Reclamo policial: apelan la decisión del juez federal que se declaró incompetente

El fiscal federal Walter Rodríguez, de la ciudad de Santa Fe, apeló la decisión del juez Reinaldo Rodríguez de declararse incompetente en la causa donde se investiga el posible delito de sedición cometido por la policía de esa provincia en diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, la policía provincial -replicando lo que ocurría simultáneamente en otras provincias- llevó adelante una serie de medidas de fuerza en busca de mejoras en sus condiciones laborales, poniendo en jaque la seguridad de toda la población.

El juez interviniente consideró que la investigación del presunto delito debe llevarse adelante en la justicia provincial dado que la medida fue protagonizada por policías provinciales.

En su apelación, Walter Rodríguez consideró que el juez no tuvo en cuenta dos argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal. Uno de ellos se centra en que la situación que se investiga tuvo lugar en casi todo el territorio nacional, generando una situación de gravedad que excedió los límites provinciales, “afectando así intereses nacionales”. Un punto que, a su entender, da sustento a esto es la solicitud que en su momento hiciera el Gobernador de esa provincia de que se constituya un Comité de Crisis, con base en la ley 24.059 de Seguridad Interior.

Ese Comité -según se cita en la apelación- fue claro al dar carácter federal a los hechos investigados, en tanto “la conmoción pública no se produjo sólo en una ciudad o en dos o en tres capitales, la situación de zozobra y alteración de la paz interior se vivió en toda la Nación”.

El fiscal remarcó que el Preámbulo de nuestra Constitución manda a “consolidar la paz interior”, disposición que se trata de una norma con plena obligatoriedad y operatividad para sus destinatarios, en especial para los poderes públicos.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público destacó que el juez no se expidió respecto del pedido de que cesara la intervención de la justicia local sobre las amenazas telefónicas sufridas por el Gobernador, Antonio Bonfatti, ‘en tanto se superpone parcialmente con lo que en esta causa se investiga‘.

En este sentido, el fiscal destacó que este recurso de ningún modo implica un intento del Ministerio Público de demorar la investigación y que el juez debería responder el pedido de prueba de la defensa y acceder a los pedidos de indagatoria formulados por ambas partes.

Fuente: Fiscales.gob.ar