"El narcotráfico es cuestión de Estado, no debe usarse para la lucha política"

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com

Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, son quienes defienden la necesidad de que los tribunales provinciales se hagan cargo de los casos de narcomenudeo y se adhiera a la ley nacional 26.052. El gobernador Miguel Lifschitz planteó el tema el pasado 1 de Mayo en su mensaje ante las cámaras legislativas. En diálogo con El Litoral, el titular de Justicia fundamentó la decisión, que espera definición en Legislatura.

- El Poder Ejecutivo pretende que Santa Fe adhiera a la desfederalización del narcomenudeo pero hubo cuestionamientos de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia (Gutiérrez y Erbetta), de la diputada Alejandra Rodenas, de fiscales federales e incluso de legisladores provinciales.

- Es obvio que el tema haya generado opiniones divergentes incluso dentro de los mismos espacios políticos. Los senadores que apoyaron la candidatura de Rodenas son los que aprobaron la ley en el Senado y así se observan divergencias dentro de cada uno de los espacios políticos.

El tema narcotráfico obliga a que se lo aborde dentro de varios parámetros: es una cuestión de Estado, no debe ser utilizada para la lucha política partidaria; tener claro que la lucha contra este flagelo puede disminuir su intensidad, su violencia, pero no lo va a eliminar. Mientras haya gente que consuma va a estar el problema. Incluso con la legalización tampoco se lo elimina, porque al hacerlo en un solo país, como en Holanda, lo que lo logra es que las organizaciones criminales usen ese espacio como portaaviones para exportar a los países donde no está legalizada. Se puede mejorar la situación pero no extinguirla; hay que dejar el pensamiento mágico que cree que con una ley se va a solucionar el problema. Más importante que la norma, es ver cómo y quién la aplica. La adhesión puede mejorar la situación, pero no extinguirla; se debe evaluar qué ha acontecido con lo realizado hasta ahora, que ha sido esperar a la Justicia federal y a las fuerzas federales que terminen o disminuyan con el flagelo, y ésto no ha ocurrido. Quien tiene la responsabilidad de gestión y dar la cara a la sociedad santafesina no puede vivir echándole la culpa al gobierno nacional y no hacer nada. Los reclamos a la Nación se deben seguir haciendo, pero algo hay que hacer desde la provincia. No somos comentaristas de la realidad, tenemos la obligación de mejorarla.

Nadie nos ha preguntado por qué no propusimos la adhesión antes y lo hacemos ahora. Ahora tenemos certeza de que en el corto plazo no se van a incrementar los juzgados federales ni las fuerzas nacionales en la provincia; recién ahora hemos podido empezar a articular con los fiscales y fuerzas federales; recién ahora hemos podido cubrir casi todos los cargos de fiscales y jueces del nuevo sistema penal, tenemos mejor organizada la policía, con laboratorios de última generación, OJO, patrulleros en cuadrantes y mejor capacitación policial con personal con dos años de formación y no seis meses como antes y se han ampliado las plazas en el Servicio Penitenciario. Todo esto hace posible que el sistema pueda soportar esta nueva carga de trabajo, en coordinación con Nación y con las estructuras casi completas de fiscales, jueces provinciales, con una policía más capacitada y equipada se puede dar una respuesta que disminuya el narcomenudeo que es la etapa de la comercialización de estupefacientes que origina mas violencia.

- ¿A qué atribuye que la Justicia federal no haya podido dar respuesta efectiva al narcotráfico?

- El problema es estructural, la Justicia Federal, fuera de la ciudad de Buenos Aires y algo en provincia de Buenos Aires no tiene relevancia en el resto del país. Hay que dejar de lado la hipocresía con este tema. Con la batalla de Pavón en 1862 el interior perdió una guerra con la ciudad de Buenos Aires. Después de 1930 se aprobó que el Impuesto a las Ganancias -el más importante como fuente de recursos provincial- se lo quedó la Nación, ergo el interior del país quedó inerme y sin recursos, esperando ver lo que se le redistribuye. La Justicia Federal es una consecuencia de esa situación, hay muy pocos juzgados. En la provincia hay aproximadamente 130.000 mil causas por año, Rosario tuvo el año pasado 161 homicidios y en lo que va del años 2018 ha habido 90 de las cuales más de 50 % están vinculados al narcomenudeo. Casi no hay homicidios por entraderas, en ocasión de robo, secuestros, la mayoría son guerras localizadas en determinados barrios entre bandas. Para dar respuestas, Rosario tiene 14 jueces penales y 70 fiscales contra dos jueces y 7 fiscales federales. Rosario tiene miles de policías y la federal unos pocos. La desproporción es abismal. Eso no ha sido sólo culpa de éste gobierno nacional, ha existido desde el siglo XIX, hay un abandono sistémico de la Nación respecto de la Justicia federal provincial, en particular la de Santa Fe. Celebro la reciente creación del Juzgado Federal de Venado Tuerto y los esfuerzos que reconozco del Presidente del Consejo de la Magistratura (Miguel Piedecasas) pero son una gota de agua, el problema excede a la voluntad de un funcionario.

- Usted dice que no se debe utilizar el tema de narcotráfico como campo de política partidaria,¿ a que se refiere?

- Mientras la Justicia provincial investigaba y perseguía a la banda de narcotraficantes “Los Monos”, algunos fiscales federales planteaban la nulidad de la investigación, interceptaban los teléfonos de los policías que investigaban a la banda y hacían caso omiso de cientos de horas de escuchas legales que la provincia les remitía en las que se hablaba de drogas. ¿Por qué hicieron eso? Saque usted la conclusión...

