El kirchnerismo pierde "poder de veto" en la designación de candidatos a jueces federales

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmando al senador Luis Juez (PRO) como representante del Senado nacional en el Consejo de la Magistratura, operó como la clausura de una intensa disputa que se inició cuando el kirchnerismo dividió su bloque en el cuerpo parlamentario, para tener así tanto al representante de la mayoría como al de la primera minoría.

Pero más allá de la reivindicación de los reclamos del legislador cordobés, constituye una pieza central en la reconfiguración de la composición del organismo encargado de seleccionar postulantes a jueces federales, así como de removerlos: a partir de ahora, el kirchnerismo quedará en minoría y dejará de tener "poder de veto" para bloquear cualquier decisión con la que no estén de acuerdo. Esto en razón de que, además del cargo disputado y perdido, también dejará de tener el otorgado al representante del Poder Ejecutivo, que ahora quedará en manos de quien vaya a designar el presidente Javier Milei.

Una historia ajetreada

El Consejo de la Magistratura es una creación de la reforma constitucional de 1994 y formó parte de las condiciones que impuso Raúl Alfonsín a Carlos Menem para habilitarle la reelección (junto con otras como la elección por voto popular de los senadores nacionales y la incorporación de un tercero por la oposición en cada provincia, y el estratégico "baloje" presidencial). Antes de su creación, los candidatos a jueces eran elegidos por el presidente de turno, y luego votados por el Senado. La nueva pauta implica la confección de una terna mediante concursos (como el que se desarrolló hace pocos días en la Universidad Nacional del Litoral para jueces laborales de Santa Fe), a la cual debe ceñirse el Ejecutivo para enviar los respectivos pliegos al Congreso.

La Carta Magna estableció el mandato de una representación proporcional entre los consejeros designados por diputados y senadores del oficialismo y la oposición, los jueces, los abogados y las universidades, más un representante del Poder Ejecutivo de turno. Pero no fijó los parámetros de esa proporcionalidad, y los dejó librados a una ley, que recién se sancionó a fines de 1997. Esa norma, la ley 24.937, fijó una composición de 20 consejeros, y la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia.

En 2006, mediante la ley 26.080, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner como senadora y con la resistencia de todo el arco opositor, se modificó la composición del Consejo y se redujo su número de miembros de 20 a 13. Los jueces pasaron de 4 a 3, los legisladores de 8 a 6, los representantes de los abogados de 4 a 2 y se mantuvo en una plaza el Ejecutivo y el ámbito académico. El resultado fue aumentar el peso del sector político en el organismo, y dentro de él, el del oficialismo, que de esta manera quedó con número suficiente para tener "poder de veto".

En 2013 el kircherismo quiso ir aún más allá e impulsó una nueva reforma, para que los miembros del Consejo (jueces incluidos) sean elegidos por voto popular. Esa modificación fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y nunca llegó a aplicarse.

Vuelta a los orígenes

Mientras tanto, se canalizaron trámites contra la reforma de 2006, iniciados por distintos actores e instituciones. A fines de 2021, la Corte Suprema de Justicia sacudió el tablero político e institucional y sentenció que aquella reforma, que sí había entrado en vigencia y reconfigurado la composición del Consejo, había sido inconstitucional. Y otorgó al Congreso un plazo de seis meses para que dicte una nueva ley, que respete la proporcionalidad exigida por la Constitución. Si eso no ocurría, se volvía a la composición original, recuperando la vigencia de la ley de 1997. No ocurrió, de modo que la Magistratura volvió al plantel de veinte consejeros presididos por el titular de la Corte, para el caso Horacio Rosatti. O debería haber vuelto, ya que una nueva ronda de pujas políticas judicializadas determinó que hasta principios de diciembre de este año una de las bancas del Senado, la que ahora ocupará Luis Juez, permaneciese vacía.

En noviembre de 2022, la Corte había aceptado hacer lugar a la acción de amparo iniciada por los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni contra la decisión del Senado nacional de, después de una división del bloque oficialista, proponer como representante de la segunda minoría a Martín Doñate; además de a Mariano Recalde por la mayoría. Con los votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el fallo declaró la nulidad del decreto parlamentario 33/22 que establecía esa designación y habló de una "artimaña". Mientras el tribunal comenzaba a analizar la cuestión de fondo, a principios de este año su fallo referido a la composición del Consejo de la Magistratura fue incluido en el temario del proceso de juicio político que el gobierno de Alberto Fernández le inició a principios de 2023, como reacción a otro pronunciamiento, el referido a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. El trámite de juicio político llevó todo el año en medio de escándalos, y terminó con dictamen favorable, obtenido tras reemplazar "de apuro" a seis diputados del oficialismo que no estaban dispuestos a suscribirlo. Y con un pedido de procesamiento contra uno de sus principales impulsores, Rodolfo Tailhade, por supuestos vínculos con maniobras de espionaje ilegal. Para llevar adelante el proceso de destitución contra los magistrados, ese dictamen requiere ser aprobado por el plenario de la Cámara de Diputados, cosa que no sería posible con la composición del cuerpo, ni está en el ánimo del nuevo gobierno.

Cambiando el tablero

La Corte Suprema resolvió el 7 de diciembre que el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez sea el integrante número 20 del Consejo de la Magistratura, y así lo ordenó al Senado; aunque paradójicamente esa orden ya no deberá ser cumplida por Cristina Fernández, sino por Victoria Villarruel.

Esto por entender que la división del bloque oficialista "no había obedecido a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de constituir de modo ficticio, a través de una artimaña o artificio, un bloque como segunda minoría con el fin de ocupar en el Consejo de la Magistratura un lugar que no le correspondía, desplazando de modo ilegítimo al bloque que reunía dicha condición", sostiene el fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

Juez tendrá un mandato por cuatro años, pero en otra paradoja, la manera en que resulte la nueva composición de los bloques del Senado podría llevar a discutir si la banca le sigue correspondiendo, o puede ser reclamada por otra fuerza o alianza política.

En tanto, en el Poder Judicial confían en que el "desbloqueo" producido permitirá acelerar designaciones y cobertura de vacantes, uno de los reclamos que llevó la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales a la reunión con Rosatti y Ricardo Lorenzetti del pasado miércoles 6. Es el 28 por ciento de los cargos de magistrados en todo el país, según el último relevamiento del Consejo de la Magistratura. Rosatti y Agustina Díaz Cordero (vicepresidente del organismo) explicaron que el Consejo trabaja en un proyecto para hacer concursos de jueces anticipados. Y que el compromiso es aprobarlo antes de fin de año.

Composición

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció al senador Luis Juez como consejero de la Magistratura le devolvió al cuerpo su conformación original de 20 integrantes: el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, cuatro jueces (dos de la lista Bordó, uno de Compromiso Judicial y uno de la Lista Celeste), ocho legisladores (cuatro senadores, entre ellos dos peronistas, un radical y uno de Pro) y cuatro diputados (dos peronistas, un radical y uno de Pro), cuatro abogados (una de Pro, un radical, un peronista y uno cercano al ex consejero Diego Molea), dos académicos y un representante del gobierno de Milei.