Registro Automotor: el Gobierno anunció cambios en los trámites y un nuevo sistema de aranceles

El sistema de los Registros del Automotor comenzó una nueva etapa de transformación en Argentina. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia puso en marcha un plan de reforma que apunta a digitalizar los trámites, reorganizar el funcionamiento de los registros y modificar la forma en que se calculan los aranceles.

El objetivo, según el Gobierno nacional, es avanzar hacia un modelo más simple, moderno y accesible para los ciudadanos.

Un plan para transformar el Registro Automotor

La principal medida quedó plasmada en la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. La iniciativa busca profundizar el proceso de modernización que comenzó en 2024 y que tiene como eje la digitalización de los trámites vinculados a los vehículos.

Desde la cartera de Justicia sostienen que durante décadas el sistema registral fue acumulando una gran cantidad de trámites, formularios, procedimientos y requisitos que terminaron convirtiéndose en un esquema complejo tanto para los usuarios como para la propia administración. Esa situación, explican, incrementó los tiempos de gestión y los costos administrativos.

Según los fundamentos de la resolución, el nuevo plan pretende simplificar esos procesos mediante el uso de herramientas digitales, eliminando trámites innecesarios y favoreciendo una atención más ágil.

La reforma se apoya en distintas medidas adoptadas durante los últimos dos años. Entre ellas aparecen la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA), la eliminación de los límites territoriales que obligaban a realizar los trámites en un registro determinado y la puesta en funcionamiento del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y del Registro Único Virtual (RUV), que permiten avanzar hacia una gestión remota de diversos procedimientos.

El Gobierno considera que esas herramientas tecnológicas ya ofrecen condiciones suficientes de seguridad para continuar con la digitalización del sistema y, por ese motivo, entiende que también es necesario reorganizar la estructura física de los Registros Seccionales.

La resolución señala que el nuevo plan se desarrollará sobre tres ejes principales: la transformación digital del sistema registral, la evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo modelo de funcionamiento.

Además, se aclara que estas etapas no necesariamente deberán implementarse una después de la otra, sino que podrán avanzar de manera simultánea según las necesidades técnicas y operativas de cada momento.

Otro de los objetivos planteados consiste en reducir progresivamente la dependencia del papel. Para ello, el Ministerio propone digitalizar el archivo documental existente para que los antecedentes registrales puedan consultarse de manera remota y formar parte de un sistema completamente digital.

Como parte de la implementación del plan, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá presentar en un plazo de 30 días un cronograma con las distintas etapas de ejecución, mientras que la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana será la autoridad encargada de supervisar el proceso.

Nuevo sistema de aranceles y qué cambia para los usuarios

Junto con la reorganización del sistema, el Ministerio de Justicia también aprobó un nuevo mecanismo para calcular los aranceles de los trámites registrales mediante la Resolución 308/2026.

La principal novedad es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá como referencia para determinar el valor de los distintos trámites que se realizan en los registros automotores.

Hasta ahora, el régimen contemplaba más de cien trámites con valores diferentes y mecanismos de cálculo particulares, lo que, según el Ministerio, dificultaba la administración del sistema. Con el nuevo esquema se busca unificar esos criterios y simplificar la determinación de los costos.

La resolución establece que el MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice que publica el Banco Central. Ese valor se actualizará automáticamente cada cuatro meses siguiendo la evolución de la UVA, con un sistema de redondeo para facilitar su aplicación.

Además, la Dirección Nacional contará con un plazo de veinte días para definir cómo se asignarán estos módulos a cada uno de los trámites registrales. Recién entonces se conocerá cuántos MRPA corresponderán a cada gestión específica.

La resolución también modifica el mecanismo mediante el cual se calculan las remuneraciones de los encargados de los Registros Seccionales, incorporando el nuevo módulo como referencia para determinar distintos conceptos económicos vinculados con la prestación del servicio.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la implementación del nuevo sistema no implica un costo adicional para los usuarios, ya que el objetivo es ordenar y simplificar la estructura arancelaria vigente, sin generar una carga económica extra para quienes realizan trámites registrales.

La resolución dispone que la creación del MRPA y la elaboración del nuevo sistema de módulos entraron en vigencia al día siguiente de su dictado, mientras que el resto de las modificaciones comenzarán a regir desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Con estas dos medidas, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema registral con mayor protagonismo de las herramientas digitales, menos trámites presenciales y una estructura administrativa más simple.

La implementación será gradual y requerirá nuevas reglamentaciones para definir cómo funcionarán en la práctica tanto la reorganización de los registros como el nuevo esquema de aranceles. Mientras tanto, quienes deban realizar trámites en el Registro Automotor continuarán utilizando el sistema vigente hasta que cada una de las etapas del plan entre formalmente en funcionamiento.