Reclamo en la Legislatura por la actuación de tres fiscales en la causa "Las Mercedes"

En efecto, el profesional sostiene que "he realizado una denuncia por faltas graves cometidas por las fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación Mariela Giménez, Bárbara Ilera y Laura Urquiza, en ocasión del trámite de la causa conocida como Las Mercedes de Recreo SA".

Por ese motivo, "he pedido el avocamiento de la Comisión Bicameral de Acuerdos y he solicitado que durante el trámite legislativo, se ordene el apartamiento de las fiscales mencionadas y que la causa siga adelante con otros fiscales".

Fundamenta en el escrito presentado que "tanto mis hijos, CPN Ovidio Mario López y Ecno. Edgar Ariel López, como el compareciente hemos agotado la instancia administrativa, recurriendo ante la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la que el 15 de octubre de 2021 dictó una resolución que textualmente dice que las cuestiones planteadas por los denunciantes 'quedan fuera del ámbito de incumbencia de esta Auditoría, ya que de lo contrario se podría estar interfiriendo con los controles jerárquicos institucionales o con los controles adversariales antes referidos' ".

López subraya que la Comisión Bicameral "es la última instancia que me queda para que alguien me escuche" porque "ya lo he intentado todo".

Recuerda que "todo se inicia con una denuncia penal impetrada por el Sr. José Manuel Ruiz Moreno contra los integrantes de una familia de apellido Pirera, la cual dio origen a un expediente conocido públicamente como la causa Las Mercedes de Recreo S.A. Nos enteramos de la existencia de esta presentación el día 13 de noviembre de 2020, cuando las tropas del organismo de investigación comandadas por la fiscal Bárbara llera cerró con patrulleros policiales las bocacalles de la arteria San Jerónimo, esquina Moreno y de San Martín de esta ciudad".

Luego realiza un extenso recuento de hechos, entre los que se cuentan lo que consideran excesos por parte de las representantes del MPA. Y así llega al 6 de agosto de 2021, cuando "la mediática Bárbara Ilera, acompañada de periodistas y camarógrafos, no habiendo amanecido aún, se produjeron siete allanamientos simultáneos, brutales y perversos en mi domicilio particular, los domicilios de mis hijos, la escribanía, el estudio jurídico de nuestro abogado defensor y hasta el domicilio particular de uno de nuestros abogados. Semejante despliegue sugeriría un tráfico de drogas, trata de personas, o algún otro motivo de similar gravedad, pero no, ¿qué buscaban las fiscales? ¡Papeles! Algo que les permitiera sostener su absurda idea de la asociación ilícita y responsabilidad de profesionales honestos, que solo habían brindado sus servicios profesionales". Señala luego "la ilegalidad e irracionalidad de los procedimientos de allanamientos y detención de profesionales (abogados, contadores y escribanos), habida cuenta de que ellos no disputan la titularidad de las acciones ni de los lotes. No son parte del conflicto de naturaleza civil. Y, además, esos procedimientos fueron brutales y violaron expresamente los derechos a la privacidad, a la intimidad, a la protección de los niños menores y cuantos derechos constitucionales y humanos se les ocurran. Y no pretendan echar culpas sobre los agentes del organismo de investigación o las tropas de apoyo, porque la fiscal Bárbara llera comandaba los operativos personalmente o con teléfono en mano".

En otro tramo de su presentación, López expresa "el profundo orgullo que tengo por mis hijos. ¿Y saben por qué? Porque a través de nuestros abogados, el MPA nos ofreció lo que llaman 'juicio abreviado', con condena en suspenso, y mis hijos dijeron que no. Porque nadie debe arrepentirse de un crimen que no cometió y porque asumieron la defensa genérica de futuros profesionales (abogados, contadores y escribanos) para evitarles ser víctimas de una maniobra extorsiva. Parece que hay un grupo de colegas abogados que negocian esta solución con quienes pueden pagar. Por eso, al decir de Roberto Büsser, las cárceles están llenas de Juanes y Ramones que son los que no tienen dinero".

Finalmente expresa que "mis hijos y yo (y toda mi familia por cierto) hemos sido víctimas del quehacer de las fiscales mencionadas, a las que no he dudado en calificar de soberbias, brutales y perversas, que nos han ocasionado un daño inconmensurable. Setenta años de trayectoria de los López en esta ciudad, atropellados y dañados por un accionar que no dudo en calificar de mezcla de mala intención con ignorancia. Me quedan cuestiones que me lastiman porque no las puedo probar. Una es el oscurantismo del Organismo de Control. Mi profesor de Derecho Penal, Dr. Jaime Pratt Cardona, definía con esa licencia literaria al encubrimiento. Y más duele porque tiene la apariencia de encubrimiento corporativo".

Para el MPA: "La maniobra está clara"

El Litoral intentó tomar contacto con las fiscales mencionadas en el escrito de Edgar López, hecho que no se concretó. Sin embargo, una fuente vinculada al Ministerio Público de la Acusación brindó algunos detalles sobre la marcha de la causa "Las Mercedes de Recreo SA" y hasta interpretó lo que son algunas de las imputaciones del escrito.

Señaló la fuente que "la investigación sigue su curso y, en los próximos días, habría una ampliación de indagatoria para tres de los imputados. El odontólogo Oscar Antonio Pirera, su hermana y el comerciante Luis Giraldez.

"Hay una fuerte convicción de que se está ante una monumental maniobra fraudulenta y el reto de los fiscales es poder transmitir en las audiencias la profunda investigación que se llevó a cabo. Se cruzó información sobre una gran cantidad de escrituras que se superponían en algunos casos con boletos de compraventa o que directamente carecían de algunos datos formales claves para que estén conformadas correctamente las escrituras", expresó el informante a El Litoral.

Agregó que "esos datos, investigado un pequeño porcentaje del total, arroja en una tasación oficial y no sobre los valores consignados, que la maniobra superaría el millón de dólares. Solamente es ese pequeño grupo" y que se detectó lo que los investigadores llamaron un "descalabro judicial", por lo que para el MPA, "la maniobra está clara".

Sobre los allanamientos, la fuente consultada por El Litoral expresó que "personalmente, me llama la atención. Generalmente se trabaja con personal de civil y, en algunos casos, se suma personal de la Agencia de Investigación Criminal. Pero todo se hace ajustado a Derecho y, en los casos en los que hay una escribanía allanada, participa un veedor del Colegio, quien también será un testigo".

Además señaló que "hay una imputativa que no ha sido invalidada" y que se dieron las garantías del caso.