La Justicia toma medidas para que la causa Cuadernos no demore “años”

Luego de que la Justicia Federal diera inicio al juicio oral de la denominada “Causa Cuadernos”, por presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, y que tiene entre los acusados a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una serie de datos del expediente impactaron por su magnitud, pero a la vez dispararon alarmas.

Con más de 300 hechos de presunta corrupción a examinar, 87 imputados (22 ex funcionarios y 65 empresarios) y la declaración prevista de unos 400 testigos, se trata del proceso más extenso alguna vez llegado al fuero federal.

La previsión de que, en las condiciones establecidas, podría durar varios años, generó expresiones de preocupación en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, y una decisión de la Cámara Federal de Casación para acelerar los tiempos.

Esto sobre todo ante el hecho de que el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dispuso la realización de una audiencia semanal, y de manera mixta presencial-virtual. Una modalidad que dio lugar a situaciones extravagantes, como que uno de los imputados apareciese en su cama y en pijama. Pero sobre todo, que amenaza con dilatar los tiempos.

Convocatoria

Frente a esto, la Cámara Federal de Casación Penal convocó para el martes próximo a los jueces del TOF 7 para definir la organización del juicio. La decisión fue adoptada por Casación en el Acuerdo de Superintendencia celebrado este martes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

Según la resolución, el objetivo es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”.

Casación entiende que lo más conveniente sería al menos tres veces por semana y de manera presencial en una sala de audiencias en Comodoro Py, que podría ser la denominada sala AMIA remodelada.

Cuestión de espacios

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología. Entre ellos, la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio.

En esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio; el organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas.

En tanto, el consejero Alberto Maques envió una nota al Tribunal para sugerir que las audiencias se realicen de manera presencial y con jornada completa de trabajo, a fin de evitar dilaciones y fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.

En esa línea, recordó que incluso la Corte Suprema advirtió que, bajo el actual esquema de audiencias virtuales y esporádicas, el proceso podría extenderse más de cinco años. “La justicia tardía no es justicia. Cada dilación erosiona la legitimidad del sistema y amplía la distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial”, señaló Maques en su nota.

Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.

De qué se trata

La causa le debe su nombre a los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los detalles de estos cuadernos fueron revelados en agosto de 2018 por el periodista de La Nación Diego Cabot, que aportó esos materiales a la Justicia antes de su publicación.

Fernández de Kirchner es investigada como jefa de la asociación ilícita. Hay 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración. Y las defensas de 47 empresarios y 4 ex funcionarios presentaron propuestas de “reparación integral”, pero la Justicia las rechazó.

Entre los ex funcionarios figuran las primeras, segundas y terceras líneas del Ministerio de Planificación Federal: el ex ministro Julio De Vido; el mencionado Baratta; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José López; y el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos Rafel Llorens.

De Vido, Baratta, Jaime, Wagner y Ernesto Clarens (de la financiera Inverness SA) están acusados como organizadores de la asociación. Todos los demás ex funcionarios acusados son considerados miembros de la asociación ilícita.

En la mayoría de los casos, los ex funcionarios están acusados por cohechos pasivos, y los empresarios y directivos de compañías, por cohechos activos. Ambos delitos tienen una pena que va de 1 a 6 años de prisión.

La ex presidenta ya tiene una condena firme a 6 años de prisión en la causa Vialidad y actualmente cumple la pena en su domicilio.