La mayoría radical del Senado de Santa Fe pone plazos para modificar el Código Procesal Penal

El radicalismo y sus aliados en la Cámara de Senadores decidieron marcar este jueves 21 un punto de inflexión en el debate sobre las reformas al Código Procesal Penal que ha envidado el Poder Ejecutivo Provincial al iniciarse su gestión. El presidente del interbloque Rodrigo Borla (UCR) y el presidente provisional de la Cámara Felipe Michlig han expresado con toda claridad que deberán precipitarse las decisiones y plasmarse en un texto legal a votar el próximo miércoles 27 a las 11 horas.

El Senado provincial debatirá en día y horario extraños, en vísperas de un largo feriado y de la celebración religiosa de la Semana Santa, así como la conmemoración del Día de la Memoria del 24 de Marzo, un tema que desde hace tiempo con más o menos salpicaduras, olas, corrientes y contracorrientes divide aguas en el oficialismo de la provincia.

Lo dijeron Michlig y Borla: el miércoles se vota, y se dirimirá con el poder que otorgan los números dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y los bloques de la oposición en minoría los cambios que esperan el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococchioni para que haya más herramientas de persecución penal.

El tema se reduce, en pocas palabras y en las de ambos senadores, a ponerle límites al garantismo. Pero quienes temen que una buena intención, la de perseguir al narcotráfico y los crímenes, pueda contener desprolijidades o errores que luego signifiquen nuevos problemas para el sistema. Dentro del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe las dudas abundan entre los socialistas, en especial en Diputados.

El Senado ha votado ya en numerosas oportunidades cambios normativos para que los procedimientos penales sean más efectivos, rápidos y puedan enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y su novedosa variante de sembrar terror. Pero también hay voces que prefieren no sacrificar las garantías constitucionales que cuidan a los ciudadanos de potenciales abusos desde el poder. Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) se ocupó de dejar en claro que la oposición acompaña y respalda en todo lo posible las políticas provinciales e incluso las nacionales para que se supere la crisis en Rosario. El líder de la bancada en minoría recordó casos concretos de fiscales que han cometido graves abusos aún sin un marco legal que les otorgue más herramientas, como los casos en que jueces penales fueron engañados para interceptar conversaciones telefónicas de quienes no estaban bajo una causa judicial, en un caso emblemático aún en discusión, o el tragicómico caso de un miembro del MPA que usó su poder para controlar “con quién hablaba la novia” y fue apartado del órgano acusador.

Joaquín Gramajo habló en tono docente de qué significa la ley en su contexto histórico. Mencionó que por ejemplo el robo de autos debió tener penas mayores para que no fuera un simple hurto (en la década del ‘60) o que los secuestros merecieran otras tipificaciones para combatirlos (en los ‘80 y 90). La ley nada vale si no atiende el contexto social, indicó y lamentó la influencia de la corriente garantista que en rigor más que respetar las garantías constitucionales victimiza a los que quiebran la ley, explicó. Con más crudeza, Borla advirtió: “el garantismo les quemó la cabeza a muchos actores del sistema judicial”. Antes había reflexionado en profundidad: el gobierno de la provincia tuvo una primera respuesta política frente a la inseguridad y la impunidad, al “fusionar en un ministerio la Seguridad y la Justicia”, porque se trata de dar una respuesta unificada a ambas demandas sociales.

Michlig comenzó las exposiciones con una manifestación en la que confesó que no estaba conforme con la producción de la Legislatura al cabo de los primeros 100 días, pese a alto número de normas que se habían votado desde que asumió “mí amigo, Maxi Pullaro” como gobernador. Destacó que la respuesta más importante que debe dar el Estado provincial refiere a la lucha contra el narcotráfico. Trazó un panorama en el que “por primera vez nos apoyan y asesoran organismos internacionales especializados”, además de un cambio de actitud con las nuevas autoridades nacionales frente a la crisis en Rosario y del propio gobierno provincial y municipal a los que elogió.