Diputados pide conocer la actuación de Educación en el jardín San Roque

La Cámara de Diputados votó -sobre tablas- dos iniciativas tendientes a conocer el papel desempeñado por el Ministerio de Educación de la provincia ante las denuncias de presuntos abusos en el jardín de infantes San Roque de nuestra ciudad que hoy tiene en prisión preventiva a un docente de música. Los proyectos fueron presentados por Betina Florito (Somos Vida) y por Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia). “Independientemente de la causa judicial que tramita en los tribunales locales, queremos saber si se respetaron los protocolos establecidos ante casos de abusos sexuales que tienen como víctimas a alumnos y como victimarios a docentes de escuelas provinciales, ya sea de gestión pública como de gestión privada” señaló Florito.

“La gravedad del caso y su trascendencia pública a partir de presuntas irregularidades cometidas por funcionarias del establecimiento educativo, obliga a conocer cómo procede la provincia, a través del Ministerio de Educación, una vez que se toma conocimiento de un hecho de esa característica”, acotó la legisladora.

El año pasado se conoció de parte del Ministerio que en escuelas santafesinas se reciben unas 450 denuncias por año por maltrato infantil o abusos sexuales de alumnos. “Muchos de esos casos ocurren dentro de los establecimientos educativos y tienen como victimarios a docentes” admitió Florito. Recordó que la provincia cuenta con la llamada “Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar” y que el punto 7 de dicho protocolo habla de cómo proceder en situaciones de abuso sexual o presunción de abuso sexual. Recalcó Florito que “allí se establece que en todos los casos (de abusos) se dará intervención a la supervisión y a los equipos socioeducativos de cada una de la regionales acordando actividades de abordaje y de articulación con las áreas locales y provinciales correspondientes. Asimismo, y a partir de una modificación dispuesta por las autoridades gubernamentales, le ordena a toda dirección escolar que, ante un caso de abuso, debe elaborar un acta haciendo una descripción de los hechos ocurridos. Elevar esa acta a la supervisión quién deberá armar un expediente con el caso y elevar a la Regional de Educación correspondiente para su resguardo hasta el momento procesal oportuno. Luego, la Regional debe dar intervención al equipo Interdisciplinario Socioeducativo. Posterior a eso se procederá a realizar la denuncia penal correspondiente”. Para la diputada “es menester conocer si esos pasos han sido debidamente cumplidos para llevar tranquilidad, no sólo a los padres de la víctima, sino a toda la comunidad educativa de la escuela”.

En tanto, Mayoraz pidió conocer del Ministerio de Educación la cantidad de denuncias por supuestos abusos formuladas dentro del Procedimiento; procesos de investigación y resultados; responsable de la aplicación del Protocolo en la cartera educativa así como la denuncia y trámite “que se le diera a la supuesta denuncia realizada por la dirección del jardín San Roque”.

Mayoraz recordó que tras el asesinato de la docente Vanesa Castillo en la puerta de una escuela de Alto Verde, en julio de 2018 el Ministerio de Educación dio en a conocer el Protocolo. “El presunto abuso de dos menores de edad cometido dentro del jardín San Roque, cuestiona este protocolo, y pone en evidencia la necesidad de ponerlo en conocimiento de la ciudadanía que exige información frente a la comisión de delitos tan sensibles como el que se esta investigando en este caso”.

A favor de contratados

También Diputados votó un pedido al Poder Ejecutivo para que de continuidad laboral al personal contratado que presta servicios bajo distintas modalidades en distintas áreas de la administración provincial. La iniciativa fue ingresada por Fabián Palo Oliver (UCR) y consideró transitoria esa situación hasta tanto se disponga el pase a planta definitivo, tema que está discutiendo la comisión técnica de la paritaria provincial.

El legislador advirtió que dicho personal no cobró aún el haber de enero y marcó la incertidumbre sobre su situación laboral.

En tanto, la Comisión de Asuntos Laborales recibió al presidente de la Cooperativa de Trabajo Algodonera de Reconquista y luego presentó un proyecto aprobado por el pleno de Diputados pidiéndole al Poder Ejecutivo que realice bonificaciones en las tarifas eléctricas y que aplique para esa entidad la ley 13.710 de Empresas Recuperadas por los Trabajadores.

Son 96 las familias que dependen de la Cooperativa que, desde 2017, intentan mantener la producción y el funcionamiento de la firma recuperada y uno de cuyos mayores costos es la factura energética.

Aeropuerto

La Cámara de Diputados expresó su preocupación “por la acefalía que mantiene el Ente Autárquico del Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe, como así también, el cese del funcionamiento de la website oficial y sus redes sociales, situaciones que se suscitan ya por más de tres meses”. La minuta ingresada por Sergio Basile (UCR) solicitó además “la inmediata designación del director en cuestión y el pronto restablecimiento de todas las actividades pertinentes para su normal funcionamiento”.

Respaldo a Orciani

A instancias del jefe del bloque radical, Maximiliano Pullaro, la Cámara de Diputados expresó “su preocupación par la inclusión indebida de Georgina Orciani entre las beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar” y remitió los antecedentes del caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales a los efectos de seguir el caso hasta su conclusión. En el expediente se incluye la presentación de la legisladora ante la justicia federal de Venado Tuerto e incluso el pedido de hábeas data.

En el recinto, Pullaro reivindicó tanto la AUH como la tarjeta Alimentar pero llamó a que se extremen los controles “a efectos de evitar resultados sumamente injustos en términos individuales, y deslegitimadores de herramientas valiosas en términos sociales y colectivos”.

Además la Cámara votó una instrucción para que el Poder Ejecutivo provincial requiera al nacional un informe sobre las razones que motivaron la inclusión de la legisladora en dichos programas.