Tras el ingreso del proyecto de reformas, el Congreso inició la conformación de las comisiones

El Congreso nacional inició en las últimas horas y avanzará la semana próxima con la conformación de las comisiones que deberán analizar la denominada "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" enviada por el Poder Ejecutivo, que contempla la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria y restricciones a las manifestaciones de protesta, entre otros puntos.

Fuentes parlamentarias estimaron que en el inicio de la semana próxima el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzará en la conformación -al menos- de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, para abrir el debate parlamentario del proyecto enviado el miércoles último por el Poder Ejecutivo y que consta de 664 artículos.

"Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo", afirmó Menem.

Si bien reconoció que "estamos ante la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia", dijo "la intención es que se vote lo antes posible".

Para aplicar las normas incluidas en el proyecto, Milei pidió al Congreso que declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

De hecho, el Gobierno nacional incorporó además en el proyecto un artículo para ratificar el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

El DNU 70/23, que contiene la derogación de una treintena de leyes y reformas a otras 300 normas, fue incluido en el articulo 654 de esa iniciativa girada a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo.

Si bien ese DNU se debe tratar en la Comisión Bicameral de Tramite Legislativo, la norma que entró en vigencia este viernes, posiblemente se trate primero en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados.

En la cámara baja, la atribución de determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a conformar, es potestad del presidente del cuerpo, quien avanzaba en las últimas horas del viernes en acuerdos con los diferentes bloques para terminar de definir la integración de las mismas.

En tanto, los diputados de la oposición advirtieron que tienen que ser más las comisiones a conformar por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley; y en ese marco aspiran a que por el heterogéneo contenido de los proyectos sean analizados por entre 20 y 23 de las 46 comisiones que conforman la Cámara.

En esa línea, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, afirmó días atrás que en el oficialismo se habían preparado para trabajar con esas cuatro comisiones pero al conocer en detalle el proyecto aceptó que podrían tener que incorporar más.

Desde LLA, se estimaba que entre el jueves y el vieres estarían listas las cuatro comisiones que La Libertad Avanza aspira a presidir o bien dejar en manos de aliados, pero no hubo acuerdo y continuarán negociando la próxima semana para buscar mayores consensos.

Entre las comisiones que se podrían constituir además se encuentran las de Legislación Penal, Justicia, Turismo, Economías Regionales, Legislación del Trabajo, Energía; Finanzas, Transportes, Educación, Salud y Seguridad Interior.

La idea del bloque oficialista es trabajar en el marco de plenarios que comenzarán a reunirse a partir de la semana próxima, con la visita de funcionarios que expondrán por área, y con un borrador de cronograma en el que se pone al 25 de enero como fecha aspiracional para darle media sanción en el recinto.

En Senado, en tanto, se formalizó la convocatoria para que la próxima semana se inicie la actividad con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, para debatir el proyecto de Boleta Unica de Papel, e intentar dictaminar.

Para ello, los bloques no kirchneristas y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, trabajaron en conjunto para designar a quienes serán los integrantes y los titulares de las comisiones que deberán estudiar la medida. Los casilleros de Unión por la Patria quedaron vacíos.

Se trata del oficialista riojano Juan Carlos Pagotto y el peronista disidente por Entre Ríos Edgardo Kueider, para encabezar Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, respectivamente.

Enterada de la conformación de siete comisiones, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana (Unión Por la Patría), Juliana Di Tullio, cuestionó: "La Presidenta del Senado, junto a la UCR, el PRO, partidos provinciales y algunos que son senadores gracias a la boleta del PJ se juntan para intentar desaparecer al peronismo violando la voluntad popular y repitiendo el vicio histórico de esta derecha rancia".

Otros temas

Además, LLA pretende que la semana que viene también se reúna otro plenario: el de Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda.

Esas comisiones deberán estudiar los convenios económicos internacionales firmados por el gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada "doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión", que deben ser enviados al Congreso para su ratificación.

Esos convenios, si obtienen dictamen, serán puestos a consideración del pleno en la sesión prevista para el miércoles 10 o jueves 11 de enero.

El proyecto de Boleta única de papel (BUP), incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, fue votado en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición por 132 votos a favor del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y LLA, además de bloques menores de identificación con partidos provinciales.

En contra votaron 104 diputados, en su mayoría del Frente de Todos, entonces el oficialismo, en tanto que la izquierda prefirió abstenerse.

Una decisión del BCRA vuelve a poner en alerta al campo

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias marcó la preocupación por la decisión del Banco Central de prorrogar el recargo en la tasa de interés para los productores de soja que dispongan de un porcentaje de existencia del cultivo e indicó que el campo se siente decepcionado ante esta decisión.

Este es uno de los nuevos temas que llevó a la entidad empresarial a quejarse luego de la suba de las retenciones dispuestas por el Gobierno de Javier Milei.

"Esta medida, que fue heredada del Gobierno anterior, se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba", se quejó la entidad en un comunicado firmado por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y CRA.

La Mesa de Enlace alertó que se castiga a los productores que, aclaró, no utilizan sus granos de forma especulativa.

"Resulta incomprensible que, en lugar de avanzar hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios que lejos están de utilizar sus granos de manera especulativa", explicó.

Se detalló que el recargo no solo impacta en quienes se dedican exclusivamente a la producción de soja, sino que también a los productores mixtos, "quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas, por ejemplo".

"El sector agropecuario, motor fundamental de nuestra economía, se encuentra decepcionado por esta prórroga, la cual contradice las expectativas de un ambiente más propicio para el desarrollo de la producción", dijeron las entidades en un comunicado de prensa.

Y reforzó que "en un momento en que se hablaba de desregulación, este tipo de medidas refuerzan la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad que venían padeciendo".

En este contexto llamaron con urgencia a la reconsideración de esta medida del BCRA y solicitaron un diálogo abierto entre el sector y las autoridades competentes.

"Es necesario buscar soluciones que fomenten la inversión, la productividad y el desarrollo sostenible, en lugar de imponer cargas financieras desproporcionadas que perjudican a los productores y a la economía en su conjunto", concluyeron.