años posteriores a su creación la tasa de inflación saltó a 6,05% anual. Luego de la estatización durante el gobierno del General Juan Domingo Perón, la inflación hasta 2025 promedió un 63,2% anual. Es más, este promedio geométrico no fue homogéneo a lo largo de la historia. En el período 1946-1974 fue del 29,7%. En el lapso 1974-1991 trepó al 312,8% y ello derivó en La Ley de Convertibilidad, la cual logró bajar la tasa de inflación al 8,2% anual durante los diez años que estuvo vigente. Sin embargo, la idea de restringir el uso fiscal de la emisión de dinero (algo permitido hasta que la posición en títulos públicos del Estado no superara un tercio de la base monetaria) no era del agrado de la política. Así, durante 2002 se terminó con la convertibilidad bajo la premisa que esta vez sería diferente y que la política monetaria sería conducida racionalmente. Más allá de la estafa que implicó sacar el respaldo a los pesos, la que a dólares de hoy asciende a unos US$ 30.000 millones, la racionalidad progresista nos trajo una inflación del 168.580,3%, esto es, una inflación anual del 36,3%. Sin embargo, en función de lo que sucedió a lo largo del siglo XXI se deparaba un peor desenlace que el del período 1974-1991, ya que podemos observar que Néstor Kirchner dejó la misma inflación que recibió pese a la tendencia decreciente heredada, al tiempo que Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández dejaron a su sucesor una inflación mayor a la heredada.