Protocolo antipiquete: el gobierno traslada el costo de su aplicación a las organizaciones

Sesenta millones de pesos asegura el gobierno nacional que costó el operativo de las fuerzas de seguridad desplegado el 20 de diciembre para hacer efectivo el protocolo antipiquete diseñado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esa será "la factura que le pasaremos a las organizaciones", afirmó este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

A esa misma hora, nuevas manifestaciones se realizaban en Capital Federal, en tanto se anuncia para el miércoles de la próxima semana una marcha organizada por la CGT.

Mientras tanto, Adorni anticipó algunos detalles de la evaluación que hizo la cartera de Seguridad sorbe la manifestación convocada el miércoles por organizaciones de izquierda para conmemorar los 22 años del diciembre trágico en que murieron 39 personas en todo el país.

Ese mismo día debutó el protocolo de orden público "antipiquete" para evitar marchas sobre la vía pública e impedir interrupciones en la circulación vehicular.

Ese mismo día se habilitó una línea telefónica, la 134, para que beneficiarios de planes sociales tengan ocasión de denunciar aprietes o extorsiones destinadas a asegurar su participación en la marcha.

De acuerdo a lo expresado por Adorni, se recibieron 16.150 llamadas, "de las cuales hay 1200 encuadradas dentro de la tipología de extorsión" y "defraudación al estado", al tiempo que aseguró que ya se hicieron las denuncias en tribunales federales.

"Hay 32 personas denunciadas en la línea 134", con nombre y apellido, y detalle de la organización a la que pertenece, amplió Adorni.

En ese marco, adelantó que el costo estimado del operativo para aplicar el protocolo de Seguridad fue de 60 millones que correrá por cuenta de las organizaciones: 14 fueron las que se identificaron durante esa jornada y el vocero las nombró una por una.

La resolución

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 949/2023 firmada por Bullrich que habilita a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Prefectura Naval Argentina y al Servicio Penitenciario Federal a determinar "los gastos en los que hayan incurrido a causa de los Operativos de Seguridad Federales" llevados a cabo en el marco de la aplicación del protocolo.

Esos costos deben incluir horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron; el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos y otros costos en los que se hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.

"Todo ello sin perjuicio de los costos de curación de los efectivos que resultares heridos, independientemente de las demandas individuales por daño físico y perjuicio moral", agrega.