La Justicia entrerriana frena el country sobre el túnel en Paraná

Benito Geist - economia@ellitoral.com

La Cámara de Apelaciones de Paraná confirmó la medida cautelar que impide a Sergio Lifchitz seguir adelante con las obras en el barrio privado sobre la cabecera entrerriana del túnel subfluvial, hasta tanto se resuelva si es constitucional un decreto del ex gobernador Jorge Busti.

En 2003 el ex gobernador Sergio Montiel inició acciones legales de la provincia contra la Municipalidad de Paraná y Lifschitz para reivindicar la propiedad del terreno, que eran bajos antes de que se construyera el túnel y quedaron alteados por el dragado para proteger la obra.

El decreto 7560 de Busti está también firmado por Sergio Urribarri, por entonces ministro de Gobierno. Allí el mandatario desistió de la acción provincial para recuperar el terreno que había sido afectado al túnel.

Dos ciudadanas entrerrianas, Irma Rosanna Barriento y María Guadalupe González, iniciaron entonces una demanda por inconstitucionalidad contra el decreto 7560/06. Eran usuarias del balneario público que funcionaba en los arenales sobre el túnel. Argumentan que al desistir Busti de la propiedad pública provincial, impide los derechos ciudadanos y discrimina a favor de un particular, generando una “gravísima desigualdad”.

El juez de primera instancia no legitimó a las actoras. Pero tras la apelación, la Cámara tomó el expediente y ordenó la cautelar que impide seguir adelante al emprendimiento “Amarras del Sol”.

El gobierno de Entre Ríos -ya con Urribarri como gobernador- y Lifschitz apelaron la cautelar. Por segunda vez la Sala Segunda con competencia civil y comercial de la Cámara de Apelaciones 3 de Paraná, desestimó el pedido.

Los jueces María Valentina Ramírez Amable y Roberto Croux confirmaron la medida cautelar que ordena no innovar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: si el decreto de Busti es constitucional o no. El caso llegaría así al Superior Tribunal de Justicia (la Corte entrerriana), hoy integrada entre otros por la doctora Caludia Mizawak, la fiscal de estado que fundamentó el polémico decreto.

Los magistrados ordenaron costas a cargo de Lifschitz y de la provincia de Entre Ríos en esta instancia. En el expediente de fondo, las actoras hacen reserva para interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.