La oposición espera que reabra el Congreso para rechazar el DNU que cambia funciones a la SIDE

¿Habrá sesiones extraordinarias en febrero? Todo indica que la convocatoria se conocerá en los próximos días del mes de enero, en un arranque del año en el que la rosca política, más allá de las vacaciones intermitentes de integrantes del gabinete y figuras políticas, no se detuvo.

El gobierno nacional espera conseguir desde el próximo mes el apoyo necesario para su proyecto de Reforma Laboral (que insiste en denominar “modernización), entre otros temas que figuran en el listado difundido a fines de 2025.

Sin embargo, todo indica que un sector de diputados y senadores esperan que se reabran las puertas del Palacio de las Leyes para discutir un tema que intentó pasar por debajo del radar, pero causó un amplio rechazo entre la oposición: se trata de Decreto de Necesidad y Urgencia 941 que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

“Entre gallos y medianoche fue firmado ese decreto”, se quejó el diputado nacional Agustín Rossi (UxP), en relación a la fecha en que se conoció: el 31 de diciembre. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero.

Como en todo trámite legislativo, corren plazos, ecordó el legislador en diálogo con El Litoral: en el caso del DNU tiene que ser enviado por el Ejecutivo al Congreso dentro de los 10 días hábiles posteriores a su publicación. La fecha vence, según estimaciones, este viernes.

Luego, el Congreso tiene otros 10 días hábiles para tratarlo, en principio, en la Comisión Bicameral de tratamiento de DNU que, luego de los cambios que se produjeron en diciembre con la asunción de nuevas y nuevos legisladores, no fue conformada.

Para que se oficialice su integración, tienen que convocar la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de Diputados, Martín Menem.

“Si por alguna circunstancia la comisión no esta conformada o no lo trata, una vez finalizado ese plazo los plenos de ambas cámaras pueden debatirlo, siempre que consigan el quórum suficiente”, explicó el santafesino.

Si hay convocatoria a extraordinarias y se abre el Congreso (que inicia el período ordinario de sesiones el 1° de marzo) “en los primeros días de febrero estaríamos en condiciones de tratar el DNU”, confió Rossi.

Es más, se mostró “optimista” sobre la posibilidad de rechazar esta norma, teniendo en cuenta que ya varios legisladores se pronunciaron en contra del decreto “por la gravedad de la modificación que introduce” y porque “afecta las garantías y los derechos individuales del ciudadano”.

“El solo hecho de que la SIDE se pueda convertir en una policía secreta capaz de detener en forma temporaria a los ciudadanos, sumado al involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, son motivos más que importantes para que sea rechazado el DNU”, al que “no le vemos ni necesidad ni urgencia”.

“En la exposición de fundamentos se apela a la cadencia habitual del trámite legislativo (que, dice el texto oficial, “irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo…”), cuando el Congreso estuvo sesionando hasta el 26 de diciembre”. “Si el Presidente nos hubiese convocado en enero, estaríamos presentes para debatir el tema”.

"Sin necesidad ni urgencia"

Como sea, si el objetivo era que el tema pase inadvertido, no se logró. A horas de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, se conoció un pronunciamiento del interbloque Unidos, que rechazó la norma.

“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agrega.

El texto tuvo el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Consultada por este medio, la ex gobernadora y actual presidenta de Unidos en Diputados, Gisela Scaglia, insistió en el pedido de que el tema sea discutido como ley en el Congreso “como corresponde”.

“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, señalaba aquel comunicado conjunto.

Para que un DNU quede sin efecto, tiene que ser rechazado por las dos cámaras. El gobierno Milei probó esta facultad legislativa con otro decreto que asignaba a la SIDE 100 mil millones de pesos de gastos reservados.

Aquel pedido pasó por el Congreso que lo rechazó en ambas instancias: en a Cámara alta y en la Cámara baja.

Habrá que ver si la misma suerte sigue el actual DNU que, entre otros argumentos, esgrime que “postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la República Argentina vulnerable frente a las amenazas internas y externas”.

En la Justicia

Mientras se define la convocatoria a extraordinarias (el tema podría estar en la mesa política anunciada para este viernes por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni) y los bloques establecen sus estrategias para cuando termine el receso, el tema llegó a la Justicia.

Varios amparos fueron presentados en el fuero Contencioso Administrativo, uno promovido por propios legisladores de la Coalición Cívica, otro por ex diputados y referentes políticos, y otro por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

En este último caso, se busca declarar la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del decreto, y se pide una medida cautelar inmediata para pausar sus efectos.