- ¿Muchos opinan que adherir a la desfederalización va a corromper más a la policía de Santa Fe?

- Así como hay policías corruptos a los que se sanciona e investiga, hay policías honestos. La investigación a Los Monos, la hicieron policías provinciales, la de ‘Los Funes’, la de ‘Los Cuatreros’ surgieron de la propia policía santafesina. La adhesión a la ley nos va a permitir poder controlar más a los policías corruptos, porque van a estar bajo el control de los fiscales y jueces provinciales. Hay policías corruptos en la Federal, en la Metropolitana y en el resto de las policías, incluso hay jefes de dichas fuerzas presos por tales razones. Santa Fe no tiene standard mayores de corrupción policial que los de la nación u otras provincias.

- ¿Se apunta a perseguir al consumidor?

- No. En la propuesta que en su momento armó el Ejecutivo, expresamente se excluye esta posibilidad. Incluso, eso está fijado por criterios de la Corte Suprema de Justicia. Para ellos, la respuesta es del Ministerio de Salud.

- ¿Se va a dejar de perseguir otros delitos para dedicarse al narcomenudeo?

- No, de ninguna manera. La gran mayoría de los delitos graves que investigamos, por ejemplo homicidios, ya están vinculados al narcomenudeo y si hay que reforzar al Ministerio de Acusación, se hará. Hemos designado muchos jueces y fiscales en la actual gestión.

- ¿Por qué ha dicho que la forma en que se hará la implementación en Santa Fe, difiere de las experiencias del resto del país?

- Hay tres experiencias que se toman en cuenta. La de Salta que es una provincia con una geografía y problemática muy diferente a la nuestra; la de la provincia de Buenos Aires que no fue buena, con un sistema procesal penal mixto que no les ha dado buen resultado, una provincia enorme inmanejable, con una policía desarticulada en esa gran extensión, municipalizada en muchos casos -tampoco es la situación de Santa Fe- y la experiencia de Córdoba que ha sido aceptable, con un resultado razonablemente bueno, que es la más parecida a nuestra provincia. La idea es que se realice una aplicación de la ley de manera progresiva, planificada. Esto significa evaluar cantidad y calidad de fiscales y policías que se pueden afectar, analizar cómo se va a coordinar una política de persecución criminal común con los fiscales federales y las fuerzas de seguridad nacional, y a partir de allí ir ampliando su aplicación en la medida que se vayan observando los resultados obtenidos. La idea es trabajar el lavado de dinero obtenido con el delito de narcomenudeo, que es una experiencia inédita en el país; seguir la ruta del dinero, también trabajando de manera conjunta con la UIF nacional. Se pretende fortalecer al Ministerio Público de Acusación, dotarlo de mayor inteligencia para la persecución criminal. Hoy se está digitalizando el Registro Civil, el de la Propiedad, la Inspección General de Personas Jurídicas, API, Lotería, Catastro. Esto nos da un cúmulo de información que sumada a la de UIF nos permitirá perseguir al narcotráfico de manera más eficiente y coordinada.

¿Usted ha objetado a la Justicia federal provincial?

- De ninguna manera, siempre me referí a casos puntuales de algunos fiscales y jueces, pero la Cámara Federal de Rosario, tribunales orales y la gran mayoría de sus cuadros y fiscales tienen compromiso con su trabajo. Ellos mismos han dicho que no tienen recursos para afrontar una competencia que año tras año se la amplían y se incrementa su trabajo y no se los dota de recursos mínimos para trabajar. Hasta hace poco el único espectómetro que tenían para verificar la existencia de droga estaba roto; no tienen laboratorios propios; no tienen alcaidía para detenidos; en Rosario son dos jueces y siete fiscales, ¿qué pueden hacer frente a la gravedad del problema.

- ¿Qué le ha pedido al gobierno nacional?

- En el mediano plazo dos juzgados más para Rosario, un tribunal oral y una Cámara para la ciudad de Santa Fe y algunos fiscales más. Pero en el corto plazo aunque más no sea diez empleados y tres secretarios para Rosario adscriptos al Procunar que trabajean con los fiscales provinciales.

Entiendo que Legislatura va a considerar el tema. Aportaremos nuestros puntos de vista y todos los aportes superadores serán bienvenidos. No estamos con un problema de narcisismo; lo importante es que le solucionemos el problema a la gente”. Ricardo Silberstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Jornada

El miércoles venidero, desde las 15, en el hall de la Legislatura, la Cámara de Diputados realizará una jornada bajo el título ‘Narcomenudeo: Nación o provincia’. La apertura estará a cargo del presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, y de la autora del proyecto para la realización, Alicia Gutiérrez (SI). Luego expondrán el fiscal general, Jorge Baclini; la defensora general, Jaquelina Balangione; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial -zona sur- Gustavo Salvador, y el director del área de política de drogas de la ONG Asociación Pensamiento Penal, Mariano Fusero.

“Mientras la Justicia provincial investigaba y perseguía a la banda de narcotraficantes ‘Los Monos’, algunos fiscales federales planteaban la nulidad de la investigación, interceptaban los teléfonos de los policías que investigaban a la banda y hacían caso omiso de cientos de horas de escuchas legales”.

“La gran mayoría de los delitos graves que investigamos, por ejemplo homicidios, ya están vinculados al narcomenudeo y si hay que reforzar al Ministerio de Acusación, se hará. Hemos designado muchos jueces y fiscales en la actual gestión”.