Si funciona no se toca… ¿O sí?

En la Cámara de Diputados de la Nación se escucharon recientemente opiniones sobre la modificación del instrumento de votación, las ventajas y críticas a la boleta única, que en el mundo surgió en 1858, es utilizada por casi todos los países, y desde el año 2011 en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Es importante recordar que la Boleta Única no es ni la solución de todo, ni la culpable de todo: la crisis de los partidos políticos, la gran cantidad de listas en la oferta electoral, las listas cerradas o sábana, la personalización, los outsiders y la farandulización de la política, no son cuestiones que puedan asociarse directamente a la boleta única y que también se observan con la utilización de la boleta tradicional o partidaria, porque son cuestiones de las que no es responsable el instrumento de votación. Pero sin dudas, todos estos aspectos deben considerarse al momento de decidir una modificación al sistema electoral, en el que seguramente, de algún modo, tendrán un impacto más o menos previsto, más o menos beneficioso.

De la boleta única ya conocemos sus virtudes: reduce la posibilidad del robo, ocultamiento o faltantes de boletas en los cuartos oscuros; equilibra la cancha; asegura la presencia de toda la oferta electoral y garantiza el derecho a elegir y ser elegido, además de reducir los costos y también el impacto ambiental que significa la impresión de sólo una boleta por elector, a diferencia de las boletas partidarias que se calculan en varias veces el total de electores del padrón electoral por cada lista presentada.

El diseño es muy importante y, por ello, requiere definiciones generales: todas las categorías juntas (al modo cordobés) o una boleta por categoría (a la santafesina) con o sin casillero de voto por lista completa y de voto en blanco, con o sin fotos, por citar algunos aspectos presentados en las exposiciones y de los que venimos hablando reiteradamente.

Las modificaciones a las normas electorales no son inocentes, ni inocuas o desprovistas de cálculos políticos partidarios, aunque también es cierto que a veces estos cálculos fallan. Por ello, es importante que quienes tienen en sus manos esta decisión, privilegien el interés de la ciudadanía y esta posibilidad de mejorar el instrumento de votación, priorizando la construcción de consensos y dejando de lado las posturas extremas, sólo asociadas a la grieta que nos hunde en permanentes enfrentamientos.

El sistema electoral argentino no presenta graves denuncias, fue considerado "robusto" y sin problemas de legitimidad, también se dijo que hay problemas más graves que resolver en nuestro país. Claro que sí. Hay muchos temas importantes y urgentes, pero también debe preocuparnos mejorar la calidad de los sistemas electorales que en definitiva también redundan en calidad institucional y legitimidad democrática, particularmente cuando tenemos la oportunidad de debatirlo en un año no electoral (aunque evidentemente ya en aprestos de campaña).

En mi opinión, las instancias de aportes de la ciudadanía, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, politólogos, abogados, autoridades electorales, entre otros, requieren un tiempo adecuado, un espacio de trabajo con intercambios y debates que superen el monólogo y la mera escucha de ellos en varios y largos martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El verdadero desafío parece ser la construcción de sólidos consensos que permitan una modificación que pueda aprovechar las experiencias de todo el mundo y de las provincias argentinas, que además considere las particularidades de los distritos electorales que celebran elecciones simultáneas, siendo necesario revisar y adecuar la Ley Nacional N°15292, de Simultaneidad, que data del año 1959, así como cada gobierno subnacional debería considerar la necesidad de adecuar sus normas. Al respecto, es tal vez oportuno proponer que la implementación pueda realizarse salteando un turno electoral, debido a la complejidad de estas tareas que no sólo involucran presupuestos, gestiones y diseños operativos y logísticos, sino también difusión y capacitación en todo el país.

Merecemos, de nuestros representantes en el Congreso de la Nación, una decisión acorde a lo que esperamos, que no nos prive de una mejora al instrumento de votación que ha demostrado su eficiente utilización, que cuenta con la aprobación general de la ciudadanía, brinda autonomía al elector al momento de decidir y garantiza la equidad en la competencia y el derecho a elegir y ser elegido. El sistema funciona, pero puede ser mejor, y eso sería bueno para la calidad institucional de nuestra democracia. No merecemos menos.

Claudia Susana Catalín, abogada, especialista en Gestión Estratégica de Organizaciones Públicas, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. Cursado aprobado de la Maestría en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, UNL. Especialización en Derechos Políticos y Electorales, Facultad de Ciencias Jurídicas, UBA. Miembro Honorario del Foro Federal de Organismos Electorales, Ex secretaria electoral de la provincia de Santa Fe (febrero 2011-febrero 2016).