Busatto le pidió una audiencia al Procurador General de la Nación

El presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados la provincia, Leandro Busatto, le solicitó por escrito al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, una entrevista y que se haga presente en la ciudad de Rosario "en carácter de responsable del diseño y ejecución de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, para explicar cuál es la estrategia en la investigación de la narcocriminalidad y los delitos que derivan de esa actividad".

En una nota de tres carillas a las que accedió El Litoral, señala el santafesino que si bien es importante la implementación de manera gradual en distintas provincias del procedimiento acusatorio en la justicia federal, la gravedad de lo que ocurre en Rosario requiere medidas urgentes. "Le solicito que contemple la inmediata designación de un cuerpo de auxiliares fiscales para que sean distribuidos entre las distintas fiscalías federales de nuestra provincia con el propósito de dotar de mayor eficacia y eficiencia la persecución e investigación del narcotráfico". Busatto le dijo a El Litoral que esa "es una decisión que Casal puede tomar ya, sin acuerdo del Senado".

En la nota, reclamó también la creación de una Unidad Fiscal especializada. "Debe estar bajo la órbita de un fiscal federal con trayectoria, y su función principal debe ser supervisar y coordinar la actuación de los fiscales que lleven adelante las causas más importantes. La Unidad se haría cargo de las causas más relevantes de narcocriminalidad en Rosario. No puede ser que no exista articulación de esas causas. Si en muchas de ellas se repiten nombres y organizaciones, se necesita abordarlas de manera coordinada, no individualmente", advierte en la nota.

"Le solicito que me conceda una audiencia con carácter urgente para que se me informen los lineamientos políticos criminales que en su carácter de máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Nación ha establecido para la persecución penal de las organizaciones delictivas narco criminales que operan en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario", comienza la nota remitida al jefe de los fiscales federales.

"Como es de público y notorio conocimiento, en esta última década nuestra provincia viene atravesando un complejo y delicado panorama en materia de seguridad y justicia, que especialmente se ha profundizado en la ciudad de Rosario con el accionar de diversas estructuras criminales dedicadas a la comisión de delitos de competencia federal, tales como el narcotráfico, lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes, y otros delitos conexos a estos", le relata.

"La severidad de este cuadro de situación reclama que todos los actores políticos e institucionales con misiones y funciones concernientes a la seguridad pública y a la persecución, investigación y juzgamiento del crimen organizado, aúnen esfuerzos para revertir este estado de cosas de manera inmediata, y con acciones concretas", agrega.

Insiste que "sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el Estado Público Provincial, resulta imperioso el fortalecimiento de la labor del Ministerio Público Fiscal de la Nación en nuestra provincia -en especial- en las ciudades de Santa Fe y Rosario-, a fin de incrementar la actividad investigativa orientada a desarticular el funcionamiento de las organizaciones narco criminales". Advierte que "la implementación del procedimiento acusatorio en la justicia federal se viene realizando de manera gradual en las distintas jurisdicciones provinciales. Hasta que ello ocurra en la provincia de Santa Fe, razones de necesidad y urgencia nos imponen adoptar medidas realizables en un corto plazo que vayan en sintonía con el espíritu del Código Procesal Penal Federal (Ley Nro. 27.063)".

Lewandowski

En la misma jornada del plenario de dos comisiones de Diputados, el senador Marcelo Lewandowsky se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En redes sociales, el representante santafesino en la Cámara Alta informó que "intercambiamos visiones sobre la situación de la provincia y coincidimos en la imperiosa necesidad de avanzar en la aprobación de los pliegos para cubrir los cargos vacantes en la Justicia Federal con asiento en Santa Fe".

Violencia en los territorios

Para actuar de manera urgente sobre las situaciones de conflicto que se viven en los barrios del gran Rosario y otras ciudades de la provincia, el diputado socialista Esteban Lenci, solicitó al gobernador Omar Perotti que proponga el tratamiento en sesión extraordinaria de un proyecto sobre un abordaje integral y multiagencial de las violencias en los territorios. "Este gobierno provincial que tiene las herramientas para abordar de manera integral los conflictos abandonó los territorios y es urgente poner en marcha un plan de pacificación para bajar la violencia", señaló.

La iniciativa del diputado apunta a la creación de la Agencia Provincial de Prevención y Reducción de las Violencias (APPRV), un espacio institucional con autarquía administrativa y financiera para profundizar la implementación de políticas públicas que prevengan y disminuyan los distintos tipos de violencias.

"Es indispensable recuperar el territorio que el Estado provincial abandonó a partir de 2019, desde que comenzó esta gestión. El cambio de enfoque que proponemos integra al Ministerio Público de la Acusación (MPA), al gobierno provincial y a los gobiernos locales en un abordaje organizado, articulado y con recursos", puntualizó.

Lenci detalló que "se trata de retomar y reimpulsar el abordaje que existía en la provincia de Santa Fe en tiempos del Plan Abre, y de programas como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, que lamentablemente se discontinuaron en la actual gestión y que es urgente retomar".

Para acelerar el Código

El diputado nacional Roberto Mirabella, presentó junto a su par formoseño Fernando Carbajal un proyecto de ley para agilizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país, que le permitiría a la Justicia Federal bajar en un 50% los tiempos de resolución de las causas penales.

En pocas palabras, la iniciativa propone la implementación más rápida del nuevo Código Procesal Penal Federal y establece como fecha máxima para lograrlo el 1 de enero de 2026. De acuerdo con datos oficiales, la aplicación de esta norma permite reducir los tiempos de actuación de la Justicia Federal en un 50%, por lo que el promedio de duración de las causas pasaría de 6 a 3 años aproximadamente.

Hoy, la implementación del nuevo Código depende de una Comisión Bicameral creada con ese fin en el año 2014 mediante la Ley 27.063. Luego de 9 años, la Comisión sólo logró la efectiva aplicación de la norma en las provincias de Salta y Jujuy, con muy buenos resultados. El proyecto presentado por los legisladores habilita la implementación anticipada del nuevo Código por parte del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Justicia y a la Procuración General de la Nación. Sin embargo, las autoridades no podrán excederse de la fecha máxima establecida, a inicios de 2026.

Además, la iniciativa dispone que aquellos artículos del Código referidas a la mayor agilidad de los procesos en curso se aplicarán a todos los juicios orales iniciados por la Justicia Federal luego de la sanción de la ley.