Barraguirre habló de descontrol policial, y el gobierno se enojó

Ivana Fux
ifux@ellitoral.com

El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, dijo ayer públicamente que “la inteligencia criminal de la policía está quebrada” en Santa Fe, y que existe en la provincia “un problema de conducción política en la Policía”. Las afirmaciones hicieron blanco en el Ministerio de Seguridad y operaron como una patada al tablero, aunque la falta de subordinación policial al poder político ya había sido advertida al gobierno por sus propios socios de la Unión Cívica Radical. Esta mañana, el gobernador Antonio Bonfatti presidió un acto de firma de convenio con el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, pero ambos evitaron el contacto con la prensa. Quien sí respondió a los periodistas -y por su intermedio- a Barraguirre, fue el ministro de Gobierno, Rubén Galassi.

“Con respecto a las declaraciones públicas del procurador, creo que lo mejor que podemos hacer en función de la realidad que vivimos es cada uno ocuparnos de lo que nos corresponde y tratar de hacerlo bien; dejar de buscar la paja en el ojo ajeno y ocuparnos claramente de las responsabilidades que cada uno tiene. Estamos trabajando como ningún gobierno para reformular la Policía, y justo el único gobierno que está afrontando incluso con consecuencias dolorosas este problema es el que más críticas recibe. Lo lamento por quienes adoptan esta posición crítica; nosotros le decimos a la población que vamos a seguir trabajando por mejorar la Policía”, sostuvo.

—¿Ud. cree que la Policía está haciendo bien las cosas? -le preguntaron.

—Nosotros estamos trabajando. Si me dicen que hemos resuelto el problema, claramente que no. Estamos en un problema. Ahora, ¿quién tiene la solución mágica? Para encontrarla, hay que trabajar todos los días. Ud. podrá estar de acuerdo o no con los resultados, pero nadie puede decir que no estemos trabajando para cambiar la policía.

—En una reciente reunión del Frente Progresista -recordó El Litoral-, la UCR hizo este planteo sobre una fuerza policial sin control político. ¿No es entonces desde el gobierno que no se quiere reconocer el problema?

—Nosotros estamos trabajando, y no es suficiente por los resultados que se han conseguido hasta ahora. Pero estamos en el camino correcto. Desde afuera a veces es fácil tener recetas, desde miradas políticas o incluso desde la sociedad.

—El radicalismo es parte del gobierno; no está afuera... -advirtió este diario.

—No escuché que lo dijeran públicamente. Si Ud. me habla de trascendidos que publicó su diario, me gustaría escucharlo por boca de alguien, no por trascendidos. Sobre trascendidos no opino.

—También lo dijo públicamente el intendente de Santo Tomé...- planteó otro colega.

—Es el intendente de Santo Tomé, no un miembro del Poder Ejecutivo. No voy a contestar de a una las opiniones de cada persona. Yo no voy a ir a opinar sobre cómo están las calles de Santo Tomé. Serán los santotomesinos los que juzguen esa gestión, como serán los santafesinos los que juzguen en el 2015 si lo que hizo este gobierno fue bueno, malo o no. Lo que le digo a la población es que estamos trabajando para brindar mejor seguridad, para cambiar la Policía. Claro que ante los hechos cotidianos todo esto parece insuficiente. Con el diario del lunes todos tienen opiniones y la respuesta para cada problema. El gobernador asume claramente la responsabilidad que tiene y todos los días nos marca metas a cumplir y estamos trabajando en eso.

—¿Admiten resistencia en algún sector de la policía? -se le preguntó.

—Claramente que hay resistencia. No sólo resistencia a los cambios. Lamentablemente hay complicidades con el delito, por eso hay policías detenidos, pero nunca hemos puesto la basura debajo de la alfombra. Como gobierno, vamos a seguir combatiendo la corrupción esté donde esté.

—¿Hay alguna resolución que pueda adoptar el gobierno por la tenencia de celulares en las cárceles? -consultó otro periodista.

—Hubo decisiones que adoptó la Justicia en colaboración con el Servicio Penitenciario y se hicieron allanamientos en las celdas. También en esto hay que se claros; no hay una disposición legal que establezca la prohibición de las comunicaciones de los presos. Entonces, cuando eso esté claro, uno podrá accionar. No vamos a permitir que un preso tenga una logística para que pueda operar en una celda como si estuviera en libertad; esas medidas se van a adoptar, pero después, creo que el resto de las medidas ameritan responsablemente un análisis más profundo.

—Hay un decreto de 2011 que reglamenta la adhesión de la provincia a la ley nacional que los prohibe (ver aparte)... -planteó El Litoral.

—Sé que hay una ley nacional que establece mecanismos restrictivos pero no conozco, y sería imprudente si yo entrara en una afirmación. Si es así, el Servicio Penitenciario tendrá que dar cumplimiento a ello. No estamos diciendo que avalamos que estén los celulares, digo que hay que establecer los mecanismos para las restricciones.

—¿Se prevén cambios en las fuerzas policiales y penitenciarias?

—Somos un gobierno donde nadie está atado a su puesto. No vinimos acá a buscar trabajo, sino a tratar de cambiar la sociedad. El gobernador nunca confirma ni desestabiliza a nadie. En la medida en que vayamos gobernando, los cambios son parte de una gestión de gobierno. Hoy, por las palabras del propio gobernador, no tiene en mente formular ningún cambio de trascendencia.

—¿La investigación criminal de la policía está quebrada?

—Muchas veces la investigación policial sigue directivas del Poder Judicial. Creo que tenemos que tratar de mejorar los resultados, sin estar buscando en qué falla el otro, sino viendo cada uno desde su lugar cómo le damos respuesta a la población. Lo peor que podemos estar haciendo desde los poderes del Estado es estar contándonos las costillas en vez de que cada uno aporte desde su responsabilidad institucional y desde su conocimientos específico cómo mejorar la realidad.

>>> 190

En el marco de la polémica de las escuchas, ayer se llevó a cabo una requisa parcial en la cárcel de Coronda, que permitió secuestrar 190 teléfonos celulares y computadoras. El procedimiento solamente abarcó los pabellones llamados “iglesias”, y no llegó todavía a los considerados más conflictivos.