Por "la joda" del robo de luz ordenan a la Epe revisar un viejo convenio con el MPA

"En la Epe se terminó la joda", dijo días atrás el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, a propósito de los llamados "enganchados VIP", una categoría que se suele utilizar para describir lo que los técnicos de la empresa llaman "pérdidas no técnicas" (PNT) fuera de las áreas sociales vulnerables.

El funcionario que tiene bajo su órbita a la Empresa Provincial de la Energía antes ordenó por escrito "revisar" un instructivo de noviembre de 2022 que, en su interpretación, deja la puerta abierta a las arbitrariedades como demorar e incluso evitar la persecución penal de un delito: el hurto de energía. La medida fue ampliamente difundida, seguramente porque el término utilizado por el ministro tiene titulares asegurados, sobre todo porque las críticas por el señalado descontrol interno refieren a la gestión anterior, del gobernador Omar Perotti y el ex titular de la compañía, Mauricio Caussi.

Sin embargo, el mismo decisorio de Puccini comprende también la misma orden de revisión para un convenio que no firmó el gobierno del PJ, sino el de Miguel Lifschitz (1955-2021) y el sustento jurídico de ese instructivo que, en apariencia, desde 2022 relajó las complicaciones judiciales a quienes roban el servicio. Todo en los últimos dos años se habría limitado a multas y pagos por los kw/h consumidos ante el hurto de la energía, según la descripción de las actuales autoridades.

A las definiciones de Puccini le siguieron precisiones del presidente del Directorio de la Epe, Hugo Marcucci: "la joda" detectada últimamente ha costado según una estimación conservadora $ 4.600 millones.

De las pérdidas no técnicas a lo largo de los últimos años, es decir, lo que no se cobra y tampoco es parte de lo que se consume por razones físicas en cualquier sistema eléctrico, la empresa ha recuperado unos $ 100 mil millones. "Nosotros estamos haciendo unos 40 mil operativos en toda la provincia", explicó el ex legislador. Destacó que la mayoría de los casos son de grandes consumidores, con clientes que debieron pagar multas y consumos por "$ 60 millones".

A judicializar

Puccini confía en que, además de cobrar y multar por el hurto, también se les pinten los dedos a quienes evidentemente al vivir, por ejemplo, en un country pueden pagar pero se cuelgan de los cables, cual villeros, sin más incomodidades que las administrativas. Ese cambio de criterio, a favor de judicializar todos los casos, implica emprender también la revisión de un viejo convenio de colaboración firmado por la Epe y el Ministerio Público de la Acusación, de 2018. Su lectura permite entender lo sucedido y el giro que se busca dar en la empresa: que la compañía estatal ya no sea un "filtro" para ahorrarle trabajo al MPA sino que todos los expedientes por hurto de energía pasen a los fiscales y que, como ha dicho Puccini, sean ellos quienes determinen qué causas seguir.

Por nota

Entre las órdenes que el ministro le dio al directorio de la empresa se expresa: "entiendo necesario rever de inmediato tanto el procedimiento a llevar a cabo luego de la detección de las infracciones en especial cuando la misma pueda implicar un hurto o robo de energía así como el Convenio Interjurisdiccional firmado con el Ministerio Público de la Acusación, al que el mismo remite, ya que a futuro es esencial evitar una posible discrecionalidad por parte de la Empresa en los procesos y, fundamentalmente, tratar al delito como tal, que el procedimiento respectivo no se agote en un tramite meramente administrativo y sea llevado adelante por el sistema judicial, único facultado para juzgar si una acción es penalmente punible".

El concepto es que "la regularización técnica, administrativa y económica de los infractores no desplaza el hecho de que el accionar constituya un posible delito, y en todo caso, esto no puede ser de ninguna manera determinado por la Empresa sino que corresponde que sea la Justicia quien dictamine al respecto".

También el ministro pidió "un informe detallado" sobre las inspecciones desde que la Epe cambió de autoridades sobre las "denuncias de conexiones ilegales a la red eléctrica", con una lista "exhaustiva de todas las denuncias recibidas por la EPE durante este periodo, detallando la fecha de recepción de cada una, la ubicación (municipio/localidad/barrio) donde se reportó la presunta conexión ilegal y toda acción tomada a raíz de ésta, incluyendo investigaciones realizadas, medidas de corrección implementadas, sanciones impuestas (si las hubiere) y en especial cuáles de ellas fueron denunciadas por la Empresa al MPA así como el estado actual del proceso".

El convenio entre la Epe y el MPA, en pocas palabras, buscaba que no todas las inspecciones en las que se detecte el hurto de energía generen la correspondiente denuncia penal. El objetivo era liberar de esas tareas a los fiscales y en cambio sí perseguir los casos que la empresa denuncie, según una serie de criterios escritos. De ahí a la arbitrariedad, según la dirección de las órdenes de Puccini, hubo un solo paso.