Qué pasará con la jueza Figueroa y los juicios contra Cristina tras la votación en el Senado

Como en un maratónico y complejo juego de mesa, la sucesión de acciones para definir el destino de la jueza Ana María Figueroa estuvo signada por carreras contra el tiempo, "poroteos" parlamentarios y una retahíla de argucias interpretativas. Estas consideraciones se extienden a la sesión del Senado en la que el kirchnerismo logró, desempate mediante, aprobar su pliego más de un mes después de que cumpliera la edad jubilatoria de 75 años, y la Corte Suprema la declarase cesante. Y también, a la manera en que vaya a resolverse definitivamente su situación en los próximos días, e incluso cómo eso pueda incidir sobre resoluciones judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las características asumidas por cada una de estas secuencias, y el amplísimo abanico de posibilidades que habilita su desenlace, amerita una breve recapitulación.

Casillero de salida: Ana María Figueroa integraba el máximo tribunal penal del país, por encima del cual sólo está la Corte Suprema de Justicia. Al cumplir 75 años debía jubilarse, salvo que el Senado de la Nación le prestase acuerdo para continuar por 5 años más. Una secuencia de varios pasos a completar hasta alcanzar el casillero de llegada.

Contrarreloj: El kirchnerismo intentó reunir al Senado en dos oportunidades para votar el pliego de Figueroa antes de que cumpliese la edad jubilatoria, cosa que ocurrió el pasado 9 de agosto. En sendas definiciones cargadas de suspenso (e intensivas gestiones de distinto tipo para convencer a suficientes legisladores de que acudan a ocupar sus bancas ante la estrategia de Juntos por el Cambio de tratar de impedir la sesión), ambos intentos fracasaron, por falta de quórum.

Casilla de descanso: Vencido el tiempo prefijado, la situación de Figueroa entró en una suerte de limbo. Y la magistrada anunció a los otros jueces de la Cámara de Casación que no firmaría más resoluciones ni asistiría a audiencias, pero se quedaría en su despacho hasta que su nuevo pliego sea aprobado en el Congreso. Sus colegas se dirigieron entonces a la Corte reportando oficialmente la situación.

Fuera de juego: El martes 5 de septiembre el tribunal volvió a reunirse en plenario, para definir la situación de la jueza, con ella presente. No lo logró y pasó a un cuarto intermedio para el día siguiente. Pero en esa jornada se conoció una escueta y unánime resolución de la Corte: cualquier juez que a las 0 horas del día de su cumpleaños 75 no tenga aprobada, promulgada y publicada la resolución de su nuevo pliego por cinco años, cesa automáticamente en su función. Figueroa estaba jubilada. ¿Game over?. No.

La carta guardada: Apenas despejado el escenario, los camaristas de Casación sacaron a la luz dos resoluciones que estaban firmadas y guardadas, a la espera de la definición sobre Figueroa (cuyos votos en esos expedientes también estaban firmados y guardados). Y ordenaron reabrir los casos Hotesur y Pacto con Irán, en los que Cristina es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que lavó dinero junto a Lázaro Báez y Cristóbal López, y como supuesta encubridora de los iraníes acusados de volar la sede de la AMIA y matar a 85 personas.

Tiene un nuevo turno (la tercera es la vencida): A esta altura, todo parecía estar definido. Pero no. Inesperadamente, el kirchnerismo tiró sobre el tablero una nueva jugada, e hizo un tercer intento de aprobar el pliego de Figueroa (ya jubilada). El argumento es interpretar que la cláusula constitucional de los 75 años permite extender los plazos hasta que termine el período parlamentario.

El master desempata: A la hora de votar, oficialismo y oposición sumaron 35 votos cada uno y se necesitaban 36 para obtener una mayoría. Claudia Abdala, en ejercicio de la presidencia del Senado cuando se retiró Cristina Kirchner, fue la encargada de desempatar. Algunos juristas esgrimen que "desde una interpretación literal, la Constitución Nacional (art. 57) solo confiere voto de desempate al presidente nato del Senado, esto es, al vicepresidente de la Nación". ¿Otra posible vía de judicialización?

