Diputados pide precisiones sobre la deuda de la EPE con Cammesa

Un extenso pedido de informes sobre la deuda de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) aprobó la Cámara de Diputados a instancias de Fabián Bastía (UCR). "Sin dudas, el gobernador (Omar) Perotti decidió, además de los distintos endeudamientos aprobados por la Legislatura, financiarse con Cammesa desconociéndose las consecuencias que tendrá para los santafesinos", señaló el legislador ante la consulta de El Litoral.

Bastía fue vicepresidente de la EPE durante la última gestión del Frente Progresista y en el primer punto solicita conocer la evolución mensual de la deuda desde el 30 de noviembre de 2019 a la fecha, discriminada por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades. También pide conocer las gestiones iniciadas ante la Secretaría de Energía de la Nación para incorporarse al régimen especial de regularización de obligaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2020, según lo prevé un artículo de la vigente ley de Presupuesto de la Nación.

Los otros puntos tienen que ver con detalles de facturación, gastos mensuales; cuentas a pagar a proveedores, contratistas, entidades financieras, etc; cuentas a cobrar por los diferentes rubros; saldos en caja y banco y porcentaje de morosidad en los diferentes meses.

A la hora de fundamentar el pedido, el legislador radical se detiene en el artículo 87 de la ley de Presupuesto de la Nación que establece un régimen especial de regularización ante las deudas de las distribuidoras con Cammesa y con el Mercado Eléctrico Mayorista al 30 de septiembre de 2020. "Lamentablemente la EPE dejó de estar entre las empresas mejores cumplidoras y pasó a estar tercera en el ranking de empresas que más deudas tienen con Cammesa, después de Edenor y Edesur", destacó.

Según Bastía, "a la fecha los santafesinos no conocemos cuál es la composición y monto de la deuda acumulada con Cammesa, ni cuáles son las gestiones iniciadas ante la Secretaría de Energía de la Nación por la EPE para acogerse a los términos de la ley de presupuesto nacional 2021 para acordar planes de pago para ponerse al día con una deuda que era inimaginable al 10 de diciembre de 2019 e injustificable al día de hoy".

El régimen especial prevé deudas al 30 de septiembre y por eso el pedido incluye conocer el tratamiento de las compras posteriores, los pagos efectuados y la evolución de diferentes variables de la Empresa con posterioridad al corte del mencionado plan de pagos.

En otro pedido de informes, girado a las comisiones, Bastia pretende conocer detalles del uso del Fondo de Electrificación Rural (FER) desde enero del 2020 a la fecha. "Es necesario conocer el nivel de ejecución del FER, con discriminación de beneficiarios, al igual que el detalle de proyectos presentados por cooperativas eléctricas y comunas, destinadas a obras y mantenimiento de infraestructuras para la prestación del servicio eléctrico rural, correspondientes a estos últimos meses.

El FER surge de un tasa que percibe la EPE en cada una de las facturas por consumo que emite mes a mes.

Conectividad

Para esta semana estaba agendada la presencia de Sergio Bleynat, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gestión Pública en la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados para avanzar en la discusión de dos mensajes del Poder Ejecutivo que definen el llamado Plan de Conectividad.

La reunión que fue suspendida tres veces el año pasado a pedido del propio funcionario ahora debió ser postergada debido a que la presidenta de la comisión, Clara García (PS), dio positivo de Covid, según informó la legisladora a El Litoral.

Esta semana solo cuatro comisiones de la Cámara de Diputados realizaron sus reuniones de trabajo.

Diputados socialistas con docentes

Un grupo de más de cien docentes destitularizados se reunió de manera virtual con el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, y otros legisladores socialistas a los que le reclamaron medidas urgentes tanto para garantizar el derecho a la educación como para que se revea la medida que les quitó la titularidad en sus puestos de trabajo.

"Estamos frente a una intención política inocultable de retrotraer la situación de la educación pública en Santa Fe a la que teníamos 20 años atrás", indicó Lifschitz. "Es muy grave que se utilicen herramientas antijurídicas que no tienen ningún sustento legal y mucho menos político, como es haber quitado derechos adquiridos a 500 trabajadores de la educación, que habían logrado titularizar sus cargos través de concursos transparentes y con la participación de los gremios"

La reunión retomó encuentros entre distintos legisladores con docentes que sufrieron la anulación de sus concursos públicos y la baja de sus designaciones. Además de Lifschitz participaron Claudia Balagué, presidenta de la Comisión de Educación, Erica Hynes, Clara García y Esteban Lenci.

Los docentes participantes lamentaron la falta de respuesta del gobierno y el vaciamiento de los espacios que ocupaban en detrimento de la educación y más aún en una situación de pandemia. Para Balagué la medida tomada por el gobierno no solo afecta a los docentes y sus familias, sino que vulnera el derecho a estudiar a cientos de estudiantes en un momento donde hay que poner todos los esfuerzos frenar la deserción escolar.

"La medida eliminó programas de alta calidad, que funcionaban y daban buenos resultados y que fueron premiados internacionalmente. Y lo hace en un contexto de crisis, cuando más se necesitan para garantizar el derecho a la educación. Es incomprensible que se persiga a trabajadores y se vulnere la continuidad del estado, y deja un preocupante precedente para trabajadores y trabajadoras docentes y de todo el estado", indicó Hynes.

Aeropuerto

La posible violación de la ley de creación del Ente Aeropuerto Metropolitano es advertida por la diputada Gisel Mahmud (PS) en un pedido de informes. La legisladora entiende que la designación de Melina Aranda como vocal integrante del Directorio del Aeropuerto, en representación de la comuna de Sauce Viejo por el Área Metropolitana se hizo violando el artículo 7 de la ley 13704. Dicho artículo señala que "para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino o naturalizado, mayor de edad, con residencia continua e inmediata de dos años en la provincia. Los representantes de aquellas ciudades deberán ser electores de las mismas".

Para Mahmud, Aranda "no tiene residencia en el lugar para el cual cubre el cargo de representación. Esta situación de irregularidad de la comuna de Sauce Viejo es alarmante ya que los gobiernos deberían cumplir con toda normativa elaborada a los fines de regular el funcionamiento del Aeropuerto".