"Cerrar el grifo de la droga es la clave": la mirada de Alurralde sobre narcotráfico y justicia

Narcomenudeo y narcotráfico; reforma constitucional y nuevo código penal; cárceles y políticas criminales, fueron algunos de los temas a los que se refirió el juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, en entrevista con El Litoral.

“Actualmente tengo tres juzgados federales a cargo. El de Reconquista y los federales 1 y 2 de Santa Fe capital” -como subrogante-, señaló desde su despacho del primer piso del desgastado edificio de 9 de Julio y Monseñor Zaspe.

Aunque reconoce que “no es lo óptimo”, sabe de la crisis de magistrados que atraviesa la provincia de Santa Fe, donde actualmente se encuentran en ejercicio “cuatro jueces titulares para once juzgados federales”. Bajo este panorama, “todos los jueces de la jurisdicción están subrogando como mínimo dos juzgados”, aclara.

—A casi dos años de su implementación, ¿Cómo analiza que la provincia se haya hecho cargo del narcomenudeo?

—Mi análisis es favorable. Hoy hay más actores trabajando y eso siempre es positivo. La provincia tuvo una actitud muy valiente: podría haber dicho que era un problema de la Nación, pero decidió involucrarse. Cuando el poder se concentra en manos de un solo magistrado o un solo poder del Estado, se facilitan posibles corrupciones. En cambio, cuando distintos actores intervienen en la misma materia, aunque a distintas escalas, hay controles cruzados. Sobre todo porque el narcotráfico no distingue entre jurisdicciones, provincias o fronteras; por eso es bueno que todas las instancias trabajen en conjunto.

“El punto débil”

—A propósito, el Gobierno nacional anunció el Plan Paraná para fortalecer los controles en la hidrovía. ¿Qué opinión le merece?

—Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: los controles al transporte de droga son los más efectivos que existen. La droga hay que trasladarla; no se puede mandar por WhatsApp ni por correo electrónico. El traslado es el punto débil. Un procedimiento en ruta puede darnos kilos y kilos de estupefacientes que, una vez en las ciudades, se fraccionan y terminan diseminados en múltiples kioscos. Después es mucho más difícil combatir cada punto de venta. Si cerramos el grifo por el que ingresa la droga, vamos a tener mejores resultados. Por eso, bienvenidas todas las medidas de control terrestre, aéreo y marítimo.

Corrupción y confianza pública

—Usted mencionó la corrupción. ¿Cómo percibe la corrupción institucional?

—La corrupción existe, pero es importante no confundir instituciones con personas. La corrupción es un delito que hace a la persona, no a las instituciones. Lo fundamental es que la sociedad sepa diferenciarlas. Yo administro justicia, pero no soy la justicia. La justicia es un servicio que debe perfeccionarse todos los días. No es un acto de fe: uno puede creer en Dios sin verlo, pero en la justicia lo que puede es confiar o no confiar, y esa confianza se construye.

—Se avecina una reforma del Código Penal que será más duro. ¿Está de acuerdo?

—No sé si más duro, pero sí más acorde a las necesidades de una sociedad cansada de que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. La víctima también tiene derechos. En el narcotráfico, la víctima es la sociedad en su conjunto. Si un juez deja libre a un delincuente por ser “buenito”, ese delincuente vuelve a la calle, se siente impune y vuelve a delinquir. Mis decisiones no se toman dentro de cuatro paredes: afectan a cualquiera que pase por la calle. No hablamos de mano dura, sino de mano justa. La sociedad percibe cuando el Estado no cumple su función, y lo que pide es simple: justicia.

“Un ciudadano más”

—Organismos internacionales plantearon críticas por la situación carcelaria. ¿Cómo lo ve?

—No hay que caer en los extremismos. Las cárceles deben ser sanas y limpias, como dice la Constitución. Pero la Constitución también establece el derecho al acceso a una vivienda digna y mucha gente no lo ha logrado y está en peor situación que la que está encarcelada y sin embargo no cometió delito. El Estado debe atender ambos frentes. No podemos tener una mirada unidireccional. Si vamos del garantismo extremo al punitivismo extremo, perdemos el equilibrio necesario en política criminal.

—Usted dictó resoluciones que obligaron a Vialidad Nacional a mejorar el estado de la ruta nacional 11. Lo vivió como un ciudadano más porque la transita habitualmente…

--Es que el juez es un ciudadano más. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es un ciudadano que ejerce una función como lo ejerce otro y tan respetable una como otra. Entonces, obviamente que uno lo vive como un peligro.

-¿Qué impacto tuvieron esas resoluciones?

-En Reconquista la sentencia está firme y se está cumpliendo. Vialidad reconoció cinco años de atraso, es decir que no es atribuible solamente a este último gobierno. Se contrató una obra que termina a fin de año, y Vialidad realiza informes mensuales. No quiero que estas decisiones queden como un número de resolución más: quiero que se cumplan. Y no lo tomo como un contenido político, porque no le digo al Estado cómo administrar, pero sí que un bien público no puede abandonarse. Si exigimos controles a los conductores, las rutas también deben estar en condiciones.

-¿Qué implicancias tiene la reforma Constitucional en cuanto a servicio de justicia?

-Creo que la reforma de la Constitución provincial fue muy buena. Yo participé en algunas reuniones que se hicieron previo al proyecto y en el debate. Fue una constitución muy participativa creo que fue un acierto haberla reformado. En materia de justicia, entiendo que es un avance la autarquía de los ministerios públicos; lo mismo que el límite de edad de los jueces de la Corte. Y en en materia de autonomías municipales y sistema tributario, en su conjunto fue muy positiva.