Se reabre en Diputados el debate por la importación de maquinaria agrícola usada

El debate por la importación de maquinaria agrícola usada volvió a cruzar al oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, presidido por el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), que sesionó en cumplimiento del emplazamiento aprobado el 8 de octubre.

La reunión terminó con dictamen de mayoría —27 firmas— a favor de derogar el Decreto 273/25, que eliminó las restricciones para importar equipos usados. El oficialismo, por su parte, mantuvo un dictamen de rechazo, al defender la medida como “una apertura necesaria” en una economía que busca capital y competitividad.

Desde el inicio, los representantes del Ejecutivo intentaron frenar la derogación. El secretario de Coordinación y Producción, Pablo Agustín Lavigne, aseguró que el DNU respondió a un pedido de las empresas “por su necesidad de acceso al capital y al crédito” y sostuvo que renovar una línea de tractores cuesta el doble en Argentina que en Brasil o Uruguay.

A su turno, el secretario de Desregulación Económica, Alejandro Cacace, insistió en que “el Decreto se dictó bajo facultades propias del Ejecutivo” y defendió que “solo se levantó una prohibición anterior del mismo Estado”.

“Desde su aplicación crecieron las importaciones en minería, petróleo y aeronavegación, sectores que hoy están generando trabajo nacional”, dijo Cacace, antes de remarcar que el objetivo es “una política comercial más abierta y diversa”.

Modelos en pugna

El debate dejó al descubierto dos miradas sobre el desarrollo productivo argentino. De un lado, quienes sostienen que abrir las fronteras a equipos usados implica pérdida de empleo, competencia desleal y riesgo ambiental. Del otro, quienes defienden la desregulación como una vía para incorporar tecnología y reducir costos en un país sin crédito ni liquidez.

El autor del proyecto de derogación del Decreto 273/25, el fueguino Jorge Neri Araujo Hernández (UxP), fundamentó: “El Decreto generaba la eliminación del CIBU (Certificado de Importación de Bienes Usados), suprimiendo el control general de toda la maquinaria importada. Al perder el control, se ponen en riesgo muchísimas cosas, no solamente lo socio ambiental, sino a las propias vidas humanas. En la Provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, cerca de 11.000 personas han perdido sus puestos de trabajo por estas políticas de desregulación del Estado. Queremos la derogación porque consideramos que no favorece a la producción y al empleo nacional”.

Por el lado del oficialismo, el diputado Santiago Pauli, también de Tierra del Fuego, defendió la validez del régimen considerando que “libera la inversión productiva y elimina la burocracia improductiva”. “Los controles siguen, pero es a posteriori, para tener más producción y por ende generar más fuentes de trabajo”, afianzó Pauli, quien además destacó que el Decreto es superador a la experiencia del CIBU, en tanto “sus permisos otorgaban discrecionalidad al Gobierno, y permitían una burocracia para las PyMes que generan las fuentes de trabajo". "En 2025, la compra de bienes importados no llega al 16%, pero la venta creció un 27%. Esto quiere decir que también creció la exportación nacional, por la competencia y la inversión que dejó este Decreto”, culminó el diputado de La Libertad Avanza.

“Complementariedad, no competencia”

El debate sumó voces del sector privado, entre ellas la de Ignacio Andrés Arroyo, apoderado de Distribuidora Italia S.R.L., radicada en Armstrong, una de las principales zonas fabriles de maquinaria agrícola del país, quien acudió como caso testigo por ser la primera empresa en importar equipos bajo el nuevo régimen.

Arroyo pidió no demonizar la medida y explicó que la operación no buscó competir con la producción nacional, sino complementar su funcionamiento: “Importamos una sola máquina usada, y no para revenderla, sino para alquilarla o prestarla a productores que tenían sus sembradoras en reparación. Somos parte del tejido productivo, no su amenaza.”

También cuestionó el antiguo Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que exigía la aprobación de cámaras empresarias para cada compra: “El CIBU no estaba dentro de los estándares de la OMC. Quedaba a discreción de los fabricantes locales, sin evaluar costos, prestaciones ni tiempos. A veces un productor necesitaba maquinaria urgente y no la conseguía”.

En cuanto a los riesgos fitosanitarios, Arroyo negó que la importación de maquinaria usada implique peligro: “Toda máquina debe pasar una certificación de limpieza avalada por la AFIP. Con eso se impide la introducción de plagas. Es un argumento que no resiste análisis”.

Finalmente, apuntó contra la carga tributaria que consideró el verdadero problema del sector: “La amenaza no es la importación, sino la carga tributaria y la falta de reformas laborales. La importación regulada no destruye, complementa. Permite que pequeños productores incorporen bienes de capital accesibles y sean más eficientes”.

“Competencia desleal y pérdida de empleo”

Entre los legisladores que cuestionaron la medida estuvo el santafesino Diego Giuliano, del Frente Renovador. Planteó que el DNU “resucita el esquema de los años noventa” y que la supuesta desregulación termina consagrando competencia desleal contra la industria argentina.

“Estamos discutiendo un decreto que remite a normas del menemismo, que este mismo gobierno reivindica como modelo. Pero detrás de la retórica de la libertad hay una transferencia directa de trabajo argentino al exterior”, sostuvo Giuliano, al reclamar la derogación del DNU.

El diputado massista cuestionó también los argumentos oficiales sobre los beneficios económicos: “No hay evidencia de aumento del empleo industrial. Al contrario, se perdieron 25.000 puestos de trabajo en la industria, y el sector metalmecánico cayó un 32 puntos con respecto del 2023. No hay variable que indique lo contrario”.

Asimismo, puso el foco en el impacto regional que se percibe en Santa Fe: "En nuestra provincia, el polo metalmecánico concentra el 44% de la maquinaria agrícola del país. Solo CAFMA contabiliza 25.000 empleos directos y 30.000 indirectos. No se puede decir livianamente que esto no afecta al trabajo nacional”.

El legislador rechazó la idea de que el campo argentino “anda con un palito y un alambre”, frase que —dijo— “busca desprestigiar una industria que aplicó tecnología de punta y supo exportar conocimiento”.

“Ni el campo está atrasado, ni estamos viviendo un furor industrial. Lo que hay es una crisis y una desprotección que este decreto agrava”, cerró Giuliano.