Cuestionan el acuerdo judicial para la condena a Peiti

Peiti logró este jueves ser aceptado como imputado colaborador en las causas penales que lo involucran. Nombró fiscales, legisladores, jefes policiales y hasta a un magistrado, y a cambio consiguió que se le impusiera una condena reducida a tres años de prisión. La decisión generó polémica sobre si para un caso de estas características (concretamente, por asociación ilícita) era pertinente el procedimiento de juicio abreviado, así como también la figura del “imputado colaborador”, tomada de la legislación nacional (ya que no existe en el Código de Procedimientos de Santa Fe, como así tampoco la del “arrepentido”.)

En declaraciones radiales, Romera señaló este viernes que “la pena que le hubiera correspondido a Peiti, sumando los años por los delitos por los que fue condenado, tenía un máximo de 50 años. Le aplicaron sentencia de 3 años de cárcel. Recibió una buena rebaja penal”, señaló Romera al hacer un análisis del fallo conocido este jueves.

Los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Matías Merlo y Guillermo Loyola firmaron un acuerdo abreviado con los defensores de Peiti. Con base en el mínimo legal que fijan los delitos de asociación ilícita en el rol de organizador y/o jefe, cohecho activo, organización y explotación de casas de juego de azar sin contar con la debida autorización de la autoridad jurisdiccional competente, estafa procesal y lavado de activos propusieron una condena de 3 años de prisión. El juez Rafael Coria hizo lugar y aclaró que si bien no estaba de acuerdo con el monto de pena, el mínimo de la escala es legal y el acuerdo cumple con los requisitos de admisibilidad.

En tanto, Romera también se refirió a las multas pecuniarias que le impusieron a Peiti. Tomando en cuenta las coimas que dice haber entregado, “le han perdonado por lo menos 600 mil dólares de multa”, precisó Romera.

El abogado de Traferri aprovechó la oportunidad para volver a criticar la labor de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que dirigieron la investigación por juego clandestino que culminó con la condena de Peiti y cuenta con ex fiscales -Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad- y policías imputados de ser parte de esa estructura ilegal.

Romera dijo que hay “hechos objetivos” de la supuesta intencionalidad política de los fiscales. “Yo los denuncié por obtener información en forma clandestina. Estos fiscales estuvieron estrechamente unidos a Marcelo Sain (ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones). Ese señor tenía un interés activo en esta causa y siempre, cuando fue funcionario, tenía una actitud beligerante contra Traferri. Y los fiscales fueron funcionales a Sain, a los problemas políticos”.