Discapacidad: la cuestionada resolución mantiene las auditorías sobre pensiones y hay incertidumbre

La Resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desató una fuerte polémica por el uso de terminología obsoleta y ofensiva. Palabras como "idiota", "imbécil" y "débil mental" fueron empleadas para clasificar grados de discapacidad intelectual, desatando indignación entre organizaciones y especialistas. Pese a que el organismo anunció que hará cambios en base a estándares médicos vigentes, ratificó el proceso de evaluación de las pensiones por invalidez bajo los mismos criterios, lo que mantiene la incertidumbre en las personas con discapacidad y todo su entorno.

"Leer la resolución generó gran angustia", expresó la abogada Mariela Peña, presidenta de la Asociación Incluíme Santa Fe. "Que un órgano de gobierno que debe defender los derechos de las personas con discapacidad escriba una resolución con esas denominaciones es indignante", afirmó en diálogo con El Litoral.

Según Peña, el problema va más allá de la terminología. "Es un gobierno que está pensando políticas públicas de forma inadecuada. Esto no es un error de una persona que escribió mal (N. de la R: fue desplazada del cargo Miriam Améndola), sino que pasó por muchas manos dentro de la ANDis antes de su publicación y nadie lo advirtió", remarcó.

Acciones provinciales para el acompañamiento

Si bien el proceso es de competencia nacional, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se realizaron acciones tendientes a la asistencia para quienes necesiten cumplir con la auditoría.

"Estamos acompañando y orientando a todos aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas nacionales, que están siendo auditadas, para que puedan cumplir con ese proceso y evitar que sean dadas de baja si no corresponde", señalaron a este medio desde la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia.

Además, detallaron que se está trabajando en conjunto con municipios y comunas para garantizar una respuesta uniforme. "Hicimos llegar a todas las localidades un instructivo con los pasos a seguir para asesorar a las personas afectadas, desde la recepción de la Carta Documento hasta la presentación de la documentación requerida", indicaron.

También explicaron que han habilitado un formulario online para registrar casos en los que los beneficiarios enfrenten dificultades para completar el trámite. "El objetivo es coordinar apoyos y canalizar las consultas con ANDis en caso de ser necesario", precisaron.

Auditorías: procedimiento incierto

Más allá del malestar que produjo el lenguaje utilizado, la mayor preocupación de las asociaciones radica en que la ANDis ratificó la continuidad de la auditoría de pensiones por invalidez. "El anuncio de que se cambiarán los términos no implica que se haya derogado el trámite", advirtió Peña.

El proceso de revisión sigue vigente. Y pese a que el gobierno anunció la corrección de la clasificación, recalcó que el baremo y los criterios de la resolución se mantendrán. "Las palabras son la punta del iceberg. Si los evaluadores van a auditar a las personas bajo esa mirada, ¿qué certeza jurídica van a tener las personas con discapacidad?", planteó la letrada.

Buscando aportar claridad, Peña explicó el paso a paso del procedimiento. Las personas citadas deben presentarse al turno en el lugar y el horario asignado con su certificado de discapacidad, historia clínica actualizada y estudios médicos que avalen la patología por la cual tiene la pensión. Además, recomendó exigir una constancia de asistencia y remitirla a la ANDis por el sistema de Trámite a Distancia (usado en época de Covid-19), presentarla en la sede más cercana de ANSES o enviarla por correo postal a ANDis. "Recién con eso se completa la primera etapa de la auditoría", señaló.

Dificultades en la documentación

Uno de los problemas más graves que advirtió la presidenta de la Asociación Incluíme es la dificultad para acceder a la documentación requerida para presentar en la auditoría en los tiempos estipulados. "La mayoría de las personas que cobran pensión no tiene cobertura de salud paga y depende del sistema público. Sabemos que es difícil conseguir una evaluación en pocos días en los hospitales".

A los beneficiarios les fueron enviadas cartas documento con citación entre el 15 y el 30 de marzo. "Para esa fecha, las personas deben tener todos los estudios completos. Si no pueden justificar su pensión, podrían perder el beneficio automáticamente", alertó Peña.

Otro de los obstáculos detectados en la implementación del sistema de auditoría es la falta de conocimiento de los médicos sobre el baremo a utilizar. "Los especialistas que trabajan en invalidez conocen los parámetros, pero no necesariamente todos los médicos. Puede ocurrir que el médico que atiende en el centro de salud barrial al que asisten periódicamente las personas no lo sepan".

Esta situación despierta incertidumbre en las familias y podría colocar a los médicos en una situación incómoda. "Si no saben cómo proceder o qué parámetros utilizar, es ingrato para ellos también. Todo esto aumenta más la desconfianza en el proceso", advirtió Peña.

Criterio de medición cuestionado

El otro punto que preocupa a las organizaciones es el criterio utilizado para determinar la invalidez. "Se ratificó que se seguirá aplicando la lógica de que hay que superar el 76% de discapacidad para recibir la pensión. Pero la discapacidad no se mide en porcentaje, eso es un error técnico", sostuvo Peña.

"Qué diferencia hay entre alguien con 76% que cobra la pensión y otro con 75% que no. ¿La vida de esa persona vale menos por un punto de diferencia?", cuestionó. Según la abogada, esta metodología quedó en desuso a nivel internacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. "Parece que en la ANDis no se enteraron", criticó.

Políticas públicas de exclusión

Para la presidenta de Incluíme Santa Fe, la resolución 187 refleja una visión hegemónica y médica de la discapacidad. "Se está tarifando qué porcentaje vale una mano, un pie o la capacidad cognitiva de las personas, dejando de lado que la discapacidad no es un diagnóstico sino la suma de barreras que la sociedad impone".

"No solo existen barreras arquitectónicas, sino también sociales. El gran problema es que ahora vemos que el propio Estado es quien impone barreras desde el lenguaje y desde el derecho a la igualdad de oportunidades", agregó.

Impacto de la salida de la OMS

Otro punto que Peña consideró preocupante es la intención del gobierno de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. "Esto impacta directamente en la política de discapacidad, porque es la OMS y la ONU quienes han impulsado los cambios de paradigma en la clasificación de las patologías".

"Si en vez de debatir si seguimos en la OMS, el gobierno se hubiera preocupado por no usar términos abandonados hace 20 años, estaríamos en otra situación", enfatizó.

Pensiones y acceso

Peña abordó la situación económica de las personas que dependen de estas pensiones. "Actualmente, el monto de la pensión no contributiva por invalidez es el 72% de la jubilación mínima, lo que hoy no supera los 300.000 pesos", detalló.

"Con todos los gastos que tienen las personas con discapacidad, encima tienen que cargar con que el Estado les diga que están robando y que hay un curro. No estamos en contra de controlar, pero sin poner más barreras", sentenció.

Y en ese punto, denunció que es el propio Estado el que no cumple con la ley de cupo laboral para personas con discapacidad. "Si lo hiciera, se hubiera evitado este papelón de la terminología ofensiva en la resolución".