Autopista: Ciancio defendió la contratación directa

Ivana Fux - ifux@ellitoral.com

El ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, defendió hoy la decisión de contratar en forma directa a dos empresas para que se hagan cargo de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario hasta fin de año. El contrato prorrogado con la actual concesionaria Aufe vence esta noche, y si bien los funcionarios del área habían adelantado en la Cámara de Diputados que la provincia asumiría transitoriamente el servicio, a último momento optaron por contratar a dos empresas privadas: Supercemento y Edeca S.A.

“Ante los legisladores dijimos que dejar el servicio en manos de la provincia era una de las opciones que se analizaban. Pero esa salida resultó muy compleja desde el punto de vista administrativo porque debíamos tomar al personal y después sacarlo. Teníamos que contar con equipos, obradores, servicios de emergencia, con toda una infraestructura que no tenemos. Así llegamos a esta instancia (la de la contratación directa) que resultaba menos onerosa para la provincia y para el usuario, y que estaba dentro de las condiciones legales permitidas. Esto es una transitoriedad, que se da por efecto de las circunstancias”, justificó Ciancio en diálogo con El Litoral.

El ministro confesó que, en realidad, la pretensión oficial era lograr una nueva prórroga -la tercera- con Aufe, pero la negociación fracasó hace diez días.

“Quisimos hacer una continuidad. Pero no llegamos a un acuerdo porque pretendían dejar de pagar el canon, aumentar la tarifa de manera escalonada y concluir la concesión sin responsabilidades, es decir, sin que se analizasen posibles sanciones por incumplimientos. A partir de ese momento, buscamos otras empresas”, manifestó.

Sobre cómo llegaron a las dos firmas contratadas -ya que no existió ninguna convocatoria pública-, Ciancio dijo que las eligieron “de un grupo de firmas locales y nacionales”; y respecto de por qué no se hizo un concurso de precios, respondió que porque “no había tiempo”.

“Son las circunstancias las que nos obligaron a tomar esta decisión. Yo hubiese preferido licitar en tiempo y forma antes de que terminara la concesión pero eso no se pudo. También hubiese preferido una nueva prórroga con Aufe, pero ante su negativa, creímos que ésta era la mejor solución”, argumentó.

Legalidad

Ciancio insistió en defender la legalidad de la medida. “Buscamos asesoramiento jurídico y de la Fiscalía (de Estado) para darle transparencia a la cuestión. Eso es una tranquilidad y por eso avanzamos. Tenemos el convencimiento de que con ese dictamen estamos cubiertos. Tal vez alguien tenga otros intereses, pero acá no hubo desidia ni mala voluntad. Tuvimos que tomar una decisión por imperio de la realidad para cubrir este bache”, aseveró.

Según adelantó, el personal de la actual concesionaria (200 trabajadores) que fue despedido e indemnizado, será reabsorbido por las dos empresas contratadas, y posteriormente, por la que gane la licitación. A propósito, adelantó que mañana se publicará en los diarios provinciales el llamado a licitación para definir quién se hará cargo del servicio de manera definitiva.

La promesa de licitar el servicio arrancó prácticamente con la actual gestión. Ciancio intentó explicar por qué no llegaron a tiempo. “Haciendo un poco de historia y por el escenario nacional, vimos que no había posibilidades de licitar porque no había oferentes. Después la Nación concesionó los principales corredores y quedaron algunas empresas por fuera de esta selección. Ahí apareció la posibilidad de reflotar esta licitación pero paralelamente se fue terminando el contrato con Aufe. Lo ideal hubiera sido que esta empresa siguiera un período más, pero no hubo acuerdo”, reiteró.

Ciancio dijo que la relación con las dos empresas contratadas será en iguales condiciones a las mantenidas con Aufe. Ello implica el pago de un canon, el cobro del peaje y el mantenimiento de la vía. “Creemos que no cambia nada ni para los usuarios ni para la autopista”, sostuvo.

Respecto de la licitación, confirmó que se plantea una concesión por diez años. La empresa ganadora deberá garantizar las fuentes laborales y hacerse cargo de la repavimentación íntegra del corredor.

El ministro dijo que también se ha evaluado el comportamiento de Aufe a lo largo de estos últimos quince años. Adelantó que se detectaron “falencias”, sobre todo por el incumplimiento de obras, que redundarán en las correspondientes multas.

Pedirían interpelación

El diputado justicialista Luis Rubeo recordó que “desde agosto de 2008, cuando el gobernador aumentó por primera vez el peaje de la autopista, advertimos a través de sucesivos pedidos de comunicación, que no tenían plan alguno para la principal ruta de la provincia”.

Advirtió que “la única intervención que tuvo el gobierno en estos dos años y medio fue permitirles dos aumentos de tarifa que llevaron el precio de 1,80 a 3,50 pesos. Sabían desde que asumieron que el contrato vencía en noviembre del 2009, sin embargo, llegó la fecha y comenzaron las prórrogas y los nuevos pliegos nunca llegaron”.

Rubeo recordó que “hace un mes y medio, cuando el ministro fue citado por la Cámara de Diputados para discutir el futuro de la concesión de la autopista, aseguró en forma categórica que la salida que estaban analizando pasaba porque la provincia se hiciese cargo del servicio provisoriamente”, hasta tanto estuviese concluido el proceso licitatorio, que pretende compulsar nuevamente el servicio y concesionarlo por otros diez años.

“Ahora -advirtió-, nos despachamos que el ministro nos estuvo mintiendo todo el tiempo, ya que habría estado negociando hasta la semana pasada la continuidad de la empresa Aufe, y ante el fracaso de esa negociación, no tuvieron mejor idea que darle la concesión en forma directa a dos empresas que discrecionalmente eligieron”.

Rubeo planteó así su “malestar”, y aclaró que sin adelantar un juicio de valor, “no podemos menos que sospechar de esta actitud solapada del gobierno provincial”. El legislador dijo que “en los próximos días y ya con el decreto pertinente publicado, no descartamos interpelar al ministro y exigirle una explicación pública de su comportamiento y de la decisión política del gobierno”.