El operador político, una omnipresencia que socava la república

Los asuntos que conciernen a la cosa pública en nuestro país tienen sus marcos normativos claramente identificables. Desde la Constitución nacional pasando por las leyes y, luego, las normas reglamentarias, está estipulado quiénes están a cargo de la toma de decisiones y cómo se arriba a ellas, con competencias bien delimitadas dentro de cada uno de los tres poderes del Estado y también entre sí. Hay procedimientos delineados en las normas, tanto a rasgos generales como al detalle, a fin de que sean respetados.

Si bien todo ello surge con cierta claridad, se advierte que hay comportamientos ajenos a lo allí previsto que los convierten en una mera formalidad, en una puesta en escena de algo que ya fue resuelto de antemano. Los procedimientos reglados sólo se realizan con posterioridad para que el acto en cuestión alcance la validez. Son sólo una apariencia en donde no se pone en juego la suerte del asunto, el cual se conformó de otra manera fuera del ámbito institucional.

En esta construcción paralela, tiene un destacado protagonismo un personaje que se mueve en las sombras del poder: el "operador político". Es el armador detrás del poder visible, el encargado de lograr objetivos concretos, como la sanción de una ley, una decisión ministerial o el dictado de una sentencia. No se maneja con las instituciones, sino con personas. Para él la división de poderes no existe, su movimiento sólo está limitado por quienes lo aceptan o no recibirlo.

Se trata del ejercicio "informal" de la política, es que más allá que el operador pueda ocupar cargos de segunda línea o de asesoría, los asuntos en que interviene son propios del nivel más elevado en el Estado. Esta informalidad requiere, necesariamente, ciertas cualidades en él. Bajo perfil y discreción, en tanto busca pasar inadvertido. No sólo no tiene votos propios, sino que es desconocido para la sociedad en su mayoría. Sus negociaciones se realizan fuera de los recintos y oficinas institucionales. Lo habitual son las reuniones en bares, cafés y restaurantes, como a su vez, la comunicación a través de mensajes y llamados telefónicos.

La omnipresencia en todo el proceso del acto que se desea concretar, es una característica del "operador político". Está presente para lograr su influencia en cada uno de los eslabones previstos por las normas. No deja nada librado al azar, pretende manipular todas las instancias necesarias para moldear voluntades hacia el logro de un objetivo. Con el texto redactado de un proyecto de ley, inicia las idas y venidas, el "toma y daca" en el cabildeo con los legisladores, participando de un lado y el otro del mostrador. Indudablemente, esta ubicuidad es una de sus principales cualidades, está en todos los lugares en que el poder formal existe. Y, dentro de ellos, se mueve con una indispensable transversalidad para sus propósitos.

Lo que le permite ser un "operador político" es el poder que representa. Su gestión y palabra remite a un poder político concreto, "habla en nombre de…", ya sea el presidente de la nación u otro cargo de trascendencia de los otros poderes del Estado. La confianza que deposita un Presidente en el operador es central, expresó la socióloga Mariana Gené, pues "garantiza que pueden cumplir aquello que acuerdan, ya que cuenta con un aval implícito para realizar esas negociaciones y asegurar esas decisiones" (en "El trabajo de los armadores políticos en Argentina: desafíos, instrumentos y competencias para el detrás de escena", año 2018).

Hay una lealtad indispensable del "operador político" a quien posee el poder visible y legítimo. Aunque es una lealtad que tiene un valor circunscripto y temporario. Está circunscripta a su espacio político, o más aún, sólo a su referente, a quien responde y representa. Lo temporal obedece a que una vez que el poderoso pierde vigencia, pronto sus servicios son ofrecidos o requeridos por un nuevo.

La existencia del operador requiere, entonces, que quienes ocupan los cargos con legitimidad democrática lo invistan de poder, para alcanzar objetivos que no pueden lograr a través de los carriles formales. Aunque se llegó al punto en que esta informalidad política se volvió la regla, incluso para los asuntos que podrían resolverse sin la manipulación que importa este proceder. Actualmente, la idea es que todo esté "cocinado" antes de iniciarse el debate o procedimiento previsto.

Para alcanzar los objetivos, el operador se convierte en el arquitecto encargado de hacer confluir las diversas voluntades a través de lo que se suele denominar "la rosca política". Es el espacio informal donde despliega su astucia. En este ambiente goza de muy buena consideración, pues entienden que con sus negociaciones cumplen un rol: imponer una propuesta o buscar un equilibrio entre las existentes, garantizar la gobernabilidad con un intercambio de favores o beneficios y, esencialmente, mantener en el poder a aquellos que lo ejercen.

El operador nunca comparte con quienes trata toda la información, evita que el otro deduzca su intención y le traiga problemas. Sobre lo esencial del asunto, dice poco, lo justo y necesario, pero lo hace parecer como si fuese la información completa. De esa manera, logra que sus "operados" se sientan una pieza trascendente en un asunto de Estado. Hay un deseo irresistible de sentarse -al costo que sea- en la "mesa chica", el lugar donde se toman las decisiones trascendentes.

La visibilidad pública, la luz del día, no es favorable a la labor del "operador político", por lo cual, carece de sentido práctico que ocupe un cargo público relevante. Si fuera presidente, senador, diputado o juez, no podría desplegar con soltura los movimientos inescrupulosos de su conducta. La exposición de esos cargos y las atribuciones que poseen, torna casi imposible la gestión de entretejer las voluntades de los otros para un fin político. Pero más allá de lo fáctico, desde el punto de vista legal, además estaría incurriendo en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La constante conducta manipuladora del operador, más el estrecho período de vigencia y plenitud política dada por el mandato que cumple su referente, lo lleva a un aprovechamiento del tiempo voraz y obsesivo, tornándolo -ineludiblemente- en un ser inescrupuloso, ajeno a poseer recelo alguno en su conciencia sobre si lo que hace es bueno desde un punto de vista moral. Para él, el fin justifica los medios. Así, maneja información clave y hace sentir que tiene capacidad de daño, desde movilizar áreas del Estado a fin de presionar, hasta utilizar los medios de comunicación como un arma, a través de la revelación de secretos y denuncias que pueden afectar a otros.

Todo lo descripto debe ayudar a evidenciar que esta práctica informal, esta "rosca política", no tiene un marco de legalidad y choca con la moral pública deseable para el tratamiento de los asuntos de Estado. Es lamentable escuchar con frecuencia, entonces, que es un modo válido y necesario de ejercer la política. No cuesta mucho darse cuenta que son gestiones que se mueven en una clara clandestinidad y que vacían de contenido a los procedimientos previstos en las Constituciones nacional y provinciales y las leyes. Para nada son prácticas políticas inocuas.

El "operador político" carece de legitimidad democrática. Los que deben actuar y decidir en los asuntos que conciernen a la cosa pública, a través de los mecanismos previstos, son los que poseen el poder formal y fueron elegidos legítimamente. Si cada uno de los que ocupan los cargos públicos de los tres poderes del Estado, cumplieran cabal y fielmente sus funciones, no habría lugar para estos personajes, que cada día con su accionar corroen y socavan la república.