Cruce de roles: ¿Figueroa continúa en su cargo o vuelve a asumirlo? La Constitución parece incurrir en una paradoja cuando habla de "nuevo nombramiento", para "continuar en el cargo", lo que habilita nuevos interrogantes: ¿Figueroa debe volver a jurar, en este caso ante Mariano Borinsky, que ocupa el que era su lugar como titular de la Cámara?. ¿Y en qué condición pasaría a quedar? ¿A esto debe resolverlo la propia Cámara, el Consejo de la Magistratura o se volverá a acudir ante la Corte?. Los roles en este juego también incumben al Poder Ejecutivo, ya que es necesario un decreto presidencial para plasmar la designación. Y está planteado un conflicto interpretativo de doble vuelta: que el Congreso no puede contradecir lo dispuesto por la Corte, o que la Corte avanzó más allá de sus facultades al cesar a la jueza (uno de los argumentos preferidos del kirchnerismo).

"Tal como está planteado este acuerdo se enmarca en la extensa lista de dislates institucionales que llevan el sello K. Pero no es difícil de resolver. Figueroa pedirá que el Consejo de la Magistratura la reponga en su cargo. Y el Consejo informará a la Corte, la que fácilmente pondrá las cosas en su lugar. Ana María Figueroa no será nuevamente jueza".

Félix Lonigro, constitucionalista.

Manual de dudas (qué se hace en estos casos): El límite de los 75 años para los jueces está en la Constitución luego de la reforma de 1994. Y la Corte acaba de ratificar su posición respecto de cómo debe leerse ese artículo. Ya lo había hecho respecto del juez federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, el único otro antecedente que llegó al máximo tribunal. Hubo un puñado de casos en que los pliegos para extender la vida laboral de algún magistrado se arreglaron entre los políticos, tanto en el Congreso como en el Consejo de la Magistratura, y con ese recurso lograron mantenerse en sus cargos ya excedida la edad, y conseguir el acuerdo con posterioridad. Pero en ninguno de ellos hubo un pronunciamiento de la Corte que haya dado la cuestión por saldada. Por eso este caso, con las características que tiene, no cuenta ningún antecedente y dará pie (eventualmente) a una nueva jurisprudencia.

El siguiente nivel: De manera subyacente a toda esta discusión, o acaso como el sustrato de la verdadera partida que se está jugando, hay dos expedientes que tienen que ver con la suerte de Cristina Kirchner. El 19 de septiembre pasado, tras la salida de esa jueza y tras un año de deliberaciones, los jueces de la Sala I de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone firmaron dos fallos que revocaron por arbitrarias las decisiones de dos tribunales que en 2021 habían resuelto el sobreseimiento de CFK y el resto de los involucrados en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. Casación dijo que los juicios debían llevarse adelante. Las apelaciones contra esos dos fallos vencerán el martes de la semana próxima. Y el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, ya dijo públicamente que no podían haber salido solo dos firmas. Figueroa había hecho sus votos antes de irse pero no se incluyeron porque ya no era más magistrada.

"No existe jurídicamente hablando ningún conflicto entre poderes. Si la CSJ invalida judicialmente leyes del Congreso también puede invalidar administrativamente un acuerdo del Senado".

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista

Con el reglamento en la mano

A la aprobación del pliego de Figueroa que en la víspera sancionó el Senado le falta todavía un paso formal: la firma del decreto de designación por parte del presidente, Alberto Fernández.

Una vez ocurrido ésto, Figueroa estará en condiciones de presentarse ante el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, a prestar nuevo juramento e intentar retomar su cargo. Figueroa fue, hasta su cesantía por la Corte Suprema, la presidenta de la Casación. De modo que en ese momento coexistirán, por un lado, una decisión de la Corte Suprema que la cesó en el cargo desde el día que cumplió 75 años de edad y, por el otro, una nueva designación con intervención del Senado y del Poder Ejecutivo.

Los tres poderes de la Constitución quedarán involucrados en un tironeo en el que, según el propio texto de la Carta Magna, ninguno tiene supremacía sobre el otro. Sea cual fuere la decisión de Borinsky, por una u otra vía la situación terminará judicializada.

En ese sentido, el antecedente más parecido es el de los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes – ante una decisión del Consejo de la Magistratura para que regresaran a los tribunales orales desde los que habían sido trasladados por decreto del ex presidente Mauricio Macri- presentaron amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Cuando obtuvieron fallos desfavorables para sus pretensiones de continuidad, la Corte aplicó el per saltum y dictó una resolución que coincidió en que no debían permanecer en esos cargos pero les avaló la continuidad hasta tanto se designaran a sus reemplazantes definitivos. Cosa que aún no sucedió.