El Ejecutivo propone un nuevo mandato de Biagioni para el Tribunal de Cuentas

El gobernador Omar Perotti remitió esta semana a Legislatura el pliego con la propuesta para que Oscar Biagioni se desempeñe por otro mandato como integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia. La decisión está en manos de la Asamblea Legislativa que deberá tratarlo en un plazo no superior a los 30 días.

El mandato de Biagioni termina en el mes, no obstante una reforma a la ley sancionada el año pasado establece que los vocales seguirán en los cargos hasta tanto la Legislatura apruebe un nuevo pliego.

Biagioni fue presidente durante varios años del órgano de control con rango constitucional. Funcionario de planta del Tribunal, contador público, justicialista, ocupó cargos en el Poder Ejecutivo incluso en el primer gobierno del Frente Progresista. Los antecedentes fueron publicados durante tres días en los diarios provinciales y al no recibir objeciones, el Poder Ejecutivo lo envió a Legislatura para su aprobación. Antes, hubo contactos extraoficiales con autoridades de ambas cámaras para adelantarles la decisión.

Además de Biagioni, este mes terminan sus mandatos otros dos vocales: Dalmacio Chavarri y María del Carmen Crescimano. Tienen aún más de cuatro años de mandato el actual presidente, Sergio Beccari y Lisandro Mariano Villar.

El artículo 81 de la Constitución de Santa Fe determina que "un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten". Acota que "los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político".

Una de las modificaciones votadas en la ley determina que "duran seis años en el ejercicio de sus funciones y deberán permanecer en el cargo hasta tanto sea nombrado su reemplazante". En los hechos la decisión puede extender el mandato de sus integrantes hasta tanto la Legislatura avale el o los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Hasta el año pasado, al terminar el mandato de un vocal, un funcionario de carrera se sumaba a una de las dos salas en que funciona el órgano. "Es un órgano constitucional y su cabeza debe tener legitimidad de origen, no puede estar ejercida por personal de carrera administrativa" se señaló en la Legislatura a la hora de fundamentar la reforma.

Desde 1983 a la fecha no fueron pocos los meses en que faltaron miembros naturales del Tribunal de Cuentas por las demoras del Ejecutivo en remitir los pliegos.

Más allá del pliego de Biagioni, el Poder Ejecutivo tiene ya finalizados concursos de jueces y de fiscales para distintos lugares de la provincia pero evita el envío a las cámaras legislativas a la espera de algún acuerdo político debido a que la oposición tiene mayoría en la Asamblea Legislativa.

Chavarri

El vocal Chavarri adelantó al Poder Ejecutivo que renunciará al cargo de vocal del Tribunal de Cuentas al vencimiento de su mandato de seis años y no utilizará la decisión legal de seguir hasta tanto tener reemplazo. En tanto, Crescimano no adelantó cuál será su posición al vencer el mandato.

Reunión de la Junta de Fiscales por las amenazas

Se realizó una reunión excepcional de la Junta de Fiscales, el principal órgano institucional del MPA que integran el Fiscal General, Jorge Baclini, y los cinco regionales, Carlos Arietti (Santa Fe), María Eugenia Iribarren (Rosario), Matías Merlo (Venado Tuerto), Rubén Martínez (Reconquista) y Diego Vigo (Rafaela).

La junta de fiscales en pleno manifestó su más enérgico repudio a un nuevo intento de amedrentamiento a los fiscales que trabajan en la persecución penal de los delitos cometidos en la provincia de Santa Fe. "Las amenazas expresadas de forma anónima en un llamado telefónico realizado al servicio 911, de ninguna manera detendrán al MPA en sus tareas de investigación de la actividad ilícita. Por el contrario, impulsan a seguir profundizando las acciones y las estrategias puestas en marcha", señala.

La junta de fiscales solicitó que se implementen definitivamente acciones para prevenir comunicaciones delictivas desde el interior del propio sistema penitenciario provincial y nacional.

En el encuentro, las autoridades del MPA acordaron que es necesario continuar trabajando con esfuerzo y valentía, tal como se viene haciendo hasta el momento.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades de todos los poderes del Estado -a quienes se le solicitarán audiencias inmediatas- y a los sectores con responsabilidad político institucional para seguir articulando acciones que permitan avanzar en la lucha contra el delito organizado en la provincia de Santa Fe, respaldando el trabajo de las y los fiscales, lo cual redundará en el fortalecimiento de la institución.

En tanto, el Secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, expresó su solidaridad con los fiscales del MPA, en especial, aquellos que llevan adelante el proceso judicial que se está desarrollando contra los integrantes de la banda denominada Los Monos, presuntos autores de al menos 10 atentados contra domicilios de funcionarios e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en la ciudad de Rosario. Además dijo que el gobierno "seguirá apoyando como hasta ahora, la labor e integridad de los funcionarios judiciales que se esfuerzan por esclarecer y reprimir legalmente los hechos delictivos en curso"

También el bloque de diputados socialistas repudió las amenazas y solicitaron con carácter urgente a las autoridades provinciales y nacionales extremar las medidas de seguridad tenientes a garantizar el proceso judicial que se está desarrollando contra los integrantes de la banda Los Monos, acusados por una serie de ataques a la Justicia, así como también la protección de los fiscales, funcionarios judiciales involucrados y sus familias.

Dow

Dos ministros del Poder Ejecutivo, Daniel Costamagna (Producción) y Juan Luis Pusineri (Trabajo) recibieron a directivos de Dow, con planta en Puerto San Martín, y que anunció su decisión de cerrar la planta el año venidero. El gobierno provincial va a intentar mantener abierta la plata y dicen que tiene interesados.

Perotti junto a ambos ministros recibió en la semana a dirigentes del Sindicato de Petroquímicos para conocer la realidad de la planta. Ayer, Costamagna y Pusineri expusieron la postura provincial ante Diego Ordoñez, CEO de Dow. "El objetivo es mantener la unidad productiva en marcha, con o sin la firma. Hay grupos interesados en la compra y queremos defender la fuente productiva que implica conservar, no solo esos empleos, sino otros 3.500 puestos de trabajo en otras firmas que producen colchones, línea blanca, muchas de las cuales están en la provincia y que dependen de la materia prima de Dow", explicó Costamagna a El Litoral.

Ayer Santa Fe planteó el tema y quedaron en seguir conversando la semana venidera.