Solicitan que la Corte analice la conducta de Nicolás Muse Chemes

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En la Cámara de Diputados hubo reacciones ante la solicitud del juez penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, de acogerse al beneficio jubilatorio y renunciar al cargo. Jorge Henn y Alicia Gutiérrez reclamaron que la Corte Suprema de Justicia no acepte la dimisión y avance con el jury de enjuiciamiento por la denuncia presentada el año pasado por un grupo de legisladores para que se analice esa conducta.

La denuncia contra el juez de Primera Instancia en lo Penal del distrito de Vera fue presentada por diputados a raíz de sus reiterados fallos sexistas.

La dimisión del magistrado se produjo horas antes del pedido de disculpas públicas del gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, a la joven abusada por su padre, cuyo victimario quedó absuelto a través de un fallo del magistrado. Por este caso, conocido como CER, que fue llevado ante la ONU por organizaciones de mujeres, el Estado fue obligado a resarcir a la víctima.

La presentación ante la Corte la firmaron Alicia Gutiérrez, Luis Rubeo, Inés Bertero, Verónica Benas, Silvia Augsburger y Jorge Henn. Ahora, Gutiérrez instó al máximo tribunal a continuar con el juicio político y no aceptar la dimisión a su cargo. “Consideramos que no sería correcto que la Corte aceptara la renuncia de Muse Chemes si fue presentada, porque esto le permitiría conservar sus privilegios. Es fundamental que se sustancie el juicio para lograr su destitución ya que los casos por los cuales fue acusado son gravísimos”.

La denuncia fue realizada en junio de 2017, ante la Corte Suprema de Justicia y ratificada dentro de los plazos establecidos por ley especial ante Daniel Erbetta, en ese entonces presidente del máximo tribunal. Fue impulsada debido a los numerosos casos en los que el juez de Vera absolvió a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas, minimizando las pruebas y evidencias contra los imputados y, sobre todo, responsabilizando a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales.

En el escrito, los denunciantes afirmaban: “como representantes del pueblo y siendo miembros integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, cuerpo legislativo que presta acuerdo para el nombramiento de jueces, es deber ostensible hacer conocer a la Suprema Corte de Justicia los hechos que evidencian la ignorancia manifiesta del Derecho y la carencia de aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial demostrada reiteradamente por el juez Nicolás Muse Chemes’.

Si la denuncia hubiera sido aceptada, el acusado tendría que haber sido suspendido de su cargo y habría percibido la mitad del salario mientras se tramitaba el juicio. Sin embargo, nada de ello sucedió. Asimismo, la ley prescribe que el procurador general de la Corte Suprema está obligado a formular una acusación por hechos que constituyan causales de remoción de jueces a partir de que toma conocimiento, cuestión que quedó dirimida en dicha oportunidad. Tampoco se conoció si el funcionario cumplió en tiempo legal dicha disposición.

En el escrito, los legisladores hacen mención al caso CER, por el que el Estado provincial fue conminado a resarcir los daños ocasionados a una víctima de abuso sexual, cuyo violador, su propio padre, fue dejado libre por Muse Chemes. Agrupaciones de mujeres llevaron a la ONU lo sucedido y el organismo internacional concluyó, en 2014, que el gobierno debía ejecutar una reparación, cuestión que se ha concretado recientemente y que ha incluido el pedido público de disculpas de parte del gobernador.

“Creemos que esta situación, sumada a las críticas y el repudio por parte de las organizaciones de mujeres, hizo que Muse Chemes presentara la renuncia. La disyuntiva está planteada. Lo que no puede soslayarse es el indudable daño sufrido por las víctimas. Necesitamos establecer un nuevo paradigma al interior de las personas que imparten justicia, especialmente cuando se trata de mujeres y niñas, que sea respetuoso de la perspectiva de género y que, fundamentalmente, garantice los derechos humanos”, opinó la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja.

De Henn

“Nicolás Muse Chemes no debería renunciar ni jubilarse”, afirmó Jorge Henn (UCR-FPCyS) quien puso en marcha acciones para que se haga justicia por los escandalosos fallos del juez y para evitar que se le acepte la renuncia y jubilación anticipada.

“Estamos trabajando en la reforma de la ley de enjuiciamiento de magistrados, especialmente para que el trámite deje de ser un procedimiento trabado y lento”, explicó Henn. “Hoy se requieren mecanismos que den garantías pero que sean ágiles, que no impidan llegar a la verdad y a la justicia cuando un juez ha actuado en violación de sus obligaciones y en contra lo que las leyes le imponen”. También pretende modificar una norma para que se suspendan los beneficios jubilatorios a aquellos jueces removidos de sus funciones a través de los mecanismos pertinentes a tal caso.

“Los santafesinos no podemos permitir que algunos que se hacen llamar representantes de la Justicia y tienen denuncias en trámite, se retiren tranquilamente a sus hogares disfrutando de cuantiosas jubilaciones, habiendo perjudicado a numerosas personas. Esto descarta la investigación y eventual sanción pero sobre todo mancha a un poder del Estado y defrauda a cientos de jueces que día a día están a la altura del lugar que ocupan en la sociedad”, expresó el radical.

Para Henn además “hay otro problema respecto de la transparencia del procedimiento, ya que obliga a una ‘reserva de la denuncia’ excesiva e injustificable, que llega al extremo de aplicar este secretismo, incluso cuando la denuncia la ha hecho la Procuración de la Corte”.