"Hoy la policía de Santa Fe hace todos los procedimientos de narcomenudeo"

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com

“Hay que dar un paso adelante, analizar qué pasos dar, pero darlos” enfatizó el fiscal general Jorge Baclini ante los pocos diputados que todavía permanecían en la presidencia de la Cámara de Diputados formulándole preguntas tras la presentación del informe anual del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las preguntas derivaron en la posibilidad de que la provincia se haga cargo de los casos de narcomenudeo adhiriendo a la ley de desfederalización. Baclini se mostró partidario de asumir esa responsabilidad desde el MPA pese a contar únicamente con el apoyo del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez y la mirada crítica de los otros cuatro regionales, entre ellos el santafesino Carlos Arietti.

Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) le preguntó si tomar el tema en manos de la provincia no era abrir una ‘caja’ para la policía. Baclini le dijo que “hoy todos los procedimientos de narcomenudeo los hace la policía de la provincia y entrega la información a la justicia federal” y señaló que lo importante es que haya control sobre la fuerza policial negándose a generalizar sus conductas. Quien escuchó todo el informe fue el senador Lisandro Enrico (UCR - General López) impulsor de la adhesión de la provincia a la ley de narcomenudeo. La mayoría de los diputados es crítico de esa posibilidad pero Baclini llamó a estudiar el tema e incluso señaló que “no creo que la experiencia de Córdoba sea mala” y relató lo conversado con autoridades de la fiscalía de San Nicolás (pcia de Buenos Aires) donde aseguran haber bajado la violencia generada por la droga tras la intervención de la propia fiscalía. “En cambio los problemas se los genera Rosario” añadió el fiscal. La propuesta de Baclini es trabajar en forma coordinada con fiscales federales pero “no podemos quedarnos con la versión ingenua del territorio” y enseguida fue apoyado por el socialista Miguel Solís, oriundo de Las Parejas quien relató la impotencia de autoridades de ciudades pequeñas y pueblos donde los vecinos identifican a los vendedores de drogas y la justicia federal está muy lejos.

El informe

Presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, Baclini presentó su primer informe anual durante una hora partiendo del plan de acción que propuso cuando concursó el cargo, lo realizado en materia de gestión, los objetivos inmediatos y por último presentó una serie de estadísticas acerca del funcionamiento del MPA. Cuatro de los cinco regionales lo acompañaron y tras el informe respondió preguntas de los legisladores donde admitió que faltan instalaciones para hacer cámaras Gesell en algunas localidades como Las Toscas y Tostado que obligan a realizar operativos de traslados de varios kilómetros a menores víctimas.

El informe repasó lo más importante de su gestión desde que asumió en abril del año pasado y adelantó los ejes del Plan de Desarrollo Institucional para los próximos cinco años. Allí expuso un resumen de los resultados obtenidos y brindó detalles del uso de los recursos otorgados durante su primer año de gestión. También mencionó los obstáculos y problemas planteados y las medidas adoptadas para superarlos.

“La reforma al sistema de justicia penal debe sostenerse con un objetivo esencial que es romper con la selectividad en la persecución penal”, afirmó.

“A sólo cuatro años de la puesta en funcionamiento del sistema procesal penal, la cantidad de audiencias realizadas ante los tribunales penales se incrementó 319%. De 6.074 audiencias llevadas a cabo en toda la provincia en 2014, se pasó a 19.415 en 2017”, precisó.

En relación a los juicios orales y públicos, indicó que “en 2014 se hicieron 9; en 2015 fueron 39; en 2016 se llevaron a cabo 74; mientras que en 2017 se hicieron 96. Hubo un incremento constante y sostenido”. También se refirió a los juicios en los que se abreviaron los procedimientos y dijo que “en 2015 se concluyeron 1271 abreviados, mientras que en 2017 fueron 2184”.

El fiscal general dijo estar “convencido que el MPA es un actor fundamental para asegurar el funcionamiento del sistema adversarial y, en definitiva, el éxito de la reforma de la justicia penal santafesina. Por eso es que haremos todos nuestros esfuerzos para lograr expandir las transformaciones operadas y para constituir al MPA en un órgano extrapoder de rango constitucional, con independencia, autonomía funcional y autarquía financiera”.

Detalló protocolos e instrucciones giradas a fiscales a partir del trabajo de la Junta de Fiscales para fortalecer los procesos de investigación y también avanzar en investigaciones de delitos ambientales, de género y cibernéticos.

Pidió a los legisladores definir los nuevos códigos penal y de menor para que el MPA centralice toda la persecución penal y avanzó en cómo organiza el Organismo de Investigaciones para el cual en las últimas horas firmó el decreto concursando el cargo de director general.

Párrafo aparte para las víctimas que tienen lugar central en el nuevo sistema, “que les garantiza participación directa en el proceso. Se impone el trabajo colaborativo a través de convenios con terceros que permitan cumplir con la política de persecución penal de manera eficaz y eficiente. Estamos trabajando en estrechar vínculos con municipios y comunas de toda la provincia, y en la consolidación de dispositivos multiagenciales que permitan un abordaje amplio de los conflictos sociales”.

Cifras

149 fiscales tiene el MPA en todo el territorio

230.649 legajos creados en febrero de 2014 y el 31 de diciembre último

259.033 delitos contra la propiedad son los investigados por el MPA

2.184 procedimientos abreviados se hicieron en 2017

218 juicios orales se tramitaron hasta diciembre último

Rosario

Baclini indicó que en la marcha del nuevo sistema penal, el 65% de las investigaciones se iniciaron en Rosario y un 20% en Santa Fe y el resto en las tres circunscripciones el resto.

También destacó que en seis de cada diez de las investigaciones iniciadas en la provincia no hay autores individualizados. Las proporciones varían en las distintas fiscalías regionales. Llega a dos de cada tres casos en Rosario -donde se registra el mayor porcentaje- y apenas supera los cuatro de cada diez casos en Reconquista -donde aparece el menor.